Además de las muertes, la pérdida de empleo es la consecuencia más nefasta de esta pandemia.
Las cifras de empleos perdidos hasta ahora son claras. A finales de junio, el Ministerio de Trabajo había recibido solicitudes de suspensión temporal de contratos de trabajo y de reducción de jornadas laborales para unas 200.000 personas.
Estas personas se desempeñaban en empresas formales que, con la esperanza de un retorno a corto plazo a su actividad “normal”, decidieron no despedir a los empleados. Conforme se alargue la crisis, algunos de ellos pasarán a ser desempleados.
Según la última encuesta continua de empleo, entre el trimestre de febrero a abril del 2019 y el mismo período en el 2020, el número de ocupados cayó en cerca de 140.000. Pero como los despidos empezaron a mediados de marzo, mi estimación es que, al tomar en cuenta únicamente la última mitad del trimestre, entre marzo y abril algo más de 300.000 empleos se destruyeron.
El número de asegurados reportados a la CCSS fue 85.000 menos en mayo que en marzo. Eso significa que, del resto de desempleados, más de 200.000, la gran mayoría, son informales.
Al sumar los nuevos desocupados, calculados según la encuesta, más los suspendidos y los de jornada reducida, nos da, cuando menos, medio millón de trabajadores afectados por la pandemia. Eso significa que entre el desempleo y el subempleo hay un aumento de unos 20 puntos porcentuales. Una tragedia.
La solidaridad de la gente para con los afectados no se ha hecho esperar. Son muchas las personas que, de manera personal o a través de organizaciones o empresas, hacen llegar su apoyo monetario o en especie a los perjudicados.
El gobierno también ha incrementado la ayuda social. Entre otros, creó el bono proteger para, precisamente, ayudar a ese medio millón de trabajadores. Curiosamente, más de 900.000 personas han solicitado dicha ayuda. Aun si se suman los 300.000 desempleados que había antes de la crisis, quedan más de 100.000 personas que pidieron el bono proteger sin justificarlo.
Aunque han salido noticias de que están investigando algunos casos dudosos, son pocos. El gobierno debe ser mucho más selectivo en la asignación de los subsidios. Las cifras indican que debe haber mucho “colado”. Como la crisis va para largo, hay que pensar que la olla no alcanza para dar de comer a todos.
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El autor es economista.