EscucharCosta Rica se distingue en Latinoamérica por ser un país donde la institucionalidad funciona más o menos bien. Digo más o menos porque en épocas recientes hemos encontrado algunos aspectos que necesitan revisión.
Las reglas son relativamente claras y estables. No es como que las cambian a cada rato o de manera arbitraria. Más bien, la queja suele ser porque todo camina muy lentamente y, cuando hay que cambiar alguna normativa o regulación, la discusión suele alargarse eternamente.
Esa lentitud en el actuar, si bien puede ayudar, en el sentido de que se conoce cuáles son las reglas, no ayuda al Estado a funcionar eficiente y eficazmente. Muchas normativas y regulaciones pierden sentido con el tiempo, sin que se reformen o se eliminen. Abundan ejemplos de instituciones que han perdido su razón de ser y se han vuelto obsoletas: CNP, Japdeva, Fanal, Recope.
Conforme pasa el tiempo, sin que haya cambios, las regulaciones e instituciones se convierten en un lastre para la sociedad. A pesar de eso, surgen las excusas de que no se puede cambiar lo pasado porque son “derechos adquiridos”.
Así es como grupos de trabajadores se aferran a beneficios laborales extraordinarios, otorgados en algún momento específico y bajo condiciones particulares, como si estos debieran ser eternos e inamovibles. Igual algunos grupos empresariales, que pretenden mantener ganancias extraordinarias, provenientes de algún poder monopólico adquirido por alguna regulación especial.
En un mundo cambiante, cada vez más dinámico, se vuelve fundamental revisar en forma periódica la institucionalidad. Las leyes, normativas e instituciones deben ser flexibles para adecuarse a las circunstancias de cada época. Lo que funcionaba hace unos años, no necesariamente funciona o es sostenible hoy. Lo que en algún momento pudo haber sido bueno para la sociedad, y en particular para los ciudadanos, puede ser que hoy más bien la perjudique.
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Esos principios son, precisamente, los que promueve la OCDE: instituciones y regulaciones flexibles, con el fin de lograr Estados eficientes, que contribuyan a incrementar el bienestar de todos los ciudadanos.
Si Costa Rica quiere seguir las buenas prácticas de los miembros de la OCDE, debe revisar su institucionalidad, bajo la visión de que nada está escrito en piedra y el ciudadano debe volver a ser el centro de toda política pública.
El autor es economista.
