Los seis de la confusión

Un legislador dice que uno votó de tal forma; el otro sostiene que no. Y, para mayor confusión, no hay prueba, pues el sistema informático no registró cómo votó cada uno.

De los seis diputados, probablemente cuatro hayan estado a favor de mantener la exoneración y dos, en contra. Así, lo determinó la presidenta de la comisión, Franggi Nicolás, al atribuirle a Carolina Hidalgo un voto por la preservación del «statu quo». Pero Hidalgo asegura haber votado al revés.

Entonces, lo único claro es que los diputados enterraron el plan que generaría ¢40.000 millones para financiar a Hacienda y los mismos salarios de los funcionarios.

Al espectáculo legislativo se suman Jorge Fonseca, quien no recuerda cómo votó, aunque Nicolás lo registró a favor, y la falta de registros, señal inequívoca de inseguridad jurídica.

El caos denota falta de transparencia y desorden. Lo dicho por Fonseca, acerca de que hubo confusión debido a «la numeración de las mociones» porque ninguno de los diputados lo tuvo claro, aumenta la duda sobre la seriedad en el trámite de un proyecto de ley. Pero hay más.

Sepultar el impuesto es favorecer a los funcionarios que más ganan. La moción populista de José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio, beneficia a una élite.

El impuesto solo afectaba, gradualmente, al 23 % de los empleados públicos, es decir, a quienes devengan más de ¢840.000. El resto seguía exonerado.

No hay que ignorar lo esencial: de no reducirse los costos de la planilla de los aproximadamente 330.000 funcionarios en las 325 instituciones y la minoría de pensionados de lujo con cargo al presupuesto nacional, la deuda pública crecerá como bola de nieve.

En el 2022 es probable que llegue al 74 % del PIB (por encima del límite natural del 50 %) y cuanto más se incremente, mayores sacrificios para la calidad de vida ciudadana a costa del Estado. Las exoneraciones son un botín político. Dan votos, pero hunden al país.

amayorga@nacion.com