EscucharEl gobierno negocia a golpe de tambor con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La mala situación fiscal, agravada por la recesión económica, lo dejó con pocas opciones para financiar el gran déficit y pagar los vencimientos de la deuda vieja.
La administración podría no recurrir al FMI. Para ello tendría que convencer a los inversionistas de que el país tendrá la capacidad, en el futuro, de pagar de vuelta el dinero que le presten hoy. Eso se lograría solo si se adoptan medidas que reduzcan el déficit primario en un periodo razonable (de 3 a 4 años) y hagan que la economía retome la senda del crecimiento.
Un eventual acuerdo con el Fondo ayudaría a hacer menos doloroso el impacto de los ajustes. Es deuda más barata que la que el gobierno puede conseguir en los mercados financieros. Además, tener un acuerdo con el Fondo le daría cierto “sello de garantía” con el cual los inversionistas estarían dispuestos a prestar al país dinero a tasas más bajas.
Pero para lograr el acuerdo con el Fondo, el gobierno tendría que convencerlo de que tomará las medidas que reducirían el déficit primario y que harían a la economía crecer de manera más vigorosa.
Con Fondo o sin él, el gobierno debe adoptar medidas estructurales que cambien el rumbo que ha llevado la economía durante los últimos diez años. No hay otra.
Debe actuar para reducir el gasto público, no solo que deje de crecer. El tamaño del gobierno debe adecuarse a las nuevas necesidades, tomando en cuenta que la economía se ha hecho más pequeña que antes. La reforma a los esquemas de empleo público y de compras públicas son vitales.
Debe también mejorar el esquema tributario para que sea menos distorsionador, con tasas de impuestos más bajas y menos dispersas, y menos exenciones. Eso facilitaría el pago y el cobro de impuestos y, con ello, se reduciría la informalidad, la evasión, la elusión y el contrabando.
El gobierno debe adoptar reformas estructurales que fomenten el crecimiento económico. Ya lo hemos dicho múltiples veces en estas “Letras de cambio” y la OCDE lo resume muy bien en su último informe sobre Costa Rica: es necesaria una mejor educación e infraestructura, más competencia en sectores que operan como monopolios u oligopolios, públicos o privados, y menos trámites para fomentar más emprendimientos.
El autor es economista.
