Iván Molina Jiménez. 13 agosto, 2018

El poeta nicaragüense Manolo Cuadra vivió en Costa Rica a inicios de la década de 1940. Una mañana, mientras asistía a las fiestas patronales de San José, el escritor Fernando Luján le preguntó de pronto: “¿Quiere conocer a don Ricardo?”.

Cuadra pensó que su acompañante quería jugarle una broma “porque no veía por allí ni carros blindados, ni cascos de acero, ni motocicletas”. Por eso, respondió a Luján con otra pregunta: “¿Dónde están las ametralladoras?”.

Es necesario que la sociedad civil nicaragüense se democratice y desarrolle una institucionalidad acorde

Luján se limitó a señalar un carrusel: allí, entre el alboroto de los niños, “estaba el gran Ricardo Jiménez…, equilibrando sobre un desalado caballito de madera, a su pequeña hija… como el más familiar de los ciudadanos ticos, teniendo por única guardaespaldas a su hijita”.

Según Cuadra, “ese hombre, al que el gran diario Pravda, de Moscú, había escogido entre cinco notables americanos –uno de ellos, Roosevelt– para responder a una encuesta trascendental, estaba allí, al alcance de todos”.

Nadie lo miraba con especial atención, pero algunos lo saludaban con un “adiós, don Ricardo”, a lo que él respondía con un “adiós, amigo”, “un acto tan vulgar”, indicó Cuadra, “como si a mí me dijeran en la esquina del mercado: –Adiós, Manolo”.

Diferencia. La sorpresa de Cuadra fue similar a la de otros muchos visitantes, viajeros y estudiosos que, desde inicios del siglo XX, empezaron a notar que en Centroamérica coexistían dos tradiciones políticas claramente diferenciadas: una autoritaria y violenta, que prevalecía en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y otra democrática y civil, arraigada en Costa Rica.

Si bien Estados Unidos, desde inicios del siglo XX, promovió una política dirigida a reconocer solo los gobiernos centroamericanos surgidos de elecciones legítimas, ese intento por fomentar la democracia electoral en la región no prosperó. El fracaso resultó evidente después del golpe militar ocurrido en El Salvador en 1931 y de que los gobiernos de Guatemala y Honduras, por esos mismos años, adquirieron características autoritarias.

En Nicaragua, la situación fue distinta porque los estadounidenses, a partir de sus intervenciones militares y de su experiencia de lucha contra Augusto César Sandino, crearon las condiciones perfectas para una dictadura de larga duración, que fueron debidamente aprovechadas por Anastasio Somoza García.

Anticomunismo. La diferencia entre esas dos tradiciones se consolidó en la década de 1930: a medida que los partidos comunistas empezaban a dar sus primeros pasos en el Istmo y se profundizaba la crisis económica mundial de esa época, el resto de Centroamérica fue dominado por regímenes militares.

Costa Rica, pese a diversos intentos de golpe de Estado, permaneció gobernada por los civiles y permitió que los comunistas operaran normalmente. En vez de ilegalizarlos, perseguirlos y masacrarlos, las autoridades los combatieron mediante políticas sociales (inspiradas en las del New Deal de Roosevelt), dirigidas a establecer salarios mínimos y proporcionar empleo.

Aunque tras la guerra civil de 1948 los comunistas fueron perseguidos y su partido fue ilegalizado, la represión que experimentaron fue breve y moderada en comparación con el resto de Centroamérica y pudieron continuar con sus actividades proselitistas en diversos campos.

Guerra Fría. Las dictaduras surgidas después de 1930 colapsaron a mediados de la década de 1940 en Guatemala, El Salvador y Honduras. La extraordinaria oportunidad para la democratización que se abrió en ese momento fue, sin embargo, de corta duración, dado el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la política exterior de Washington a favor de regímenes militares de extrema derecha.

El nuevo escenario geopolítico mundial fue trágico para el Istmo, ya que los estadounidenses no solo desconfiaban de las fuerzas democráticas interesadas en reformar y modernizar las sociedades de El Salvador y Honduras, sino que en 1954 apoyaron un golpe de Estado que puso fin a la más importante experiencia de democratización que hubo en el resto de Centroamérica antes de la década de 1970: la de Guatemala.

