Luis Mesalles. 17 agosto

Dice el presidente, Carlos Alvarado, que, al igual que la mayoría de los costarricenses, él está indignado. Que está muy molesto por la pérdida de citas y cirugías a causa de la huelga en la CCSS, que puso en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Por esa razón, decidió apurar las negociaciones con una minoría (los sindicalistas) para terminar con el sufrimiento de la mayoría (los demás).

Me parece que no se da cuenta de que la mayoría de los costarricenses estamos mucho más indignados que él. No es posible que una gran mayoría tenga que sufrir por los caprichos de una minoría. Poner en riesgo la salud pública y amenazar con hacer un daño aún mas grave paralizando los servicios básicos, es una forma de chantaje que no debe tolerarse. Hacerlo para obtener privilegios, por encima del resto de la población, es aún más abominable.

Me parece que no se da cuenta de que la mayoría de los costarricenses estamos mucho más indignados que él. Está claro que el problema viene de muy atrás, pero no se vale que el mandatario insinúe que no hizo más porque otros tampoco lo hicieron.

Ya que tampoco todos los funcionarios de la Caja apoyaron la huelga, indigna sobremanera que tan pequeña minoría sea capaz de extorsionar al gobierno y forzarlo a ceder rápidamente.

Si a lo anterior le agregamos las huelgas recientes de educadores, transportistas, estudiantes y otros, más las amenazas de un paro de empleados municipales y policías, nos damos cuenta de que existe una estrategia para luchar por mantener los privilegios de unos pocos. Beneficios que terminamos pagando los demás mediante más impuestos y cargas sociales, alzas en precios y tasas de interés, menos ingreso disponible y más desempleo.

Además de la pérdida en la calidad de vida, a consecuencia del tiempo perdido y la mala calidad de los servicios públicos recibidos durante las huelgas y los bloqueos, indigna que el presidente Alvarado se excuse y culpe a gobiernos anteriores.

Está claro que el problema viene de muy atrás, pero no se vale que el mandatario insinúe que no hizo más porque otros tampoco lo hicieron. O que diga que hay que esperar a que los diputados aprueben la ley que restringe los abusos en las huelgas. El gobierno tiene la obligación, y las facultades, para hacer cumplir las leyes.

La Sala IV acaba de reprenderlo por no haber hecho lo suficiente para levantar los bloqueos de los transportistas en la reciente huelga. Es decir, la administración sí puede hacer más para erradicar bloqueos, chantajes y privilegios de una minoría. Que no lo haga, nos indigna a la mayoría.

El autor es economista.