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Marcada diferencia

La indiferencia ante las necesidades de los pacientes y los peligros de la emergencia sanitaria es repugnante en la CCSS

Ni los 46 funcionarios del Laboratorio de Soluciones Parenterales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni los otros 164 empleados participantes en la huelga del 14 de julio contra la ley de empleo público tienen la menor oportunidad de afectar el trámite de la legislación. Tampoco tienen, según la ley, posibilidad de declararse en huelga.

No obstante, lo hicieron y la institución no movió un dedo para hacerlos responsables de la infracción. Cincuenta cirugías fueron pospuestas y, en circunstancias de pandemia, el laboratorio dejó de producir el suero fisiológico requerido para aplicar la vacuna de Pfizer contra la covid-19.

La indiferencia ante las necesidades de los pacientes y los peligros de la emergencia sanitaria es repugnante, pero el caso también contrasta la actitud de dos altos mandos de la institución, uno encomiable y el otro no tanto. Esteban Vega de la O, gerente de Logística, no se cruzó de brazos y procuró documentar el abuso en el laboratorio. Pidió a Wady Vega Solís, jefe de la Dirección Jurídica, el levantamiento de un acta notarial para actuar judicialmente contra los huelguistas.

En la nota, Vega explica las consecuencias de suspender la producción programada de cloruro de sodio en 50 ml con el obligado ajuste del resto de la planificación de labores esenciales para combatir una enfermedad que ya cobra más de 5.200 víctimas. El acta nunca se hizo.

Consultado don Wady, explicó que no fue posible visitar el laboratorio «en horas de la tarde». La respuesta es parte de un correo electrónico enviado por Kattia Chacón, funcionaria de la Gerencia de Logística, quien agregó: «Se consideró que no tenía pertinencia lo requerido en el oficio de la Gerencia».

No queda claro si el acta no existe por ser una petición impertinente o por imposibilidad de ir al laboratorio en la tarde. Ninguna de las dos razones fue explicada de manera convincente. Por eso, el periodista insistió y consiguió dos nuevas respuestas del director jurídico: primero dijo que el laboratorio ya estaba cerrado y, luego, que la notaria se regresó cuando conoció la detección de un caso de covid.

Al parecer, la petición de Vega era pertinente, porque la Dirección Jurídica envió una notaria, pero no queda claro si la abogada se desplazó con mucha lentitud o si la covid llegó antes y fue detectada, para su suerte, con mucha celeridad. Lo cierto es que no hay acta, para alivio de los infractores y zozobra de la sociedad.

agonzalez@nacion.com

Armando González R.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.