Además, figuras estratégicas de los círculos estadounidenses de poder estaban convencidas de que José Figueres y las políticas sociales impulsadas durante su administración (1953-1958) eran comunistas. En tales circunstancias, poco sorprende que Washington contribuyera a que la dictadura de Somoza se consolidara en Nicaragua.

Después del triunfo de la Revolución cubana (1959), el anticomunismo en el resto de Centroamérica se intensificó a tal grado que las políticas de la Alianza para el Progreso, impulsadas por la administración de J. F. Kennedy para tratar de modernizar a esas sociedades, alentaron expectativas de cambio y democratización que no pudieron cumplir, como lo evidenció el golpe de Estado que derrocó en 1963 al presidente hondureño, socialmente reformista, Ramón Villeda Morales.

Revolución. Entre una democratización siempre postergada y una pobreza masiva y perenne, la única vía que se abrió para reformar las sociedades del resto de Centroamérica fue la revolución, una opción viabilizada porque la Guerra Fría perdió intensidad en la década de 1970 y por el debilitamiento de Estados Unidos tras su derrota en Vietnam.

Sin duda, el proceso que lideró el cambio fue la Revolución sandinista, que logró derribar la dictadura de Somoza en 1979 y abrió la esperanza de que desenlaces similares podrían ser posibles en El Salvador y Guatemala.

Tal expectativa, sin embargo, fue de corta duración, pues con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, en 1981, la Guerra Fría recrudeció a escala global y tuvo entre sus escenarios principales a Centroamérica.

La intervención política y militar de Washington y sus aliados logró, con un enorme costo en vidas humanas, derrotar a la vía revolucionaria; pero su legado fueron frágiles democracias, con un escaso margen de maniobra para promover el desarrollo económico y la distribución de la riqueza, asediadas por una extendida criminalidad –agudizada por las deportaciones masivas practicadas por Estados Unidos– y bajo permanente tutela militar, como lo demostró, en el 2009, el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya.

“Mafiosización”. De 1970 en adelante, en el resto de Centroamérica, la principal experiencia democratizadora fue la impulsada por la Revolución sandinista, pero su impacto institucional fue muy limitado dado que, tras casi medio siglo de dictadura somocista, Nicaragua carecía de aquello con lo que Manolo Cuadra se topó cuando estuvo en Costa Rica a inicios de la década de 1940: una sociedad civil que constituía el fundamento de la política democrática.

Nicaragua, en razón de ese vacío y del desgaste causado por la contrarrevolución, experimentó un proceso similar al de otros países cuya precariedad institucional posibilitó que la política se “mafiosizara”.

En su última etapa, esa “mafiosización” asumió la forma de una hibridación del clientelismo y el caudillismo tradicionales con un populismo discursivamente izquierdista y religioso, pero decisivamente comprometido con el capitalismo corporativo. La tendencia a una creciente concentración de la riqueza por parte de la familia en el poder es similar a la que prevaleció durante los últimos años de la dictadura somocista.

Recurrencia. Desde la pacificación de finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990, en el resto de Centroamérica se han experimentado dos oleadas principales de protestas sociales: las ocurridas en Honduras tras el golpe de Estado del 2009 que, con interrupciones, se han extendido hasta el presente, y las que han estremecido a Nicaragua en los últimos meses.

La intensidad y la polarización del conflicto nicaragüense son indicadores de que las fuerzas democratizadoras desatadas por la Revolución sandinista, faltas de las vías institucionales para canalizar su descontento, han retornado a sus orígenes –las calles y las barricadas– para reclamar, pese a la represión y al terrorismo estatal, el porvenir que les fue arrebatado.

Acabar con la nueva tiranía es hoy, como en 1979, la tarea inmediata, pero para recuperar ese futuro es necesario que la sociedad civil nicaragüense se democratice y desarrolle una institucionalidad acorde, que impida que el autoritarismo vuelva a recurrir.

El autor es historiador.