Peter Singer y Kian Mintz-Woo. 13 mayo

MELBOURNE y PRINCETON– Hace seis años, el petróleo se vendía por encima de $100 el barril. Hoy, gracias a las sacudidas paralelas de una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y a la caída de la demanda ocasionada por la crisis de la covid-19, el precio está más cerca de $20.

Eso hace que este sea un momento ideal para que los países industrializados en todo el mundo que todavía no le hayan puesto un precio al carbono sigan los pasos de los que ya lo han hecho.

Si bien estos perjuicios para los países pobres son de profunda importancia moral, están compensados por las consecuencias desastrosas que tendrá el cambio climático para la gente más pobre del mundo.

Los líderes empresarios, los medios y los economistas coinciden: es necesario poner un precio al carbono para que las empresas y los gobiernos estimen todos los costos de los daños climáticos que resulten de sus emisiones.

La justificación clásica del libre mercado descansa en las transacciones voluntarias, en las cuales los compradores eligen pagar precios que cubran los costos de producción.

Si algunos de esos costos se imponen a terceros que no pueden elegir evitarlos, y que no son compensados por ellos, el mercado ha fallado y la transacción es ilegítima.

En otras palabras, si las empresas y los gobiernos pueden emitir dióxido de carbono sin pagar por el daño resultante, excederán la cantidad que maximizaría la utilidad para todos los afectados por sus decisiones.

En alguna parte, hay gente que estará pagando por la cantidad extra emitida, más allá de si el precio está denominado en daño a la propiedad, pérdida de vida o la necesidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas.

Las formas más comúnmente discutidas para el precio del carbono son un impuesto al carbono que impone un costo fijo por unidad de emisión y un sistema de tope y canje, que divide una cantidad prevista de emisiones totales en “provisiones” de emisiones que se pueden comercializar entre emisores.

En ambos casos, los precios del carbono generan un incentivo para abandonar aquellas actividades con un alto consumo de este.

El precio puede subir gradualmente de manera que hay tiempo para adoptar prácticas que consuman menos carbono para hacer las cosas. Si se hace bien, el precio del carbono podría reducir las emisiones sin afectar la economía local.

Algunos temen que la tarifa sea económicamente regresiva porque los hogares más pobres gastan un porcentaje mayor de su presupuesto mensual en cosas que consumen mucho carbono, como la calefacción y el combustible para sus vehículos.

Pero el precio del carbono puede seguir el modelo de Canadá, que incluye descuentos que compensan esos costos, haciendo que la política sea una ganancia neta para la mayor parte de la población.

¿Por qué, entonces, deberíamos introducir el precio del carbono ahora? Una razón es que cuando los precios de la energía ya son bajos, los consumidores los perciben menos.

En circunstancias normales, aumentar el costo de la energía es malo para nuestro bienestar porque hace que los viajes, en auto o en avión, sean más caros. Pero durante una pandemia, los gobiernos quieren que la gente viaje menos para impedir que el virus se propague.

Aun cuando los confinamientos no prohíben viajar, las personas eligen viajar menos porque están intentando reducir los riesgos de contagio y de infectar a otros. De manera que lo que de otro modo sería un costo se transforma en un beneficio.

Sin embargo, el argumento más sólido para un precio del carbono no tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, sino con lo que pasará si no actuamos ahora y no tomamos conciencia de que, en pocos años, un precio del carbono es esencial para que nuestro planeta siga siendo habitable.

Introducir un precio del carbono ahora haría que el ajuste de nuestro comportamiento de consumo de carbono fuera más fácil de lo que habría sido previamente, cuando los precios del petróleo eran mucho más altos y la gente viajaba más, y más fácil de lo que sería en el futuro, cuando se levanten los confinamientos y las empresas y el turismo hayan revivido.

Considerando dónde estamos ahora, no sería un shock tan fuerte volver a una nueva normalidad en la que el uso de carbono haya sido reducido gracias a un precio fijado, como lo sería si se introdujera una tarifa una vez que el consumo ya se haya recuperado plenamente.

Es verdad, introducir un precio del carbono ahora agravaría el sufrimiento enorme que hoy padecen los productores de petróleo.

Si bien una gran proporción de la producción de combustibles fósiles proviene de un puñado de países muy ricos en Oriente Próximo, los productores más pobres, como Nigeria, Ghana, Argentina y Venezuela, también están sufriendo el colapso de los precios y podrían sufrir aún más si se introdujeran impuestos al carbono.

Si bien estos perjuicios para los países pobres son de profunda importancia moral, están compensados por las consecuencias desastrosas que tendrá el cambio climático para la gente más pobre del mundo.

Muchos de los más vulnerables son los agricultores de subsistencia, quienes dependen de patrones de lluvia que probablemente se verán alterados por los cambios generados por nuestras emisiones continuas.

Otros cultivan regiones fértiles, pero en zonas muy bajas que serán inundadas por huracanes más intensos y por el aumento en los niveles de los océanos, algo que pronostican los modelos de cambio climático.

Ninguno de ellos puede recurrir a la ayuda de seguridad social que ofrecen los países más adinerados.

Antes de la pandemia de la enfermedad del coronavirus y de la caída concomitante de los precios del petróleo, un precio del carbono habría sido inmediatamente penoso para los países que lo impusieran, pero mucho mejor para todos a más largo plazo. En este momento sin precedentes, introducir un precio del carbono sería beneficioso tanto ahora como en el futuro.

Peter Singer: profesor de Bioética en la Universidad de Princeton. Entre sus libros está “Animal Liberation”, “Practical Ethics”, “One World Now y The Life You Can Save”.

Kian Mintz-Woo: profesor y miembro de investigación posdoctoral en la Universidad de Princeton.

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