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Los amigos del ambiente son bienvenidos en el comercio

La incorporación de la variable ambiental en el intercambio comercial entre los países y en las políticas de atracción de inversiones es cada vez más una condición obligatoria

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala de manera contundente la innegable contribución humana a la modificación del clima y el impacto en el ambiente y la calidad de vida.

Un incremento en la temperatura de 1,5 °C (ya llegamos a 1,1 grados) con respecto a la época preindustrial se torna cada vez más cercano, a menos que se emprendan acciones drásticas para la transformación de múltiples actividades económicas, entre estas, energía, transporte, agricultura y ganadería.

El comercio y la inversión internacionales son aliados imprescindibles para encarar los desafíos climáticos, la pérdida de biodiversidad y mejorar las condiciones ambientales y sociales en que se llevan a cabo la producción y el consumo de los bienes y servicios.

La incorporación de la variable ambiental en el intercambio comercial entre los países y en las políticas de atracción de inversiones es cada vez más una condición obligatoria.

Los requisitos ambientales exigidos a los productos y para los procesos de producción son objeto de especial atención debido a sus efectos en el acceso a los mercados y la competitividad empresarial, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas compañías (pymes) y su potencial contribución a mejorar el medioambiente.

Los requisitos pueden ser reglamentos obligatorios o instrumentos de carácter voluntario, pero constituyen oportunidades o desafíos para los productores.

Los reglamentos y normas establecen condiciones relacionadas con el contenido de los productos, la prohibición de ciertas sustancias o procesos, el uso de materiales reutilizados, el grado máximo de determinados residuos químicos, la reducción de la huella de carbono o de la huella hídrica y los materiales reciclables y degradables.

Se han sugerido también ajustes en las fronteras para la entrada de productos provenientes de naciones donde imperan los bajos estándares ambientales, sobre todo en lo referente a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Recientemente, la Unión Europea presentó formalmente un borrador que tendría implicaciones para los bienes cuya huella de carbono sea alta a consecuencia de políticas domésticas menos rigurosas para la producción.

Canadá anunció que analiza iniciativas similares. Leyes y políticas nacionales se han orientado a restringir, de una u otra manera, la importación de productos causantes de la deforestación en sus países y, por el contrario, promueven los llamados «commodities» libres de deforestación, sea para el consumo o empleo en otras áreas. Los biocombustibles son ejemplo de esto último.

Un número creciente de acuerdos voluntarios entre vendedores, compradores y organizaciones no gubernamentales comienzan a desempeñar una función influyente en la demanda de determinadas características de los bienes. Y, cualitativamente, los requisitos ambientales muestran una tendencia a ser más estrictos y complejos.

Estas y otras disposiciones significan ventajas y desventajas para un país como el nuestro, poseedor de una rica biodiversidad y reputación verde:

Primero, los requisitos ambientales cobijan a sectores de especial interés, como el agrícola, el forestal y el pesquero, aunque gradualmente se han extendido a una amplia gama de actividades productoras de bienes y servicios.

Segundo, estas disposiciones pueden afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas, porque estas carecen de acceso oportuno a la información y de la posibilidad financiera y técnica de reconvertir rápida y fácilmente sus mecanismos productivos para hacer frente a las nuevas exigencias.

Tercero, muchos de estos productos son sensibles a un aumento en los costos de producción y su consecuencia inmediata es la pérdida de competitividad.

Cuarto, la participación de los países en desarrollo en la formulación de las normas internacionales no parece posible por razones financieras y de otras índoles.

Asimismo, se alega que las tecnologías o insumos disponibles para cumplir los nuevos parámetros no se encuentran fácilmente disponibles por diferentes razones, por ejemplo, en Costa Rica, una traba es el registro de agroquímicos más beneficiosos para el medio, que permitirían cumplir adecuadamente los requisitos para la exportación.

Tecnologías de última generación no siempre están al alcance de los productores debido al alto costo o protección de derechos de propiedad intelectual, tal es el caso de las sustancias que agotan la capa de ozono o ciertas energías renovables.

Sin embargo, a la vez, surgen oportunidades para los llamados «bienes ambientalmente amigables», potenciales nichos para ciertas actividades, especialmente las relacionadas con el uso de recursos naturales.

Mercados y consumidores se han vuelto más conscientes y piden un mejor desempeño ambiental a quienes elaboran los productos, lo cual tendrá un impacto en la forma tradicional de hacerlos.

A este movimiento se han unido las denominadas «compras públicas sostenibles», que pretenden utilizar el poder de adquisición del Estado para premiar a quienes ofrezcan bienes y servicios más amigables con el medio o que consideren criterios sociales en estos, como emplear a personas provenientes de grupos particularmente desfavorecidos.

Es bueno hallarnos ante una comunidad mundial más interconectada y consciente de la magnitud y consecuencias de los problemas ambientales y del papel que desempeñan los ciudadanos y el Estado (como consumidor) para solventarlos.

Para Costa Rica surgen oportunidades para promover un desarrollo económico y social basado en la llamada bioeconomía, que facilite la competencia en los mercados internacionales mediante usos innovadores de nuestros recursos biológicos.

jorgecmedaglia@hotmail.com

El autor es abogado.

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