18 agosto

En su ensayo La política y la lengua inglesa (1945), George Orwell nos advirtió de que el lenguaje no solo puede expresar la imbecilidad del hablante, sino, también agravarla: “Un hombre puede darse a la bebida porque se considera un fracasado, y fracasar entonces aún más porque se ha dado a la bebida. Algo parecido está ocurriendo con la lengua inglesa. Se vuelve fea e inexacta porque nuestros pensamientos rayan en la estupidez, pero el desaliño de nuestro lenguaje nos facilita caer en esos pensamientos estúpidos”.

Lo que sabemos hoy gracias a las investigaciones en neurolingüística y psicología cognitiva, al trabajo, por ejemplo, del lingüista cognitivo George Lakoff, ya lo adelantaba su tocayo Orwell: nuestro perezoso cerebro les concede una enorme fuerza inercial a temas, eufemismos, frases prefabricadas y metáforas, en perjuicio de nuestra capacidad de pensamiento crítico.

Fue durante la guerra civil española, y a partir de la lectura de la prensa británica sobre esta, que Orwell, amigo de Alfred Ayer y Bertrand Russell, comenzó a desarrollar sus ideas sobre la relación entre verdad, pensamiento y lenguaje, magistralmente plasmadas en su distópica 1984, de renovada popularidad, por razones obvias, desde el 2016. Estaba convencido de la importancia del lenguaje en la implantación de sistemas de dominación. Porque sí, esa corrupción conceptual, además de adormecer la capacidad crítica del individuo, se viraliza con consecuencias políticas. Bloquea, como las grasas saturadas, las arterias del debate público, motor de la democracia que, no lo olvidemos, antes que sistema político y jurídico, es un régimen de comunicación para la formación de la opinión pública.

Desde esa óptica, la posverdad, bien lo decía recientemente el profesor Carlos Sandoval, es el lenguaje de los autoritarismos populistas y va muchísimo más allá de las noticias falsas. Su diseminación más agresiva no viaja a lomos de estas, ni pasa por la incontenible liquidez de las cadenas de WhatsApp, sino, sobre todo, por el poder “hipnótico” de las palabras sobre la mente de las personas y su papel en la construcción de la realidad social. Signos y sonidos que, enquistados en la memoria a largo plazo (como modelos mentales) y en los grupos de afines (como representaciones socialmente compartidas), pueden hacernos razonar con la misma “lucidez” que el típico borracho necio.

A continuación, cuatro ejemplos criollos, de muchos que podrían darse, de expresiones que, por el contenido que les dan distintos actores interesados, están siendo empleadas para encubrir pulsiones antidemocráticas.

“Falta de diálogo”. Léase “no hacen lo que yo quiero”. Por eso, se suele exigir “diálogo” luego de años de discusión y avance de procesos decisorios por los canales establecidos para ello. Como ardid resulta muy eficaz en un país que ha exagerado el valor del diálogo a extremos solo comparables a su inhabilidad cultural para eso, para dialogar.

Primero se necesitaría comprensión de lectura y destrezas básicas en expresión oral y escrita, que no se tienen, para luego aspirar a que, con una actitud abierta a la negociación, se reconozca la pluralidad de perspectivas e intereses y se presuma la legitimidad de los actores que los defienden, talante liberal que, aquí, no tienen ni conservadores ni progresistas. “Diálogo” significa, entonces, posposición y bloqueo, frustración, en suma, de la política democrática, en la que sumar mayorías tiene sentido, precisamente, para poder hacer cosas sin necesidad de esperar imposibles consensos universales.

“No se puede defender derechos de minorías, ignorando derechos de mayorías”. Léase “deles los derechos que quiera, pero no los vaya a igualar con nosotros”. ¿Ignorando derechos de mayorías? La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo (que de eso hablamos, claro), no reduce en modo alguno el derecho de las personas heterosexuales a mantenerse solteras, casarse o divorciarse. Ignorar aquí no significa, entonces, lesionar. Y no cabía reconocerles a las parejas heterosexuales el mismo derecho porque, de hecho, ya lo tenían. Ergo, tampoco significa excluir. ¿Qué podría significar, entonces, “ignorar derechos de mayorías”? Dar un trato igualitario, sin duda. Que la figura para regular la unión afectiva entre personas del mismo sexo vaya a ser un matrimonio en las mismas condiciones que el de las parejas tradicionales, se vive como una afrenta.

Sienten que les han quitado el “derecho” a seguir recibiendo un trato privilegiado, a disfrutar de la satisfacción psicológica de sentirse moralmente superiores derivada de la discriminación de los otros. Un “derecho de las mayorías” contrario, no ya a los derechos fundamentales de las minorías, sino a la autonomía de la voluntad y a la igualdad ante la ley que todos los ciudadanos deben disfrutar en democracia.

