Un estudio de Oxford Economics califica a Costa Rica como altamente vulnerable frente a la pandemia de la covid-19. La cantidad de camas y médicos disponibles en relación con la población en riesgo (adultos mayores) es poca. La situación fiscal de arranque es deplorable y la condición actual del turismo hace que la crisis económica sea más profunda.
En su intento por suavizar los efectos de la pandemia y debido a la escasez de recursos, el gobierno debe tomar decisiones difíciles, muchas veces a la carrera, sin tiempo para medir adecuadamente las consecuencias. Un ejemplo es la ayuda de ¢200.000 propuesta para ayudar a cada desempleado. Si el gobierno procede de forma sumamente selectiva para darles el subsidio a quienes realmente lo requieren, se corre el peligro de que los trámites retrasen la entrega de la tan necesaria ayuda. Por otro lado, si la contribución carece de controles para ser otorgada, se corre el riesgo de que los recursos para cubrir a los más afectados se acaben muy pronto. Sucede parecido con la moratoria del pago de impuestos. Si cualquier empresa puede favorecerse debido a la aplicación generalizada de la medida, las finanzas públicas recibirían un durísimo golpe. Es posible que el Gobierno Central deje de percibir, aunque sea temporalmente, cerca de ¢500.000 millones en tres meses. Es dinero que hace mucha falta. Sin embargo, si se fijan muchos filtros, cabe la posibilidad de que muchas empresas quiebren por causa de los problemas de liquidez derivados de la pandemia.
Se acaba de aprobar un proyecto de ley para autorizar el retiro de los fondos del FCL para trabajadores cuyo contrato haya sido suspendido. Está muy bien porque para eso está diseñado el FCL. No obstante, debido a la premura de que los fondos estén disponibles para los trabajadores, los diputados incluyeron una modificación a la ley del Banco Central y lo autorizaron para comprar bonos del Gobierno en el mercado secundario. Usar la máquina de imprimir dinero para financiar la administración es una práctica muy peligrosa, y por eso la ley actual la restringe para eventos muy particulares y temporalmente. Resulta inconveniente que tal posibilidad se abra de forma permanente e irrestricta. En estos tiempos, hay que hacerle caso al viejo adagio: es mejor ir despacio porque hay mucha prisa.
lmesalles@ecoanalisis.org
El autor es economista.
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