Ngaire Woods y Leany Lemos. 1 junio

Una de las paradojas de la covid‑19 ha sido el modo como algunos países ricos con abundantes recursos (en particular Estados Unidos y el Reino Unido) no lograron contener el virus, mientras algunos países y regiones pobres con menos recursos (entre ellos Vietnam, Grecia y el estado indio de Kerala) lo controlaron en muy poco tiempo.

Ahora, que hay que hacer planes para después de las cuarentenas, ha surgido otro contraste igualmente marcado entre los países.

La estrategia está basada en indicadores clave, consultas con expertos y procedimientos aplicables. Y se hizo con total transparencia. Esto tiene enseñanzas para los gobiernos de países más ricos que todavía tienen que elaborar un plan similar.

En Estados Unidos y el Reino Unido, esquemas de contención ambiguos sin planes de salida claros han dejado a los gobiernos atrapados en el dilema entre mantener cuarentenas insostenibles o abrir la economía demasiado rápido. Las autoridades del estado brasileño de Rio Grande do Sul, en cambio, han apelado a una cuidadosa planificación para aprender a vivir con el virus.

El estado comenzó a prepararse el 2 de marzo, cuando el gobernador, Eduardo Leite, encargó a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Gestión crear un comité de datos para elaborar y ejecutar un plan que permitiera mantener andando la economía del estado y al mismo tiempo combatir la propagación del virus.

En muchas otras partes de Brasil, el virus sigue fuera de control, y el país ya tiene la segunda cifra más alta de casos de covid‑19 en todo el mundo y la sexta de muertes. Sin embargo, su quinto estado más poblado ha dado una respuesta que muchos países ricos deberían imitar. Se destacan en ella cinco componentes.

En primer lugar, Leite se concentró de entrada en evitar el peor resultado posible, no solo esperar que no sucediera. Antes de la llegada de la pandemia a Brasil, personal del estado creó proyecciones matemáticas basadas en datos de Japón y Singapur (donde el impacto del virus ha sido limitado) y de Italia y España (donde ha sido terrible), y se fijó el objetivo de evitar resultados parecidos a los del segundo caso.

A continuación, ya a mediados de marzo (antes de la primera muerte por covid‑19 en Rio Grande do Sul), el gobernador anunció restricciones que permitieron ganar tiempo para fortalecer la capacidad del sistema de salud y al mismo tiempo frenar la propagación del virus.

En segundo lugar, el estado adoptó una estrategia basada en datos para hacer seguimiento del virus; no solo se invirtió en reunir más datos, sino también en mejorar sistemas y contratar a los mejores profesionales para evaluar la información.

El comité de datos dividió el estado en veinte regiones, cada una de ellas provista de un hospital principal con unidad de cuidados intensivos (UCI) y procedió a vigilar once indicadores semanales en cada región.

Alrededor de la mitad son indicadores referidos a la propagación del virus, entre ellos la cantidad de nuevos casos de covid‑19 que requirieron hospitalización (en comparación con la semana previa), la cantidad de casos activos con respecto a las recuperaciones en los últimos cincuenta días y la cantidad de nuevas hospitalizaciones y muertes por 100.000 habitantes.

El comité también hace un seguimiento de la cantidad de pacientes en salas normales y en UCI afectados de covid‑19 o síndrome de dificultad respiratoria aguda, enfermedad pulmonar relacionada (ya que es común que no todos los casos de covid‑19 se registren como tales).

Los otros indicadores, que miden la capacidad del sistema sanitario de cada región, incluyen la cantidad de plazas disponibles en UCI en comparación con la población total y con la cantidad de habitantes de más de 60 años, así como la variación en la ocupación de esas plazas en comparación con la semana previa.

Además de hacer seguimiento intensivo de los datos, el comité reúne a expertos en salud y académicos (que trabajan en forma gratuita) y publica informes con sus conclusiones.