“Libertad de expresión”. Léase “derecho a denigrar, amenazar, no ser contradicho y tener audiencia”. Y aquí permítanme una precisión porque hablamos de gentes distintas. Primero, un grupo de vulgares matones que denuncian la llamada “corrección política” como una intolerable mordaza a la libertad de expresión y como el rasgo distintivo de la hipocresía pública.

Repudian los filtros mentales que controlan las diferencias entre lo que pensamos y lo que decimos, así como los sensibles al contexto, que marcan las diferencias entre la conversación privada y el discurso público. Elevan la espontaneidad y lo intuitivo, propios de su primitivismo, a virtud y, como no tienen ni idea respecto de la importancia de las palabras y los discursos, consideran inocua (y por ende legítima) toda forma de violencia que no sea física. Muy diferente lo debe de haber visto el insigne orador y diputado calderonista José Albertazzi, cuando, antes de iniciada la guerra del 48, en la prensa nacional se normalizó el señalar la boca del oponente político “como una cloaca de la que podía salir cualquier cosa” y, desatada esta, él fue introducido violentamente en un cafetal donde “le llenaron la boca de excrementos”. No, del dicho al hecho no hay tanto trecho y, por eso, no hay libertad de expresión que justifique los insultos y amenazas a la prensa y a las autoridades públicas que se están dando en Costa Rica.

Otro es el caso de los mentecatos con una autopercepción de la importancia de sus opiniones tan elevada como lo profundo de su ignorancia. Están convencidos de que su libertad de expresión incluye la obligación de los medios de publicar sus tonterías y darles una cobertura “equitativa”. Creen que si los medios, las universidades o las instituciones en general le dan espacio a una persona experta para referirse a un tema, deben concederles uno similar a ellas que tienen un criterio contrario. Y lo peor es que, de hecho, cada vez se lo dan más.

Cada vez más los intermediarios, amilanados por el régimen igualador por lo bajo de las redes sociales, declinan sus funciones. No puede, por ello, extrañarnos que haya ahora una legión de sabios pontificando sobre lo divino y lo humano, a los que de ninguna manera se puede cuestionar porque, de inmediato, o salen con lo de “bueno, es mi opinión”, como si eso zanjara el punto o, peor, con el ridículo “no me censure”, porque creen que rebatir una afirmación o demandar su sustento es sinónimo de impedir expresarla.

“Derecho a la huelga”. Léase “derecho a imponer mi voluntad de forma violenta”. No es el derecho de abstenerse a desempeñar las labores propias, sino el de impedir que se presten los servicios públicos. No es el derecho de protestar y manifestar una posición, sino el de adoptar acciones directamente dirigidas a afectar a terceros ajenos al conflicto laboral. No es el derecho a defender reivindicaciones laborales en el centro de trabajo, sino el de impedir la aprobación de políticas públicas. Es, sin más, el “derecho” a secuestrar la democracia. El “derecho”, no solo a pisotear nuestros derechos, sino a anular nuestros votos.

El “derecho” a pasar por encima de los procedimientos que, como sociedad, nos hemos dado para la toma de decisiones sobre asuntos públicos, desconocer a las personas elegidas libremente por la mayoría para tomarlas y sustituir a aquellos y a estas por la “soberana” voluntad de los huelguistas, sin importar que no representen más que a sus exiguas bases. Desprovistos de la fuerza de la razón, solo tienen como arma la razón de la fuerza y con ella nos doblegan. Con el futuro de los niños sin educación, con la angustia de los productores sin poder transportar sus mercancías, con el dolor de los pacientes sin la atención por la que han esperado meses, con eso nos doblegan. Con una violencia cuya crueldad y cinismo ya normalizamos, han postrado al conjunto de la sociedad y la han convencido de que, como dice la ranchera, su “palabra es la ley”.

Lo he dicho en otros artículos: a los costarricenses nos urge asumir una actitud de mayor mesura en nuestro debate público. Los estudios de Javier del Rey Morató sobre juegos del lenguaje describen cómo se ejecutan (y con qué intención) el “juego de la crispación calculada” y el “juego de la catástrofe inminente”, en un mundo (el de la comunicación política) que ha pasado de la lucha de clases a la lucha de frases. Pero también necesitamos recuperar el sentido democrático de las palabras a las que me he referido.

Ignoro si la tesis de la semántica general, según la cual un uso incorrecto del lenguaje es la causa principal de las disensiones, es cierta. De lo que no me cabe duda, es de que esa embriaguez de la palabra suma confusión a los debates, dificulta el diálogo y puede emplearse para distraer la atención y ocultar oscuras intenciones.

El autor es abogado.