Armando Mayorga. 9 junio

La irresponsabilidad del gobierno y los diputados al proponer y aprobar una condonación de créditos a agricultores «afectados» por la pandemia quedó más que expuesta en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República.

Ante la Sala IV, en la impugnación de la Ley 9996, la contralora, Marta Acosta, no se guardó calificativos. Señala que el perdón de deudas se da «sin reglas y de manera complaciente» y sin «estudios técnicos».

También, recrimina el «uso abusivo» que hacen los diputados de su poder de legislar, lo cual, en este caso, en grave detrimento de la Hacienda pública.

Asimismo, deja al desnudo la farsa. En la exposición de motivos de la ley, se alegó que la condonación de ¢6.242 millones pretende mitigar el perjuicio causado por la pandemia a los agricultores. Sin embargo, la Contraloría arroja luz al respecto: un 82 % de ese monto, ¢5.515 millones, no está ligado a la emergencia sanitaria. Se trata de créditos que arrastran morosidad antes de la covid-19.

Varias veces, Acosta cita que en el trámite de la ley y en los beneficios hay «opacidad». Esta falta de transparencia justifica, asevera, declarar inconstitucional el privilegio dado a un grupito que, gracias al gobierno y los diputados, no está obligado a documentar que realmente por la crisis originada por el virus es incapaz de pagar los créditos.

Lo de grupito está sustentado. La acción de inconstitucionalidad pone como referencia al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, y el dato que dio en declaraciones a La Nación el 4 de abril: «Hemos encontrado que el 93 % de las personas (beneficiadas) tiene el 24 % de la deuda total. Y alrededor del 75 % del monto lo tiene un 7 % de los deudores».

Ergo, dice la contralora, «incluso por parte del ministro rector existen serias dudas sobre la aplicación de la ley».

Lo que mal comienza mal termina. Es de prever que los argumentos de la Contraloría convenzan a los magistrados sobre los atropellos que hay en esta ley y sobre el perjuicio para los contribuyentes. Moraleja. La aprobación de esta norma costó decenas de millones de colones en tiempo y salarios de funcionarios y diputados. No más juego con el dinero público.

amayorga@nacion.com