Ya se ha dicho que el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas es necesario, pero insuficiente para resolver el grave problema fiscal que afronta el país.
Es un primer paso, necesario para traer calma a los mercados y con ello evitar que el gobierno colapse por falta de liquidez. Pero no es suficiente porque para estabilizar la deuda pública se requiere un ajuste adicional, de manera que el déficit primario tenga una reducción total de cerca del 4 % del producto interno bruto (PIB).
La estimación original del gobierno es que el proyecto fiscal le generaría ingresos adicionales equivalentes al 1,7 % del PIB. El resto del ajuste vendría por el lado del control del gasto: menores aumentos de salarios y de planilla, crecimiento bajo del presupuesto del 2019 y años subsiguientes, control de destinos específicos, reorganizaciones administrativas. Ojo que el plan no contempla una fuerte reducción del gasto, sino menores tasas de crecimiento. Reduce el crecimiento de algunos privilegios, pero no los elimina. El gobierno calcula que los ajustes de gastos generarían ahorros del 1,9 % del PIB, al cabo de cuatro años.
El problema es que a la sopa le han ido echando agua. Distintos grupos han presionado por rebajas en los porcentajes del impuesto al valor agregado (IVA) en el proyecto de ley y los diputados han cedido. En el capítulo de empleo público, ya de por sí bastante lite, también han aflojado, como la eliminación del artículo del “desenganche” salarial para los profesionales en salud.
La semana entrante el gobierno recibirá una gran presión adicional por la anunciada huelga de los sindicatos. Está claro que el objetivo de la protesta es forzar al gobierno a retroceder en la disminución de los privilegios de los empleados públicos.
Si la administración cede, debilitaría severamente su propio plan fiscal. La pérdida de sustancia del ajuste aumentaría la desconfianza de los inversionistas en la capacidad de pago del país, lo cual nos acercaría, peligrosamente, a una grave crisis de liquidez.
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Además, si como resultado de la presión sindical el ajuste fiscal acaba siendo un simple aumento de impuestos, sin una corrección significativa de cómo se gastan los recursos públicos, se terminaría de resquebrajar la poca confianza en el gobierno que le queda al 85 % de la fuerza laboral que no somos empleados públicos.
Quedaría la sensación de que unos pocos se toman la sustancia y al resto le queda el agua.
El autor es economista.