Patricia Nudi Orawo. 28 abril

KISUMU, KENIA– La oposición al aborto es tan intensa que incluso cuando las mujeres tienen el derecho legal de interrumpir su embarazo puede ser extremadamente difícil acceder a los servicios necesarios para ejercerlo. Sin embargo, mucho peor, es el hecho de que los opositores al aborto tienden a ignorar las fallas que, inicialmente, conducen a las mujeres hasta el punto de buscar un aborto.

Desde un punto de vista moral, se debe defender firmemente el respeto a la libertad personal y autonomía corporal de una mujer, en lugar de obligarla a poner en riesgo su salud o su bienestar al llevar a término un embarazo no deseado o peligroso. No obstante, teniendo en cuenta cuán plagado de información errónea y enlodado con argumentos fuera de lugar se encuentra la cuestión, los debates sobre políticas a menudo no conducen a ningún lugar, a menos que, en primer lugar y ante todo, ellos enmarquen al aborto como un asunto de salud.

Consideremos el caso de Kenia. A pesar de tener una de las leyes sobre el aborto más progresistas de África, según la cual una mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo si “hay la necesidad de un tratamiento de emergencia, o si la vida o la salud de la madre corre peligro, o si lo permite cualquier otra ley escrita”, la oposición imperecedera al aborto ha socavado el cumplimiento de la mencionada ley. Esto es sin siquiera llegar a hablar sobre las mujeres que no calificarían para un aborto según lo estipulado en estas reglas.

Está bien documentado que ilegalizar el aborto no acaba con la práctica. Por el contrario, cuando las autoridades encarcelan a alguien de quien se rumora que practica abortos seguros, como ocurre en Kenia, las mujeres terminan recurriendo a proveedores que utilizan métodos altamente peligrosos para llevar a cabo dicha tarea. Por ejemplo, aquellos proveedores que perforan los úteros de las mujeres con objetos afilados, se sientan en los vientres de las mujeres para expulsar al feto y recetan brebajes inseguros.

Para evitar los servicios de estos proveedores clandestinos, las mujeres intentan inducir abortos ingiriendo grandes cantidades de analgésicos o envenenándose con detergentes. Algunas mueren; otras pierden sus úteros, e incluso otras quedan lidiando con complicaciones, como por ejemplo las fístulas vaginales.

Después de estar años trabajando en salud reproductiva, puedo decir con autoridad que las mujeres no interrumpen los embarazos por puro capricho. No le pagan a una persona no calificada para que les apuñale su útero porque atraviesan por un estado de ánimo pasajero. Condenarlas no hará que cambien de opinión; tampoco priorizará el desarrollo de un feto por encima de las necesidades, los derechos y el bienestar de su madre. Todo lo que se logrará es aumentar la probabilidad de que ellas pongan en riesgo su salud y sus vidas al andar en busca de un aborto inseguro.

Si queremos reducir la demanda de servicios de aborto, debemos reconocer que a menudo esta demanda es la culminación de una serie de fallas sistémicas que comienzan durante la niñez, cuando se requiere una educación sexual integral, que enseñe a los jóvenes sobre el sexo y las relaciones sexuales en una forma apropiada para su edad, que es culturalmente aceptable, realista, sin prejuicios y científicamente precisa; y además, dicha educación sexual puede aumentar el uso de anticonceptivos y reducir las tasas de embarazo en adolescentes, especialmente si se adopta un enfoque de género, centrado en capacitar a las jóvenes para que ellas protejan su propia salud.

Tal educación no es un privilegio, sino es un derecho. En Kenia, el artículo 35 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos “el derecho de acceso a la información que está en poder de otra persona y que es necesaria para el ejercicio o la protección de cualquier derecho o libertad fundamental”. Esto incluye el derecho a la atención de salud reproductiva, consagrado en el artículo 43.

Pero, al igual que el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual integral a menudo no se respeta, debido a la resistencia moralizadora de los líderes religiosos y los movimientos en contra del derecho a elegir, así como a otros factores, como la escasa difusión del currículo y la escasez de docentes adecuadamente capacitados. Como resultado, los mitos y los conceptos erróneos continúan generalizándose.

Esto, junto con la escasez de financiamiento y factores culturales (como por ejemplo la falta de participación masculina en temáticas de salud reproductiva), contribuye a una baja utilización de anticonceptivos, ya que tan solo el 58 % de las mujeres en Kenia que debería estar usando anticonceptivos modernos realmente lo hace. Como era de esperar, el embarazo adolescente se sitúa en niveles inaceptablemente altos.

Es hora de abordar las fallas sistémicas que conducen a que las niñas y las mujeres acaben tullidas o muertas. En este punto, una onza de prevención vale una libra de curación: se debe incluir la prevención intencional de los embarazos en los presupuestos de salud, se debe brindar una educación sexual integral de calidad en las escuelas y se deben prestar servicios de salud reproductiva amigables para los jóvenes.

Pero la cura también debe ser una opción. Las reglas que castigan a las mujeres deben ser reemplazadas por leyes modernas, en consonancia con los marcos internacionales de derechos humanos, que protegen la libertad reproductiva de las mujeres, e incluso garantizan el acceso a servicios de aborto seguro. También se necesitan directrices escritas para dar fin a la victimización llevada a cabo por los proveedores de servicios de aborto.

¿Cómo puede un gobierno que no garantiza una educación sexual integral o que no invierte adecuadamente en planificación familiar penalizar a sus mujeres por embarazos no deseados? ¿Cómo puede una sociedad que ignora el sufrimiento de las mujeres culpar a las víctimas por su propia inacción? Aquellos que no hacen nada para prevenir embarazos no deseados, y hacen todo a favor de castigar a las mujeres afectadas por dichos embarazos, no pueden vanagloriarse de tener autoridad moral.

Patricia Nudi Orawo es una oficial de abogacía en el Kisumu Medical and Education Trust en Kenia.

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