Guiselly Mora. 5 abril

Así como diariamente un grupo multidisciplinario mantiene al país informado sobre la contención o avance del coronavirus, varios expertos independientes deberían analizar, como mínimo una vez a la semana, las medidas económicas planteadas por el gobierno, a fin de evitar efectos más serios e irreversibles por impericia gubernamental.

Habrá un mundo después del coronavirus. No sabemos cuántos quedarán, pero quienes vivan en él no merecen una Costa Rica en bancarrota.

En el artículo titulado “Vigilar las leyes para combatir el virus”, publicado en estas páginas el jueves 2 de abril, Jan-Werner Mueller, profesor de Política en la Universidad de Princeton, hizo una elemental observación: en momentos como el actual, deben fortalecerse, no debilitarse, los mecanismos de rendición de cuentas. Y a eso voy.

Algunas de las medidas para mitigar los daños de la acometida impetuosa de la covid-19 son acertadas. No había manera de equivocarse: fueron recomendadas por organismos internacionales y son similares a las adoptadas en otros países, como las moratorias para el pago de préstamos, ofrecer fondos a tasas de interés razonables para capitalizar empresas, planes de salvamento para las microempresas, aplazar el cobro de cargas sociales, entregar paquetes de alimentos a estudiantes usuarios de los comedores escolares y proponer subsidios para las familias golpeadas por el desempleo.

Otras, en cambio, parecen salidas del sombrero de un mago, de donde igual vuela una paloma o brinca un conejo. Lo más peligroso del ilusionismo es que mientras la atención está puesta en lo más notorio, el mago hace el truco y la gente ni cuenta se da de lo que pasó.

Lo ilustra la reforma para entregar el fondo de capitalización laboral a quienes pierdan sus ingresos, ya sea porque el patrono suspendió el contrato laboral o les redujeron el sueldo.

El texto dejó abierta una puerta calificada de peligrosa, no obstante haber sido revisado antes por el Banco Central, la Superintendencia General de Entidades Financieras y las operadoras de pensiones, y de contar la Asamblea Legislativa con tres diputados economistas, de los cuales solo el independiente Erick Rodríguez Steller, en forma responsable, votó en contra porque sabía por donde amenazaba reventarse el odre.

Pero como en Costa Rica se llega a Cartago por Guanacaste, el Congreso deberá próximamente aprobar una enmienda sobre una enmienda, a sabiendas de que se dejó meter diez con hueco.

He aquí otra. Una parte del billón de colones aprobado por la Asamblea Legislativa con la buena intención de procurar dinero de forma expedita para atender la emergencia sanitaria tendrá como destino, según reconoció la ministra de Planificación, el pago de salarios públicos y las transferencias ordinarias del Ejecutivo a las instituciones del Estado. Eso no lo sabían los legisladores.

Los recursos pertenecen al Plan Proteger, diseñado antes de la pandemia para disminuir la deuda o sustituir créditos caros por otros en mejores condiciones. Dicho de otro modo, eran para disminuir el déficit fiscal.

No son pesetas. Son ¢287.000 millones prestados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ¢226.000 millones de los superávits de las 13 instituciones descentralizadas, ¢12.000 millones de la contribución solidaria de las pensiones de lujo, otra deuda por ¢216.000 millones contraída con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y ¢288.000 millones del proyecto de titularización de utilidades del Instituto Nacional de Seguros.

¿Cuánto del billón de colones será para pagar la planilla de los burócratas y mantener la estructura estatal pese al estado de emergencia? Es un misterio para la ciudadanía y hasta los diputados lo ignoran.

En cambio, el país sí tiene noticia de que para dar un subsidio de ¢200.000 mensuales a 375.000 familias no se tomará todo del billón, como originalmente se les dijo a los parlamentarios.

También se sumarán a la banca ¢50.000 millones del congelamiento de las rebajas del precio de los combustibles y ¢100.000 millones del presupuesto nacional.

Detrás de las cifras. En este punto, es vital ejercitar la matemática básica. Para dar a las 375.000 familias ¢200.000 mensuales durante tres meses, se necesitan ¢225.000 millones o ¢300.000 millones si se les tendiera la mano durante cuatro.

Si aumentamos la cantidad de ayuda monetaria a 500.000 familias, el Estado precisaría ¢400.000 millones para darles ¢200.000 mensuales durante cuatro meses.

Entonces, ¿para qué es todo el billón? El billón es, ¡albricias!, para “resguardar (a) las personas, los trabajos y las empresas”, dice la Presidencia.

Al menos en lo referente a “resguardar (a) las personas”, existe una evidente duplicidad de fuentes de recursos. Los diputados aprobaron un billón de colones y el gobierno está sacando para el mismo objetivo de otro manantial.

Ahora bien, lo escrito hasta aquí no desdeña la lógica de invertir cuanto sea necesario en la atención de la pandemia, pero hay que bucear más en las aguas de los números.

Moody’s ya hizo las cuentas: proyecta que el déficit fiscal cerrará el año en un 8,1 %, casi lo calculado por Standard & Poor’s (8 %); sin embargo, Euroasia Group cree que oscilará entre el 9 % y el 10 %. Estos porcentajes son preliminares y conservadores, aunque son palabras mayores para un país ayuno de innovación aun sin crisis y cuyo gobierno se ha negado a recortar el gasto en planillas, cerrar instituciones innecesarias o vender activos.

El travestismo de que será objeto la debacle económica pospandemia es previsible. “La culpa fue de la covid-19, no del mal manejo económico”, se escucharán las voces del “a mí que me registren”, ¿o ya olvidaron cómo justificaron Helio Fallas, la contralora y Luis Guillermo Solís el manejo heróico del hueco fiscal por casi ¢900.000 millones?

El perjuicio para el país por la deficiente actuación económica por negligencia, ¿o intención?, podría hacer lucir a los estatistas y populistas su más deslumbrante dentadura en el 2022.

gmora@nacion.com

Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.