No siempre en un “equipo” de gobierno todos los miembros jalan en el mismo sentido. Los jerarcas de los ministerios, los presidentes ejecutivos y los rectores de las universidades públicas en ocasiones tienen sus propias agendas: construir una plaza de la diversidad con vistosas escalinatas, dar un subsidio a los agricultores o pescadores, conceder aumentos de salarios superiores a la inflación y a la productividad de sus subordinados, suscribir una convención colectiva con una cornucopia colmada de beneficios, cambiar vehículos porque los que tienen van a llegar a los dos años, poner en su oficina pinturas de Fausto Pacheco, asistir a seminarios sobre liderazgo (o lo que sea) en países exóticos, hacer lo posible por que se interprete que toda reforma que toque el gasto en planillas solo opere para las nuevas contrataciones…
Poco importa que el gobierno, del cual son parte, se haya comprometido con los entes multilaterales y, sobre todo, con la ciudadanía, a llevar adelante un necesario ajuste fiscal.
Al igual que los delanteros de un equipo de fútbol sufren cuando les anotan un gol, pues no interpretan que es un problema de la defensa y del portero, y el boyero escoge lindos bueyes para que trabajen al unísono, los equipos de gobierno deben estar conformados por jerarcas con una visión común. Si no la tuvieran al principio de su gestión, el presidente de la República debe, como primera medida, señalar, con todo el detalle operativo del caso, cuál es la ruta.
Pero eso no siempre ocurre en Costa Rica. Aquí no necesariamente se canta en coro. Unos bomberos majan las mangueras de otros y algunos miembros de la administración hasta zancadillean a sus compañeros.
Voceros del Poder Judicial afirman que a ellos no los tocan algunas de las principales disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Los rectores de las universidades estatales alegan autonomía para gastar, pero no saben cómo generar recursos propios, ídem. Algo similar argumentan los jerarcas de varias instituciones autónomas. Y los sindicalistas del sector público ni que decir.
Frente a esto, la contralora general de la República, Martha Acosta, en comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, advirtió sobre el “alto riesgo de incumplimiento fiscal”.
Verdadero motivo. El ajuste fiscal que el país decidió llevar a cabo no es para complacer demandas de los “liberales y neoliberales”; esos analistas que favorecen la libertad y la responsabilidad personal sobre la imposición innecesaria y paternalista del Estado.
El ajuste procede porque el endeudamiento del Gobierno Central está en niveles muy elevados y porque, dada la falta de una eficaz reforma, la carga de intereses se comerá cada vez porciones más altas del presupuesto nacional, no solo porque el saldo de la deuda sube, sino también porque lo hará la tasa de interés promedio que se paga por ella. El servicio de la deuda estrujaría otros renglones de gasto público, muchos muy necesarios para la sociedad y para los cuales precisamente se creó la figura del Estado.
El endeudamiento del Gobierno Central anda por el equivalente al 60 % del tamaño de la economía (medido por el producto interno bruto), lo cual ya supera el límite prudencial del 40 %. Para estabilizarlo o bajarlo, y controlar, así, la hemorragia de pagos por intereses, se requiere una combinación de acciones: reducir el déficit primario (ingresos menos gastos antes de intereses); administrar eficazmente la deuda pública para evitar altas concentraciones de vencimientos que pongan en riesgo el refinanciarla; y, principalmente, para reducir las tasas de interés que se pagan por esta.
También, es fundamental que la economía del país crezca a gran velocidad. En efecto, como el endeudamiento está expresado por la relación deuda-PIB, conforme más crezca al denominador, más bajo será el valor de dicha relación. Además, el alto crecimiento económico genera una baja en el desempleo y en la pobreza y, también, eleva la recaudación, lo cual ayuda a disminuir el déficit fiscal. Si el gobierno ejecutara solo una acción, la reactivación sería la mejor candidata.
Cambio de dirección. Desafortunadamente, los valores que para las variables señaladas (déficit primario, tasa de interés sobre la deuda y velocidad de crecimiento de la economía, etc.) llevarían a estabilizar el endeudamiento del Gobierno Central a finales del 2023 fueron, en su momento, calculados de manera optimista y ahora parecen apuntar en otro sentido.
El crecimiento económico anda por debajo de lo previsto, y cada vez que el Banco Central hace una revisión de cifras tiende a bajarlo aún más; las tasas de interés seguirán altas mientras la calificación de riesgo soberano no mejore, y hasta la contralora duda de que se contenga el gasto público en los niveles previstos para reducir el déficit primario en la magnitud necesaria.
Las calificadoras internacionales de riesgo (Fitch, S&P, Moody’s) tienen ubicada la deuda del gobierno de Costa Rica en una categoría especulativa, es decir, es de alto riesgo, y mantienen en sistemática observación lo que hagamos en materia de reforma fiscal. En general, dudan de que llevemos a buen puerto la reforma, y sus calificaciones tienen hoy una perspectiva negativa. Está en nosotros, en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, demostrar que sí podemos hacer bien las cosas.
Pero, como señala la contralora, hay riesgo de incumplimiento. Yo agregaría: hay un enorme riesgo de incumplimiento. Y, con base en lo que fue mi experiencia como ministro de Hacienda a principios de la década de los noventa, en la administración Calderón Fournier, he aquí mi consejo a las autoridades:
Primero, todo el equipo (ministros, presidentes ejecutivos, rectores de universidades públicas) debe entender hacia dónde avanzar, por qué, cuáles son los beneficios esperados de las reformas y los riesgos por enfrentar para ponerlas en práctica.
Todos deben prometer trabajar, en sus respectivas áreas de acción, en pro de las metas del equipo. El presidente de la República debe prescindir de los ministros y presidentes ejecutivos que se separen voluntariamente de la línea oficial. En el seno del Consejo de Gobierno ha de darse seguimiento periódico, por lo menos dos veces al mes, a la ejecución.
Segundo, como los presupuestos constituyen una autorización del máximo gasto, no una obligación de efectuarlo, como en otros países, por ejemplo con los entitlements en los Estados Unidos, se debe adoptar (y el Ministerio de Hacienda verificar que así sea) una forma conservadora de ejecución de gastos; es decir, que se recarguen al final del período presupuestario, de modo que, si no se dieran todos los ingresos presupuestados o alguna emergencia obligara a incurrir en gastos no previstos, se puedan evitar las erogaciones que de otra manera incrementarían el déficit.
El temor de la contralora general sería menor si el equipo de gobierno, bajo el liderazgo del presidente, Carlos Alvarado, y la ministra Rocío Aguilar, y con el apoyo cuando menos de su fracción legislativa, acepta que se está ante una emergencia nacional y actúa de conformidad.
Los voceros de los entes públicos que se quieren salir del canasto del ajuste fiscal deben patrióticamente reconsiderar su posición, pues, entre otros, si el problema de las finanzas públicas no se resuelve pronto, también sus representados sufrirán.
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El autor es economista.