Temporadas de vacas flacas exigen respuestas sensatas, bien ponderadas y enfocadas en la mejora. Lo ocurrido este 16 de octubre en la Asamblea Legislativa contra el presupuesto para Cultura fue exactamente lo opuesto.
Por un “error” en la votación, la Comisión de Hacendarios recortó ¢255 millones al presupuesto ordinario del 2020 destinado al Ministerio de Cultura y Juventud, reducción ínfima en el mar de asignaciones presupuestarias, pero potencialmente desastrosa para el sector.
La diputada Shirley Díaz, del PUSC, planteó la moción para trasladar los fondos a las asociaciones de desarrollo, justificándola como medida para procurar la “reactivación económica”, y una mayoría multipartidaria la aceptó.
Aprobado “por error” en la comisión tras una votación confusa, el recorte quedó en firme. Veamos por ahora lo que esa disminución implica, justamente, en detrimento de la “reactivación económica”.
Financiamiento vital. Los ¢100 millones menos para el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), institución pequeña que estira sus fondos, afectará significativamente el quehacer institucional, dijo la directora, Ana Xóchitl Alarcón, y habrá menos apoyo para los cineastas locales.
En mayo, dos directoras hicieron historia con sus películas en competencia en el Festival de Cannes, el cual es, ante todo, un mercado. Al cierre del año, habremos estado en encuentros de industrias en Toronto, San Sebastián, Morelia e IDFA (Ámsterdam), y mercados a punto de explorarse como Francia y China. Apenas hace unas semanas, El despertar de las hormigas atrajo público a varias salas en España.
Fortalecer tal éxito depende de un delicado entramado de fuentes de financiamiento públicas y privadas, nacionales e internacionales. Seguimos sin una “ley de cine” que fomente estas inversiones, carentes de marco legal que haga atractiva la inversión en producción audiovisual local y extranjera.
No es un lujo de países “ricos” o “grandes”: Panamá otorga más de $2 millones anuales y países como República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Colombia apuestan fuerte por una industria cada vez más diversificada.
Las bases de este tipo de financiamiento y de plataformas de apoyo dependen hoy, crucialmente, del Centro de Cine, de presupuesto limitado y apenas capaz de llevar adelante estas funciones: Fondo El Fauno, Ibermedia, Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), Preámbulo... Es grave si debe sacrificarse algún eslabón en la cadena. Eso es lo que el actual recorte causaría.
Encadenamiento productivo. Producir una película equivale a gestionar una mediana empresa temporal que emplea a decenas o cientos de profesionales no solo en producción audiovisual y talento artístico.
Desde el comienzo de un proyecto hasta el estreno, el cine genera ingresos a empresas de alimentación, turismo, transporte, alquiler, electricidad, maquillaje y vestuario, así como a municipalidades, artistas, agencias de publicidad y, por supuesto, al personal especializado que exige la producción audiovisual.
Lo mismo sucede cuando se organiza un festival, como el CRFIC: trabajadores y negocios locales resultan beneficiados por la cantidad de asistentes e invitados internacionales, y son espacio para que productores locales obtengan asesoría, contactos, exposición y reconocimiento.
El cine es empleo. El cine también es “reactivación económica”, especialmente, de mipymes. No es una fantasía ni algo inalcanzable; está pasando hoy y significa trabajo y avance profesional para un sector creciente.
Recortarle fondos a una institución ya aquejada por la escasez, como al CCPC, dice mucho sobre el valor asignado a la cultura. ¿Estamos en condiciones de menospreciar un mecanismo de generación de empleo? ¿Tiene sentido debilitar un sector creciente de las industrias creativas? ¿Para qué tenemos una comisión fílmica trabajando en atraer inversión extranjera si vamos a atacar la industria propia?
Los más afectados. El monto es relativamente insignificante, pero decisivo como capital inicial para desarrollar múltiples proyectos y para atraer inversión de productoras internacionales. Uno se pregunta si estamos ante una declaración política, como en su momento ciertos diputados dijeron del préstamo para restaurar el Teatro Nacional: buscaban regañar al gobierno, no lo que necesitaban profesionales de la cultura y miles de costarricenses que disfrutan como público de esta inversión.
Nada de esto impide, por supuesto, exigir un control riguroso y responsabilidad en el manejo de los recursos al Ministerio de Cultura, pero eso tampoco ha ocurrido aquí.
El resto del recorte cercena tiempo extraordinario, servicios de gestión y apoyo, transporte en el país, viáticos, servicios en ciencias económicas y sociales y actividades de capacitación. Afectaría actividades como el Festival Nacional de las Artes y los Centros Cívicos para la Paz, esfuerzos para descentralizar el acceso a los derechos culturales.
Como suele ocurrir, quienes van a sufrir más son grupos y empresas pequeñas, comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana —donde está ubicada, más o menos, el 90 % de la infraestructura cultural pública— y los profesionales cuyo empleo depende de la inversión en cultura, más allá del paradigma de la mera subvención.
Diputados como Enrique Sánchez, Laura Guido y José María Villalta anunciaron su voluntad de enmendar el error; veremos si existe compromiso y si sus compañeros comprenden el alcance del daño.
Con la excusa de “reactivar la economía”, se ha debilitado un sector pujante que, en un país más orgulloso de su talento, habría generado muchos más aplausos este año. El empobrecimiento de la cultura debilita los pocos espacios públicos, compartidos y abiertos al diálogo, que sobreviven en nuestra sociedad.
Incluso, dejando lo anterior de lado, estamos ante una acción insensata: en nuestra época de estrechez ideológica, si el valor económico es el único que los diputados consideran relevante, deben reconocer que han asestado un golpe al empleo, a múltiples pymes y a la misma reactivación económica.
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El autor es periodista y programador de cine.