Luis Mesalles. 30 noviembre, 2018

La tan esperada resolución de la Sala IV sobre la reforma fiscal ha traído alivio a la mayoría de los costarricenses. No porque la gente esté contenta de tener que pagar más impuestos, sino porque es un primer paso, necesario, para la solución del problema fiscal, que por tantos años nos ha agobiado.

Todavía falta la aprobación en segundo debate de la Asamblea. Con eso, Hacienda tendrá mayores posibilidades de captar los recursos que requiere para seguir funcionando. El gobierno aún no tiene la plata para pagar los aguinaldos de los empleados públicos, ni las letras del tesoro del Banco Central.

El gobierno debe estorbar menos a los emprendedores, de todo tamaño, que estén dispuestos a invertir en nuestro país

Luego, ya para el año entrante, la administración debe tomar acciones para completar la solución del problema fiscal. El enfoque debe ser la búsqueda de un mejor gobierno, en al menos cuatro áreas.

Debe mejorar, sustancialmente, en la forma como gasta los recursos disponibles. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que en Costa Rica el gobierno malgasta ¢1,5 billones al año, concentrados en deficiencias en remuneraciones, compras y transferencias. Es necesaria una ley de empleo público que racionalice los pluses y beneficios salariales, completar la digitalización de las compras y una racionalización de las transferencias a otras instituciones públicas.

En materia de infraestructura, debe mejorar la capacidad de gestión del gobierno. Recursos disponibles para completar tanto proyecto que se encuentra a medio palo, los hay. El problema es de ejecución.

El gobierno tiene mucho espacio para mejorar en lo que a recaudación de impuestos respecta. La informalidad, el contrabando, la subfacturación en aduanas y las prácticas de elusión hacen que la carga impositiva no se reparta en forma pareja entre todos los ciudadanos.

Finalmente, la administración de Carlos Alvarado debe enfocarse en mejorar el ambiente para hacer negocios en el país. La simplificación de trámites y la reducción de trabas son fundamentales. El gobierno debe estorbar menos a los emprendedores, de todo tamaño, que estén dispuestos a invertir en nuestro país.

Con esos cambios, no solo estaría ayudando a reactivar la economía, sino también a cambiar la mala opinión que tiene la gente sobre como el gobierno administra los impuestos que recibe. Así, la situación económica de Costa Rica podría dar un giro total y, con ello, encaminarse a una solución del problema fiscal sostenible a largo plazo.