En la sección “Cartas a la Columna” de “Opinión” de La Nación, del sábado pasado, fue publicada una queja de un lector en la cual se refleja claramente el problema de tramitomanía imperante en el país.
Francisco Sánchez Ramírez describe en su carta las penurias que debió pasar para obtener una certificación de pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Cuenta cómo tuvo que ir a una oficina, donde solamente atienden por las mañanas. Ahí, le informaron de que debía comprar un timbre de Archivos de ¢5, el cual vendían en otra oficina. Cuando llegó a dicho lugar, estaba cerrado. Tuvo que trasladarse a un sitio más lejano, con lo que eso representa en gasto de tiempo, gasolina y parqueo.
Con el timbre en mano, llegó finalmente a otra oficina para terminar el trámite de la certificación. ¡Al fin! Pero resulta que el funcionario que lo atiendió esta segunda vez, le manifestó que el timbre de ¢5 no era necesario para el trámite que estaba ejecutando.
En esta historia, don Francisco debe efectuar un trámite poco claro. Un funcionario en una oficina lo lleva a cabo de una manera, mientras que otro lo hace diferente. Los trámites en Costa Rica están a merced de la discrecionalidad de los funcionarios de turno. Cada uno actúa como mejor le parece, e incluso le agrega pasos innecesarios o que ni están contenidos en alguna ley o reglamento.
La arbitrariedad con la que se agregan requisitos a los trámites complica la vida a todos, y beneficia a pocos. Empezando porque el costo de producir el timbre es probablemente más caro que los ¢5 indicados en la carátula. Súmele a eso el gasto en que debe incurrir quien trata de cumplir el trámite. Como don Francisco, que tuvo que ir del tingo al tango, gastando tiempo, gasolina, parqueo, etc., y, luego, sume el costo de los funcionarios que tuvieron que atenderlo en las distintas etapas del proceso. A todas luces, el costo final es mucho mayor que el de producir el timbre de ¢5.
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Siendo malpensado, hasta podría surgir algún funcionario a quien se le ocurra complicar los trámites a propósito para luego pedir una coima a cambio de “facilitarlo”.
La tramitomanía genera costos elevados y resta calidad de vida a todos quienes debemos pasar por calvarios parecidos al de don Francisco. Urge la simplificación de trámites y, sobre todo, la eliminación de la discrecionalidad de la que gozan los funcionarios para inventarse pasos innecesarios.
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