Las primeras declaraciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y del presidente de la República, al anunciarlo, son positivas.
La misión asignada al nuevo jerarca es mantener la estabilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y calidad del gasto estatal para que este contribuya a la prosperidad del país y que esa prosperidad se distribuya entre todos en un marco de gestión macroeconómica responsable.
La misión se complementa con los dos objetivos del Banco Mundial: erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida de manera sostenible.
Está claro, sin embargo, que los problemas nacionales no los soluciona solo el Ministerio de Hacienda. Lo que ahí se haga y decida debe armonizarse con lo que se lleve a cabo en otros ámbitos.
Condición histórica. La sociedad costarricense es prisionera de una red de intereses creados sectoriales, egoístas e insolidarios.
En el transcurso de casi cuarenta años, contados a partir de 1980, se crearon, consolidaron y desarrollaron feudos de poder sociales, institucionales, políticos, academicistas, sindicales y empresariales que se acostumbraron a comportarse como si fueran los dueños de las instituciones.
Esos feudos de poder se presentan como expresiones del interés general y de un estado de bienestar para toda la población, pero en realidad favorecen sus peculiares intereses.
El objetivo que los inspira no es la solidaridad ni la fraternidad ni la justicia, sino obtener réditos a la sombra del Estado, en detrimento de las clases media y baja, y en claro abandono de los principios más elementales de racionalidad y promoción del bien común.
A esta circunstancia, se suman el descrédito de los partidos políticos y de las dirigencias en los ámbitos religiosos y seculares; las dificultades para ejecutar políticas públicas que contribuyan a la reactivación de la economía y favorezcan la creación de un terreno social de oportunidades mucho más parejo; la presencia de ideologías totalitarias y autoritarias que añoran el caos y el sufrimiento como antesala del paraíso soñado en sus pesadillas; y los intereses electorales inmediatos, cuyo interés es lo que ocurra en el próximo minuto, no en la próxima década. Se comprende que la situación es compleja, riesgosa y de muy difícil gestión.
Propiciar el conflicto. Desde una perspectiva racional, de ética social y sentido común, la condición descrita exige un acuerdo que implique desprendimiento de los distintos grupos e instituciones.
Quienes pertenecen al sistema de intereses sectoriales que privatizan las instituciones e instrumentalizan las políticas públicas para su beneficio, deben interiorizar la convicción de que el desarrollo social exige debilitar y desmontar las estructuras de poder feudal que fundamentan su existencia.
El efecto inmediato de un hecho como el apuntado es disminuir la desigualdad social, tanto en ingresos económicos como en consumo; disfrute de la educación, la cultura y la salud; y oportunidades de inversión productiva y propiedad de activos.
Al respecto, es comúnmente aceptado que aumentar la equidad promueve el crecimiento económico y la prosperidad perdurable, según el Banco Mundial, y que “un número creciente de grupos de interés focalizados” al perseguir “su propio interés a expensas de una mayoría no coordinada” destruye las bases de la cohesión social, de acuerdo con Angus Denton.
Acelerar el cambio. Conviene abandonar la simple y acomodaticia ecuación de impuestos, endeudamiento, más impuestos, más endeudamiento.
La perversidad inherente a esta lógica es clamorosa y sus daños, gigantescos, como lo evidencia el endeudamiento excesivo de las familias y el Estado.
Es básico desaparecer las causas estructurales de las deudas familiares: la ausencia de educación financiera, la imposibilidad de ahorro y la falta de políticas para la reactivación económica y la desburocratización del Estado.
Es imperativo tomar las siguientes decisiones: revisar exoneraciones y programar su progresiva eliminación, eliminar y disminuir aranceles a los productos de la canasta básica, crear condiciones crediticias que faciliten el acceso a la vivienda y a los activos productivos, apoyar la actividad económica y la prestación de servicios profesionales, reducir las brechas salariales, diseñar una política de movilidad social sobre la base de la educación, la cultura y la transferencia de activos productivos a las clases sociales bajas, promover la competencia en el sector eléctrico, diseñar y ejecutar una política de desarrollo descentralizado que responda a las peculiaridades de las distintas regiones del país y modernizar el Estado introduciendo una cultura organizacional prospectiva e innovadora que priorice la excelencia, la evaluación y la eficacia en procesos y resultados.
Asimismo, tomar medidas que estimulen la copropiedad de medios de producción, cooperativas, asociaciones solidaristas y autogestoras de propiedad; elevar la inversión social en ciencia, tecnología, educación y cultura; y promover una reforma en las universidades públicas que lleve a un mejor uso de los recursos que la sociedad les transfiere y a rendir cuentas al país por su desempeño.
Es también necesario elevar la matrícula de personas provenientes de los sectores sociales más contraídos (trabajadores industriales, del comercio y la agricultura), diversificar las fuentes de financiamiento, desmontar los feudos internos de intereses creados que actúan en detrimento del carácter público de las universidades; y contribuir a la creación de un sistema nacional de educación superior que combine los méritos de las universidades públicas y privadas.
La disyuntiva es diáfana: encaminarse al desarrollo mediante reformas estructurales que reduzcan la desigualdad o sucumbir en una maraña egoísta e insolidaria de intereses sectoriales.
Seamos optimistas: para disipar la oscuridad se debe encender la luz y, en la presente condición, eso equivale a diseñar y ejecutar transformaciones que vayan a la raíz de los problemas.
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El autor es escritor.