Por: Eliécer Feinzaig.   22 febrero

La campaña política de este 2018 ha dejado un enorme déficit de atención a los problemas más graves que enfrenta el país. La víctima principal de la ausencia de debate de los temas de fondo es la preocupante situación fiscal. El 2017 fue el octavo año consecutivo que acumulamos un déficit fiscal igual o superior al 4 % y el quinto año consecutivo en que el déficit superó el 5 % del PIB.

Para colmo de males, el poco debate que se ha dado, sobre todo en las redes sociales, ha estado cargado de mitos que es necesario derribar y falacias que debemos desmentir.

Las cifras frías nos dicen que Óscar Arias recibió el déficit en un 1 % y lo entregó en un 5 %, que Laura Chinchilla, a su vez, lo entregó en un 5,6 % y Luis Guillermo Solís lo lleva por el 6,2 %. Estos guarismos han sido utilizados para minimizar la responsabilidad del gobierno del PAC en la crisis fiscal, argumentando que el grueso del problema se dio durante las dos administraciones liberacionistas, y que a la actual tan solo le tocó lidiar con una herencia nefasta. La herencia es innegable, pero el argumento refleja un terrible desconocimiento de lo que es el déficit fiscal.

El hecho de que muchos países desarrollados tengan cargas tributarias elevadas no explica cómo ni por qué han llegado a hacerse ricos

Empecemos por aclarar que el déficit fiscal amanece en cero el 1.° de enero de cada año. En otras palabras, si en un año específico —digamos 2014— el déficit fue del 5,6 % y al año siguiente fue del 5,7 %, es incorrecto concluir que el gobierno del 2015 es responsable de tan solo el 0,1 % de ese déficit. Como el déficit no se acumula de un año a otro, sino que hace borrón y cuenta nueva mientras nos comemos el racimo de uvas a la medianoche del 31 de diciembre, el gobierno del 2015 es responsable de la totalidad del déficit acumulado a lo largo de ese año.

Por lo anterior, podemos afirmar que el gobierno del PAC es 100 % responsable de los cuatro déficits fiscales producidos en su cuatrienio, cada uno de los cuales fue superior al 5 % del PIB. De la misma forma, Laura Chinchilla es 100 % responsable de los cuatro déficits de su período y Óscar Arias, de los del suyo. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que percibe el gobierno en un año cualquiera y los gastos que incurre en ese mismo año.

Deuda pública. Lo que sí se acumula de un año a otro es la deuda pública. Cada vez que el gobierno gasta más de lo que recauda, debe endeudarse para cubrir la diferencia. Puede pedir un préstamo a otro país, a un banco comercial, a un organismo financiero internacional o emitir bonos que serán comprados por inversionistas individuales o institucionales. Si el gobierno gasta más de lo que le ingresa, hace crecer su deuda. Si lo hace todos los años, la deuda crecerá y crecerá.

En la última década, la deuda del Gobierno Central pasó de representar el 24,1 % al 49,2 % del PIB. Como el PIB es la suma de todo lo que se produce en el país en un año, esta relación deuda/PIB es un indicador de la capacidad de pago que tiene el país para hacer frente a sus obligaciones. Los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo prestan mucha atención a la evolución de esta variable y, al no vislumbrar una solución, castigan al país con peores calificaciones y mayores tasas de interés.

Otra forma de ver la magnitud del entuerto es comparar la deuda con otras fuentes de generación de recursos que podrían servir para pagarla. En el 2008, la deuda pública representó un 94 % de las exportaciones totales. Si quisiéramos destinar los ingresos por exportaciones para cancelar la deuda, hace 10 años lo hubiéramos podido hacer con las ventas de un año, y hasta nos habrían dado vuelto.

En el 2017, la deuda representó 2,6 veces las exportaciones del país; para cancelar la deuda, tendríamos que dedicar las exportaciones totales de dos años y siete meses. Si en vez de las exportaciones decidiéramos usar los ingresos tributarios para cancelar la deuda, hace diez años nos habría tomado un año y siete meses cancelarla. Con los ingresos tributarios del año pasado necesitaríamos tres años y ocho meses para borrar la deuda.

Por esto es que, aunque acumular un déficit del 4 % o del 5 % de la producción nacional siempre es irresponsable, hace 10 años todavía era manejable, mientras que hoy ya es francamente insostenible.

