Dada la urgencia de resolver el grave faltante de recursos del fisco, la discusión se ha centrado en cómo aumentar los ingresos del Gobierno y reducir sus gastos. Ha sido, principalmente, un ejercicio contable. Falta, de aquí en adelante, la discusión sobre una verdadera reforma del Estado.
El gobierno debe seguir esforzándose por captar los ingresos de aquellos evasores que no pagan lo que les corresponde. También debe controlar muy bien sus gastos. Pero, sobre todo, debe hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Está claro que, siendo Costa Rica un país pequeño y no rico, no le sobra dinero. Ese es un recurso escaso siempre, del cual el gobierno tiene la obligación de hacer el mejor uso posible.
El crecimiento del Estado costarricense ha sido desordenado. Constantemente se crean instituciones. Muchas veces más con la intención de evadir controles que con un fin estratégico o social. De ahí que existan más de 350 públicas o semipúblicas.
De ahí, también, que sea imperativo revisar muy bien las funciones de cada una de esas instituciones, con el fin de determinar si cumplen a cabalidad los objetivos para los cuales fueron creadas. Cuando se encuentre que alguna ya no cumple ningún fin estratégico o social, debe cerrarse. En otros casos, habrá varias ejerciendo las mismas funciones, o muy parecidas. Debe procederse a eliminar esas duplicidades, unificar funciones (fusionar instituciones) o trasladar funciones de una a otra.
La reforma debe conducir, obligatoriamente, a un ahorro de recursos. El objetivo debe ser una clara reducción del costo administrativo del Estado, con el fin de que los escasos recursos disponibles lleguen adonde tienen que llegar: ayuda a los pobres, mejor educación, más seguridad ciudadana, mejor infraestructura, etc.
Mi planteamiento no es nuevo. Ottón Solís cuando era diputado presentó un proyecto de ley denominado CERRAR (Cerrar instituciones, Eliminar duplicidades, Reunificar funciones, Redefinir rectoría, Ahorrar recursos y Reducir la pobreza). Expediente 19834 que duerme el sueño de los justos.
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El gobierno parecía, por un instante, estar siguiendo la guía de Ottón en lo referente a Fonabe. Se dio cuenta del mal uso de los recursos en dicho fondo de becas y duplicidad de funciones con el IMAS en la administración de recursos para combatir la pobreza.
Decidió cerrar Fonabe, eliminar la duplicidad existente unificando funciones en una sola institución (el IMAS), todo con el objetivo de reducir la pobreza. Pero hasta ahí llegó. Le faltó lo de ahorrar recursos, pues trasladó a los empleados, que estaban ejerciendo mal sus funciones en Fonabe, al MEP. Qué lástima por la oportunidad perdida.
El autor es economista.