En la actualidad, hay más de 150 expertos de los ámbitos de gobierno y académicos examinando el impacto de la covid‑19 sobre la actividad económica, la vulnerabilidad social, la infraestructura y la movilidad dentro del estado. Además, al principio de la crisis, el gobierno suscribió un acuerdo con una universidad para iniciar testeos aleatorios y un estudio de hábitos en todo el estado, lo que ofrece una idea más acabada de la prevalencia real del virus.

El tercer componente de la respuesta del estado es un sistema de alerta sencillo, específico y transparente. Cada semana, a partir de los once índices, el comité genera para cada región una única cifra que la ubica en una de cuatro categorías de riesgo indicadas mediante colores: amarillo, riesgo bajo; naranja, riesgo medio; rojo, riesgo alto; negro, riesgo altísimo (para los casos extremos se prevé el cierre total de actividades).

Como la población puede examinar los datos de los que surgen las clasificaciones de riesgo, el sistema ayuda a generar comprensión y confianza.

En cuarto lugar, los funcionarios hicieron un cuidadoso examen del modo de mantener la economía en funcionamiento porque el estado (que ya estaba endeudado) no puede sostener por mucho tiempo a una población desempleada.

El comité elaboró una segmentación clara de los puestos de trabajo y de las actividades económicas en términos de seguridad para los trabajadores (con cumplimiento del distanciamiento social) y de importancia económica, asignando a estos factores un peso relativo igual al 70 % y al 30 %, respectivamente.

Por ejemplo, la agricultura es una actividad relativamente segura porque los trabajadores están al aire libre y mantienen una distancia suficiente, y también es esencial para la economía de Rio Grande do Sul. Toda la información está a disposición del público.

Finalmente, el gobierno del estado elaboró protocolos de reanudación de actividades para cada industria, sobre la base de consultas con expertos en salud ocupacional, asociaciones industriales, empresas y trabajadores. El comité publicó borradores iniciales de los protocolos y llamó a hacer comentarios, lo que facilitó un proceso abierto y transparente.

Más allá de medidas obligatorias como uso de mascarilla, limpieza, distanciamiento y protección de grupos en riesgo, los protocolos sectoriales varían según el nivel de alerta. Por ejemplo, la industria puede funcionar al 100 % de capacidad en las regiones amarillas, al 75 % en las naranjas, al 50 % en las rojas y al 25 % en las negras, con excepciones para sectores esenciales, como los alimentos, la energía, la industria química y la salud.

Las tiendas minoristas, que suponen más riesgo de contagio, solo pueden operar al 50 % de capacidad cuando hay alerta amarilla, y deben cerrar cuando hay alerta negra.

Autobuses e iglesias pueden funcionar con diversas restricciones a la cantidad de asientos según el nivel de alerta, pero por el momento no se permiten actos masivos. Se está debatiendo sobre qué instituciones educativas reabrir primero y cuándo, y sobre el modo de reapertura del resto.

Las políticas de seguridad laboral de Rio Grande do Sul ya llevan tres semanas en vigor. Hasta la última semana de mayo, la ocupación de plazas en UCI para la covid‑19 dentro del estado es inferior al 20 %.

La cifra de casos es de 56 por cada 100.000 habitantes, contra 720 por cada 100.000 en el estado de Amazonas, 390 en el de Ceará y 220 en Río de Janeiro. Y la tasa de mortalidad por covid‑19 es 1,6 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los índices en Amazonas (42,4) y Río de Janeiro (23,1).

La dirigencia de Rio Grande do Sul ideó una estrategia para vivir con el virus, basada en indicadores clave, consultas con expertos y procedimientos aplicables. Y lo hizo con total transparencia. Esto tiene enseñanzas para los gobiernos de países más ricos que todavía tienen que elaborar un plan similar.

Ngaire Woods: es decana de la Escuela Blavatnik de Gobierno en la Universidad de Oxford.

Leany Lemos: es secretaria de Planificación, Presupuesto y Gestión del estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

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