Luis Mesalles. 17 julio

El presupuesto extraordinario presentado por el gobierno apunta en la dirección correcta, pero se queda corto.

Según calcula la Contraloría, la recaudación de impuestos decrecerá poco más de ¢1 billón, producto de la drástica caída en la producción. Ante la situación, a la administración no le queda otra que socarse la faja, y de ahí la propuesta de una reducción neta de gastos por casi ¢200.000 millones.

Los recortes más significativos serán en inversión pública, cuyo problema es que perjudica la capacidad del país de hacer frente a la creciente deuda en el futuro. El otro recorte grande es en incentivos salariales, una medida de carácter temporal.

Tomando en cuenta muchos menos ingresos y algo de recorte de gastos, el déficit terminará creciendo algo más de ¢800.000 millones, el cual será financiado con más deuda.

Para que nuestro país tenga la capacidad de pagar esa deuda en el futuro, los ajustes fiscales deben ser más osados. Deben ser de carácter estructural y permanentes. La OCDE, en la presentación del estudio económico para Costa Rica 2020, señala posibles acciones en esa dirección.

Reformar el empleo público. Simplificar el sistema de remuneraciones de los funcionarios con el fin de hacerlo más claro y controlable. Con ello, mejoraría la eficiencia del Estado y eso ayudaría a reducir las grandes diferencias salariales existentes en el sector público, y de este con el privado.

Reformar el sector público, para reducir su fragmentación actual en cientos de instituciones, eliminar duplicidades y mejorar la asignación de responsabilidades, que hoy son poco claras en muchas instituciones.

Mejorar el sistema de contratación pública mediante el uso de plataformas electrónicas, centralizar compras y eliminar exenciones que conceden a algunos oferentes exclusividad, particularmente entre instituciones públicas.

Efectuar una reforma tributaria con miras a aumentar la base contributiva, sin tocar tasas. Para ello, la OCDE propone eliminar las exoneraciones a cooperativas, al aguinaldo y al salario escolar, y las del IVA de que gozan servicios de salud y educación privados. También planteó la sustitución de una parte de las cargas sociales patronales por un mayor impuesto a las propiedades. Para cerrar la brecha fiscal y mejorar la eficiencia económica, debemos analizar bien estas propuestas de la OCDE.

El autor es economista.