EscucharLuego de estar a un pelo de caer en el precipicio, el paso dado al aprobar la reforma fiscal, a finales del año pasado, fue recibido como algo muy positivo. No hay duda de que la situación del país es mejor (o menos mala) que hace dos meses. De ahí que el cambio en las expectativas, tanto de inversionistas como de consumidores, fuera notorio.
Sin embargo, esta semana, Fitch se convirtió en la tercera agencia en rebajar la calificación de la deuda de Costa Rica. Al igual que Moody’s y Standard & Poor’s, Fitch advierte que la situación fiscal sigue siendo vulnerable y critica duramente el alto y persistente déficit fiscal. Considera que, aun después de la reforma, el déficit no se reducirá suficientemente rápido. Para quitar la presión existente sobre el financiamiento de la deuda acumulada, el ajuste debería haber sido mucho mayor.
Fitch, además, cree que al gobierno le costará mucho materializar los ahorros planteados en la reforma. Lo anterior porque la mayor parte de esos ahorros provienen del cumplimiento de la regla fiscal, la cual implica la ejecución de grandes recortes al gasto. Fitch considera que el gobierno enfrentará una gran resistencia política y social cuando intente ejecutar las medidas necesarias.
Dado el récord de Costa Rica (no necesariamente del gobierno de Carlos Alvarado), la duda de Fitch es razonable. La huelga contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue apenas un aviso de la manera como los sindicatos defenderán sus privilegios.
De los comentarios de Fitch, surgen dos reflexiones de cara a lo que debería hacer la administración en adelante. Por un lado, el planteamiento hecho por la ministra de Hacienda, de condicionar la aprobación de la emisión de deuda externa al cumplimiento de la regla fiscal, aunque bien intencionado, parece que no ayuda mucho a generar credibilidad. Los inversionistas quieren ver una reducción más rápida del déficit fiscal mediante acciones concretas, y no oír promesas de hacerlo mejor en el futuro.
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Por otro lado, Fitch desnuda la realidad del país. Sin un verdadero recorte de gastos, que vaya más allá de lo que ya se hizo, o de lo que la reforma promete, la situación fiscal no se resolverá. Falta la segunda generación de enmiendas. El gobierno de Alvarado debe seguir firme en ese camino, aunque los grupos de interés protesten. Eso es lo que la mayoría de los ciudadanos queremos ver.
El autor es economista.
