Jorge Woodbridge. 5 abril

Qué fácil es hablar del fortalecimiento de las finanzas públicas, de mayor bienestar y mejor distribución de la riqueza, cuando la factura no se reparte equitativamente. El Estado elefantiásico devora en planillas y privilegios los impuestos que pagan las empresas privadas y los profesionales privados que gracias a su preparación logran conseguir salarios mayores a los ¢800.000 y, por ello, pagan el impuesto sobre la renta.

¿Por qué creen que los sindicatos están en contra de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? Porque es ahí, en el Estado, donde hasta un chofer puede ganar ¢2,5 millones. Obviamente, le tocará pagar más impuestos si el proyecto se aprueba.

Qué fácil hablar del Estado democrático proveedor de mejores servicios económicos, ambientales y equidad. Pero la realidad, es que nuestro actual modelo de Estado gigante ya no está cumpliendo con su labor de desarrollo social y económico. La mejor prueba fue la primera ronda de las elecciones recién pasadas: el grueso de los votos a favor de Fabricio Alvarado se registró en zonas fronterizas, rurales y costeras, en donde se concentran grandes porcentajes de población pobre y excluida.

Tenemos más de dos décadas de no lograr reducir la pobreza que hoy afecta a un millón de costarricenses.

¿Cómo pediremos nuevos impuestos sin antes analizar los graves problemas estructurales que hemos creado, con un Estado expansivo que lo que ha alimentado es una burocracia que se ha vuelto inamovible y privilegiada?

La Asamblea acaba de aprobar limitar a un 1,94 % del salario base el pago de las anualidades del sector público. Algunas instituciones pagan más del 5 %. Pero aquí está la trampa: sería para empleados viejos y nuevos de todo el aparato estatal, porque la anualidad no es un derecho adquirido. Sin embargo, no abarcaría a los funcionarios de entidades públicas en donde, mediante una convención colectiva, se haya fijado un monto mayor, pues las convenciones colectivas tienen rango de ley. ¡Y resulta que en el país, de los 330.000 empleados del sector público, 124.000 están beneficiados por ellas, lo cual representa un 42 %!

¿Cómo podemos hablar de productividad estatal, si llevamos más de 30 años construyendo la carretera a San Carlos y todavía no se tiene claro el diseño y el costo. Cabe recordar que el actual presidente, Luis Guillermo Solís, fue uno de los abanderados contra la concesión a OAS, junto con el Foro de Occidente. Eso nos costó $35 millones de indemnización a dicha empresa. Han pasado cuatro años y, según Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, es probable que el valor de los peajes sea superior a ¢4.000 bajo el modelo de fideicomiso. Con OAS, se calculaban en ¢3.930 (ida y vuelta).

No es posible que a pesar de tener los recursos aprobados por bancos internacionales, todavía no hemos podido terminar la Circunvalación Norte, el viaducto de las Garantías Sociales, el puente nuevo del Saprissa, la intersección de Guadalupe, la ampliación de la 32, la vía Lindora, la rehabilitación de la vía Barranca-Liberia, el plan maestro Portuario del Pacífico y decenas de otros proyectos puntuales de puentes y cuellos de botella.

No podemos estar pagando ¢984 millones en intereses de un fidecomiso de $167 millones, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace más de cuatro años para construir 80 centros educativos.

Más impuestos. Tenemos más 35 años de crear privilegios en remuneraciones, pensiones y transferencias, que nadie se atreve a cuestionar. Hemos desarrollado una creatividad impresionante para generar nuevas instituciones sin financiamiento, sin mediciones y sin plazos. No podemos seguir este camino de irresponsabilidad con el sector público. El sistema salarial debe revisarse integralmente. No deben aceptarse salarios y pensiones de ¢16 millones.

El pueblo está indignado de tantos privilegios y leyes que los protegen. Si el nuevo gobierno de Carlos Alvarado y el Congreso nos solicitan nuevos impuestos, se debe primero decir claramente cómo se va repartir la factura. Quizá es hora de retomar el proyecto CERRAR de Ottón Solís, que, como él mismo escribió en estas páginas de La Nación, tendría como fin mejorar los resultados de la inversión social y reducir los gastos administrativos derivados de la ejecución de esa inversión. CERRAR es el acrónimo de Cerrar instituciones, Eliminar duplicidades, Reunificar funciones, Redefinir rectoría, Ahorrar recursos y Reducir la pobreza. ¿Muy prometedor, no es cierto?

