Está claro que el empleo adecuado de big data toma cada día más relevancia. La tecnología hace posible el uso de más información en menos tiempo, lo cual ayuda a conocer y entender mejor los gustos (likes) de las personas, quiénes son sus amigos, por dónde se mueven, cómo se comportan.
Con base en eso, los Gobiernos están en capacidad de emitir políticas públicas más eficaces, y las empresas pueden llegar con más facilidad a sus clientes, con productos innovadores. Sin embargo, así como se usan para bien, los macrodatos pueden prestarse para el mal. Al conocer detalladamente a los clientes potenciales, las compañías dirigen su publicidad de una manera muy precisa y, con ello, “forzarlos” a comprar sus productos.
Los Gobiernos pueden usar la información para “forzar” a las personas a votar por la continuidad del partido de turno. Es típico de regímenes autoritarios el uso de la información para controlar a la oposición. De ahí que sea fundamental garantizar el derecho a la intimidad de las personas. La información privada no debe ser compartida con terceros sin el consentimiento de cada uno. Facebook, por ejemplo, asegura que únicamente comparte datos de sus afiliados de forma anónima y con permiso.
Aun así, existe el riesgo de filtración. A Facebook se le acusa de no haber controlado bien su base de datos y haber permitido el uso indebido de información que influyó en el resultado de la última elección presidencial de EE. UU. Ahora bien, si a mí no me gusta cómo Facebook maneja la información, simplemente me salgo de la plataforma. No comparto nada para que no puedan usar, bien o mal, mi información. Pero cuando se trata del Gobierno, yo no puedo hacer eso. Estoy obligado, por diversas leyes, a entregar mi información. Y cada vez más.
Una vez pasado el polvorín político alrededor de la UPAD, el país debe abocarse a analizar, seriamente, el manejo de la información privada, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.
¿Es adecuado el manejo de la información confidencial y sensible de los ciudadanos? ¿Qué controles existen para evitar filtraciones? ¿Con quién puede compartirse esa información? Si la comparten, ¿es anónima y con el consentimiento de cada individuo? ¿Cómo se sientan las responsabilidades sobre quienes hagan mal uso de la información?
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El autor es economista.