El cuadro político parece mantenerse complicado para las próximas elecciones. Todo indica que, como en los anteriores comicios, el voto se va a atomizar y el próximo gobierno enfrentará una Asamblea Legislativa compuesta por diferentes fracciones, lo cual se traduce en graves problemas para llegar a acuerdos debido a las graves divergencias políticas.
Con el actual Reglamento legislativo se necesita una mayoría calificada para avanzar en una nueva legislación. De ahí la importancia de valorar muy bien cada voto. No podemos como sociedad seguir fraccionando el poder.
El nuevo presidente debe tener la suficiente fuerza para resolver los problemas prioritarios e impostergables, como la creciente deuda pública, el déficit fiscal, la tramitomanía, el transporte público, las interminables presas, la liquidez, el ordenamiento territorial, los impuestos, la reingeniería del sector público, la infraestructura, la estructura de las pensiones y salarios de privilegio, los altos costos y la calidad de los servicios de la CCSS, las aspiraciones de la población LGBTI y el cambio climático .
Los partidos y candidatos deben analizar y presentar soluciones viables política y financieramente. No estamos para planteamientos populistas. Costa Rica merece encontrar soluciones uniendo esfuerzos y voluntades. El caudillismo y las dinastías políticas perdieron fuerza. Tenemos una nueva sociedad pluralista que no acepta imposiciones.
El entorno social, cultural, económico y político ha cambiado. Por ello, los debates políticos deben profundizarse con seriedad. Algo tenemos que hacer como sociedad para salir del estancamiento. Todos los problemas actuales son complejos y se necesita capacidad para resolverlos; no obstante, la tarea prioritaria es resolver el problema del empleo, la competitividad y la inversión para crecer con mayor inclusión.
Empleo. Invertimos más del 8 % del PIB en una educación de calidad y pertinencia preocupantes. En las evaluaciones internacionales PISA, salimos con malas calificaciones en ciencias, lectura y matemática, en referencia al promedio logrado por los países de la OCDE.
Es neurálgico que solo el 7 % de nuestra población graduada en colegios públicos domine el inglés. No parece acertado que solo el 10 % de los jóvenes que hacen pruebas para ingresar al TEC sean aceptados y solo el 25 % de los estudiantes que ganaron el examen de admisión en computación de la UCR sean aceptados.
Algo anda mal en nuestra educación superior cuando solamente el 17 % de los 50.000 graduados universitarios, anualmente, pertenecen a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
En carreras técnicas relacionadas con la tecnología, los resultados son raquíticos, y para el 2018 pueden perderse más de 20.000 nuevas oportunidades de trabajo por escasez de recursos humanos calificados.
Los programas de capacitación y formación del INA carecen de eficacia. De las encuestas entre los empresarios sobre la labor del INA, solo el 30 % considera que los egresados responden a las necesidades del sector productivo y más del 40 % de los empresarios ni siquiera conoce la oferta curricular.
Existen más de 900.000 costarricenses en el mercado informal y eso significa el 45 % de los trabajadores, de los cuales el 30 % están desempleados. Más de 150.000 jóvenes no estudian ni trabajan, con el riesgo de permanecer rezagados en el mercado laboral.
Nuestro modelo educativo nos obliga a grandes cambios: incorporar los modelos de teletrabajo, la educación dual, las jornadas partidas o acumuladas, una reforma al INA, incorporar nuevos profesionales en inglés en la enseñanza pública y estimular más graduados en carreras de alta demanda mediante acuerdos con el Conare y el Conesup.
Competitividad. Cada año se repiten los mismos factores que nos restan competitividad. En el Foro Económico Mundial del 2016-2017, estamos ubicados en la posición 47 de 137 países. En la calidad de infraestructura quedamos en la posición 65 a escala global. En infraestructura de carreteras, estamos en la posición 123, en infraestructura portuaria en la 102, en aeropuertos en la 64 y en calidad de la electricidad en la 37. En infraestructura ferroviaria estamos en las últimas posiciones por su situación tan precaria.
En relación con los precios de la electricidad en media tensión, triplicamos las tarifas promedio de Estados Unidos, lo cual nos saca de competencia para muchas actividades industriales. Sin embargo, no se ha discutido en esta campaña electoral la viabilidad política de la apertura del mercado en generación y distribución eléctrica.
En cuanto a infraestructura, es conveniente definir claramente la importancia de las alianzas público-privadas para salir del actual estancamiento y de la problemática de mayor endeudamiento del Gobierno. Es urgente la necesidad de incorporar más concesiones en el desarrollo de nuevas obras públicas y modificar totalmente la cultura y capacidad ejecutiva del Consejo Nacional de Concesiones.
Para carreteras prioritarias como la radial a Heredia, Cartago, Barranca, Cañas, Circunvalación y la solución al transporte de pasajeros (tren, metro y tranvía) es clave la concesión.
En cuanto a la conectividad, no es posible que estemos hablando de 3,9 Mbps, cuando el promedio global es de 7 Mbps y en Corea es de 26 Mbps. Esto nos obliga a ejecutar los fondos de Fonatel para revertir tan vergonzosa posición.
Inversión. No cabe duda de que el próximo presidente de Costa Rica debe tomar medidas complejas en la parte fiscal y, ante todo, en el control del gasto público. Debemos continuar esforzándonos por impulsar la inversión extranjera directa en sectores como turismo, infraestructuras y clústeres de alto valor agregado.
Esto nos exigirá desarrollar una nueva generación de incentivos, mantener la seguridad pública, seguir los programas de integración al mercado mundial y crear mayores encadenamientos. Costa Rica recibe más de $3.000 millones en inversión extranjera, con una generación anual de más de 13.000 empleos.
Pese a que el país posee grandes atributos, también tiene muchas falencias que deben ser corregidas. Mejorar la conectividad, la infraestructura, la educación y el costo de los servicios públicos es fundamental para impulsar el crecimiento económico. No sigamos sacrificando la inversión en obra pública para corregir el problema fiscal.
Los candidatos y los diputados que sean elegidos tienen la palabra en estos complejos retos políticos. No cometamos el error de posponer los temas centrales que agobian a nuestra patria.
No puede ser que los debates se concentran en el ataque personal y no en la presentación de ideas, equipo de trabajo y programas por desarrollar en los próximos cuatro años. La situación macroeconómica es compleja, la deuda del Estado superará el 56 % del PIB, el déficit será superior al 6 % del PIB en el 2018 y, prácticamente, el ahorro interno desaparecerá.
Necesitamos como sociedad responsable hallar soluciones sostenibles antes de caer en una crisis de altos costos sociales, políticos y económicos.
El autor es ingeniero.