No podemos seguir endeudándonos para sostener un Estado ineficiente y gigantesco. No podemos mantener más de 400 pluses respaldados por convenciones colectivas. Nada hacemos con aprobar un proyecto de fortalecimiento fiscal sin antes ordenar el empleo público y establecer mecanismos de rendición de cuentas, con plazos y metas definidas. Es irresponsable pedir más impuestos si antes no establecemos las herramientas para controlar los gastos, las exoneraciones, la inercia salarial y las inflexibles transferencias.

No podemos cargar con más impuestos indirectos que van a afectar a los que cuentan con menores recursos, sin hacer un diagnóstico valiente de quÉ instituciones y empresas inoperantes deben fusionarse o cerrarse.

Sector público. El Gobierno Central solo comprende el 36 % del presupuesto de todo el sector público, que llega a la suma de ¢25,7 billones, lo cual equivale al 73 % del PIB. El Gobierno representa ¢9,4 billones, equivalentes al 26,9 % del PIB, y el resto del sector descentralizado ¢16,3 billones, que representan un 46,7% del PIB.

Hemos creado un Estado enorme con más de 300 instituciones donde la remuneración significa el 24,3 % de los gastos aprobados, y los famosos pluses crecen en forma geométrica y a nadie parece preocuparle.

Hay instituciones, como el Grupo ICE, que ni siquiera abren sus libros contables para analizar sus finanzas. El Gobierno transfiere ¢3,37 billones a las universidades, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, sin poder pedir cuentas claras de resultados y el desarrollo de nuevos programas. Nuestro gasto social es de ¢4,5 billones sin que tengamos resultados claros de los logros en pobreza, mejoramiento de la calidad de la educación, salud y vivienda.

Solo un remiendo. No cabe duda de que el actual proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no es una solución total. Solo recaudará el 1,9 % del PIB y los ahorros que se proyectan son solo del 0,1 % del PIB. Todo el ajuste fiscal recaerá con mayor fuerza en los empresarios y los trabajadores.

El nuevo IVA afectará a una economía desacelerada. El desempleo seguirá igual mientras no se quiten las decenas de trabas que existen para trabajar y formar empresas. Más de 220.000 personas buscan trabajo y el deterioro aumenta cada año mientras no mejoramos la calidad y pertinencia educativa.

El sector informal es casi un 42 %, que equivale a 928.000 personas. Lo preocupante es que todos los gobiernos se han concentrado en dar asistencialismo, sin medir costos, sostenibilidad, duplicidad y efectividad.

La confianza empresarial está seriamente afectada. Esperemos para ver cómo se conforma el nuevo gobierno del presidente electo Carlos Alvarado.

Nuestro nuevo presidente reconoce que solo si las empresas privadas y las instituciones trabajan juntas lograremos salir adelante. El sector privado no puede estar pagando intereses en colones de más del 13 %, con inflaciones que oscilan trente el 2 % y un 3 %.

Hay una agenda nacional alrededor de la cual debemos estar todos unidos con el nuevo presidente. La agenda debe centrarse en la lucha de frente contra la corrupción y la impunidad (¿no por eso le pasó Ottón el sombrero a Carlos?), menos trámites, más flexibilidad laboral, más alianzas público-privadas, más seguridad jurídica, implementación de la enseñanza dual, una enseñanza pública de calidad con pertinencia, mayor austeridad, mejor infraestructura, productividad, fortalecimiento de las finanzas en forma integral y menos violencia.

Todos estamos de acuerdo en que deben hacerse sacrificios, pero sin privilegiar a ningún sector. Seamos solidarios y apoyemos a los más necesitados, pero no pospongamos las soluciones.

Carlos Alvarado, usted ha recibido un importante apoyo del pueblo costarricense para reducir la inequidad y lograr un Estado más pequeño, eficiente, solidario y competitivo. Estamos todos comprometidos en apoyarlo, pero no debe fallarnos.

El autor es ingeniero.