Jorge Woodbridge. 17 noviembre, 2019

El sector financiero enfrenta retos de gran envergadura en materia de regulación. El sistema nacional de intermediación financiera se caracteriza por la existencia de muchos actores regidos por diferentes normas y legislaciones.

Tenemos dos bancos estatales —el Nacional y el de Costa Rica—, dos creados por leyes especiales —el Popular y el Hipotecario—, diez privados, veinticinco cooperativas de ahorro y crédito, cinco entidades financieras no bancarias y dos entes autorizados para la vivienda.

Por otra parte, intermediarios coexisten bajo distintos esquemas regulatorios, prohibiciones, deberes, obligaciones y figuras jurídicas.

La composición porcentual de los activos de intermediación financiera, en el 2017, fue del 38,5 % en los bancos comerciales, un 11,1 % en los creados por leyes especiales, un 32,3 % en los privados, un 9,9 % en las cooperativas de ahorro y crédito y un 8 % en otros. En los pasados 10 años, los bancos privados, las cooperativas y las mutuales de ahorro y crédito aumentaron su participación en el mercado.

Asimetrías. Los variados jugadores en el sistema tienen diferentes reglas para la garantía de los ahorrantes, las cuentas corrientes, impuesto sobre la renta, reservas legales, peaje bancario, cargas parafiscales, contratación administrativa y encajes.

Los estatales, aparte del pago de renta de un 30 %, soportan cargas parafiscales de un 38 %, contra un 5 % de los privados, un 5 % del Popular, un 4,5 % de las cooperativas y un 0 % las mutuales.

Los bancos privados pagan un 30 % de impuesto sobre la renta y un 17 % por peajes. Las cooperativas, a pesar de su tamaño en el mercado, han disfrutado de un tratamiento diferenciado en la renta de sus excedentes o “utilidades”, pero desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pagan un 7 %, el cual se incrementará gradualmente hasta llegar al 15 % en el 2026. Los impuestos sobre los depósitos del Popular pasan del 8 % al 15 % en el 2026. Los bancos públicos y privados retienen un 15 % a los depósitos desde el 1.° de julio del 2019.

Fiascos financieros. Por malas decisiones administrativas, el Banco Anglo debió cerrar operaciones en 1994 y despedir 1.760 trabajadores. Las pérdidas pagadas por los costarricenses (sí, los costarricenses no el Estado) ascendieron a $100 millones. En el momento del cierre, la cartera morosa llegaba al 94 % y el gasto de operación devoraba el 92 % de sus ingresos.

En el 2018, Bancrédito fue a la quiebra por créditos mal otorgados, pérdidas de ¢30.707 millones, que prácticamente se comieron el 45 % del capital, y el Estado debió asumir ¢131.000 millones.

Los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica, el Popular y Bancrédito a las empresas de Juan Carlos Bolaños evidenciaron la influencia política y la vulnerabilidad de nuestros bancos públicos.

Dicha vulnerabilidad debe ser solventada a corto plazo para evitar problemas financieros en el futuro. Es impostergable mejorar la supervisión y escoger los mejores profesionales para ocupar los cargos de directores bancarios. Igual filtro y severidad deben utilizarse a la hora de seleccionar a los gerentes para estar más blindados contra las presiones políticas.

OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a los bancos por igual crear un fondo de garantías para los depósitos.

El seguro protegerá al 90 % de los pequeños ahorrantes y vuelve menos frágil el sistema financiero. Lo relevante es no generar un riesgo que desincentive el ahorro, la solvencia y la disciplina del mercado.

El fondo de seguro es para todos los intermediarios según sus captaciones en cuenta corriente y riesgo.

No es posible que el Poder Ejecutivo renuncie a una fórmula crucial y quiera mantener la garantía absoluta del Estado sobre los depósitos de los entes públicos, después de ser testigo de las millonarias pérdidas debido a la injerencia política en decisiones netamente técnicas.

Las pérdidas no son del Estado, como se dice comúnmente, las pagan los costarricenses con mayor inflación e impuestos.

Por perder el miedo al riesgo y tener la garantía absoluta, los bancos estatales en ocasiones han actuado de forma irresponsable.

En muchos casos, cumplieron órdenes de los políticos de turno para favorecer a ciertos empresarios, sin medir, como mandan las buenas prácticas internacionales, la capacidad de pago y los riesgos. La OCDE nos está dando la oportunidad de enderezar parcialmente el sistema financiero.

Acabar con las distorsiones. Establezcamos a la banca estatal las mismas cargas parafiscales de la banca privada; aprobemos más libertades en la contratación administrativa. Instauremos las mismas reservas legales, encajes mínimos e impuesto sobre renta a los intereses y retenciones en la fuente para todos los intermediarios financieros.

Mantengamos los depósitos de las instituciones públicas en los bancos estatales y el peaje bancario —Fondo de Crédito para el Desarrollo— para los privados.

Solo si logramos una competencia con reglas iguales, conseguiremos bajar los altos costos de intermediación.

Establezcamos un modelo de seguro para los depósitos, con primas actualizadas y bien estructuradas, con posibilidades de reaseguramiento, que nos permita tener más probabilidades de honrar compromisos.

Los seguros están íntimamente ligados a la prudencia en el manejo del riesgo de todos los intermediarios, por el contrario, un fondo de garantía, como pretende el Gobierno, no discrimina el riesgo y vuelve más vulnerable la calidad del sistema.

Los bancos estatales al no estar obligados al peaje del 17 %, reducir sus cargas parafiscales al 5 %, tener más facilidad para la contratación administrativa y poseer prioridad en el manejo de los depósitos de instituciones públicas, tendrán una enorme ventaja competitiva contra la banca privada, lo cual les facilitará bajar los costos de intermediación.

Nivelar las regulaciones y el establecer un seguro a los bancos en forma pareja es un primer paso para mantener un entorno macroeconómico más estable.

La OCDE es clara en la reducción de asimetrías entre la banca privada y pública. Un seguro limitado para los depósitos en los bancos privados no es aceptable. Hoy, más que nunca, necesitamos corregir las distorsiones creadas en el pasado, las cuales se traducen en caros costos operativos y de intermediación por falta de competencia.

La competencia justa y supervisada es necesaria para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro sistema financiero.

El autor es ingeniero.