Luis Mesalles. 23 febrero

La quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) es la crónica de una muerte anunciada. La mala situación financiera de la institución bancaria era conocida desde hace muchos años, pero nadie tomó la decisión sensata de venderla o cerrarla. Ahora, la acumulación de costos agrega un peso grande a las alicaídas finanzas públicas.

Bancrédito hace rato había perdido su razón de ser. Su función de banco de desarrollo era muy limitada. Como banco comercial era poco competitivo, incluso comparado con otros bancos estatales.

Este es un caso más que demuestra lo difícil de cerrar instituciones públicas en este país

A pesar de ello, distintos gobiernos quisieron ayudar a Bancrédito. Le otorgaron “negocios” que le generaban ingresos fáciles: la administración de fideicomisos, el manejo de fondos de la Banca para el Desarrollo (que no funcionó), la recaudación de los impuestos de salida de turistas, entre otros.

El objetivo era mantener vivo a Bancrédito, sin importar si se generaba algún beneficio social para el país. En el caso del impuesto de salida, por ejemplo, se podría haber optado, muchísimo antes, por incluir el cobro en el boleto de viaje, facilitando con ello la vida a los viajeros.

A pesar de su mala situación económica, y su bajo aporte a la sociedad, los políticos se resistieron a hacer lo lógico: venderlo para con ello reducir el déficit fiscal, agregarle competencia al sistema financiero y así reducir el margen de intermediación; o cerrarlo, y con ello dejar que se acumularan mayores costos para el gobierno y todos quienes pagamos impuestos.

Este es un caso más que demuestra lo difícil de cerrar instituciones públicas en este país. Una vez abiertas, aunque hayan perdido su razón de ser y ya no cumplan con sus objetivos iniciales, los políticos se resisten a cerrarlas.

Claramente hay muchos grupos de interés alrededor de las instituciones, a los cuales les conviene que estas sigan operando a cualquier costo.

En el caso de Bancrédito, se puede pensar en los deudores que recibían trato favorable, los empleados con buenos salarios y otros beneficios, los gerentes con poder discrecional y los políticos con influencia. Todos recibiendo beneficios de la operación del banco, a costa de todos los demás costarricenses.

A eso habría que sumarles otros políticos que, tal vez sin ningún interés particular, fueron incapaces de medir el costo social de no tomar la decisión correcta a tiempo. Esto pasa cuando se piensa que algo es de todos, pero resulta que no es nadie.

lmesalles@academiaca.or.cr