Mito de la recaudación. Otro mito, que lleva años haciendo estragos, es que la recaudación del gobierno es de tan solo alrededor del 13 % del PIB, con lo cual nos parecemos más a Guatemala que a Finlandia. Dicen, quienes sostienen esta falacia, que si queremos un nivel de vida de país desarrollado debemos tributar como país desarrollado, y para ello nos refieren a las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúan el promedio de los países desarrollados en alrededor del 34 % del PIB.

Es un disparate asumir que el camino al desarrollo pasa por pagar más impuestos. Recordemos que correlación no es lo mismo que causalidad. El hecho de que muchos países desarrollados tengan cargas tributarias elevadas no explica cómo ni por qué han llegado a hacerse ricos. Tampoco explica cómo Irlanda pasó, en tan solo 25 años, de ser uno de los países más pobres de la Unión Europa, a ser el segundo más rico, con la presión fiscal más baja del continente.

Analicemos ahora el dato de recaudación de la OCDE. Decía la niña Deyanira, mi maestra de primer grado, que no se puede sumar chayotes con tacacos. Tampoco se pueden comparar. Para obtener datos comparables, la OCDE aplica la misma metodología de medición de los ingresos del gobierno a todos los países, y resulta que los de Costa Rica rondan el 22 % del PIB. Ciertamente inferior al promedio de los países ricos (34 %), pero muy superior al 13 % que nos pondría al nivel de países con Estados fallidos.

La diferencia entre lo que nuestro país reporta como ingresos tributarios (aprox. 13 %) y lo que la OCDE considera los ingresos reales del gobierno (aprox. 22 %) radica en el hecho de que Costa Rica es el país de los eufemismos. A los reos les decimos privados de libertad, a los gordos alentados y a los impuestos al trabajo les llamamos contribuciones a la seguridad social. Como si fueran voluntarias.

La mayoría de los países con sistemas de seguridad social los financian con impuestos al trabajo o a la planilla, y por ello la OCDE considera nuestras “contribuciones” obligatorias como lo que son: impuestos. De ahí surge la cifra del 22 % del PIB, la única que resulta comparable con el resto de las que publica esa organización. La de Irlanda anda por el 24 %.

Recorte del gasto. Otro mito bastante difundido es que recortar el gasto tomaría mucho tiempo, por lo que para eliminar el déficit es necesario subir primero los impuestos. Si bien es cierto mucho del gasto está comprometido por ley y para recortarlo hay que modificar leyes, también es cierto que para aumentar la recaudación hay que aprobar leyes que creen nuevos impuestos, aumenten las tasas de los existentes o den nuevos poderes confiscatorios a las autoridades tributarias.

En otras palabras, no es más fácil aumentar impuestos que recortar gastos, y la prueba está en que Costa Rica lleva 16 años intentando aprobar un paquete de impuestos y no lo ha logrado. Pero hay algo más interesante.

En el 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que si congeláramos los salarios del sector público, se reduciría el gasto hasta en un 1 % del PIB al año. Mantener el empleo público constante produciría un ahorro adicional hasta del 0,35 % anual. Estamos hablando de medidas que no requieren de una modificación legal para su adopción, ni involucran el despido de personal.

Estas medidas, junto con otras contempladas en el estudio del FMI (que requerirían de trámite legislativo), producirían un ahorro hasta del 2 % del PIB, siempre sin disminuir la planilla estatal. Algo se puede ahorrar limitando y moderando el pago de anualidades y otros pluses como prohibición y dedicación exclusiva, además del décimo quinto salario anual que reciben los educadores. Y si entramos a considerar propuestas como la ley CERRAR del diputado Ottón Solís y otras del diputado Otto Guevara, para vender activos y simplificar el aparato estatal, el ahorro sería aún más significativo.

Hablar de congelar salarios no es popular, pero el crecimiento real (es decir, por encima de la inflación) de los salarios del sector público entre el 2010 y el 2016 fue 10 veces superior al del sector privado. Ante la gravedad de la situación fiscal, y en la cola de semejantes ganancias, los sindicatos podrán entender que es preferible socarse la faja voluntariamente. La alternativa es sentarnos a esperar la crisis y que, como parte del rescate que nos ofrezcan, nos exijan ya no congelar, sino recortar salarios y despedir personal. Todavía estamos a tiempo para actuar.

El autor es economista.