Luis Mesalles. 14 septiembre

Coincido con algunos de los reclamos que hacen los sindicatos en su llamado a huelga, pero no concuerdo con su objetivo general.

A nadie le gusta la idea de tener que pagar más impuestos. De ahí que muchos estén indignados con la reforma fiscal. Sobre todo, si, además, se sabe que hay una parte de la población que no paga lo que le toca por ley, y otra que está exenta. Se estima que el contrabando, la evasión y la elusión suman cerca de 1,6 billones de colones al año, y las exoneraciones pueden ser otro tanto. Esa desigualdad en el pago de impuestos indigna a los que sí tributan.

El proyecto apenas reduce, pero mantiene los privilegios que los empleados públicos tienen por encima del resto de la población

La reforma propuesta por el gobierno se encamina, parcialmente, a reducir el trato desigual. Por ejemplo, el nuevo IVA elimina la exoneración que hoy gozan casi todos los servicios y muchos de los bienes. En impuesto de renta se eliminan las exoneraciones de las ganancias de capital, de los intereses financieros de las asociaciones solidaristas y cooperativas, así como los dividendos (“repartición de excedentes”) de estas últimas. Aún con eso, es claro que el proyecto de ley se queda corto. Mantiene algunas exenciones y tasas diferenciadas para diversos sectores, fuentes de ingresos o tipos de organización.

Aunque se han aprobado recientemente varias leyes que le dan más poder a Tributación para perseguir a los evasores y elusores, al gobierno le queda mucha tarea para mejorar la aplicación de esas leyes.

Aun con eso, es imposible pretender recuperar todos los impuestos que no se pagan. En parte, porque siempre habrá “vivillos” que no querrán pagar impuestos, dada la jugosa ganancia que obtienen de no hacerlo. Pero, además, la poca voluntad que existe por pagar impuestos se diluye cuando existe la sensación, como en el caso de Costa Rica, de que ese dinero está siendo muy mal utilizado.

Si bien la reforma fiscal propuesta contiene algunos elementos que ayudan a controlar el gasto del gobierno, también se queda corta. El proyecto apenas reduce, pero mantiene los privilegios que los empleados públicos tienen por encima del resto de la población, a través de las anualidades, la dedicación exclusiva, la prohibición, la cesantía, las pensiones de lujo y la inamovilidad de sus puestos.

Por eso no estoy de acuerdo con el llamado a huelga de los sindicatos. Su objetivo es traerse abajo la propuesta de reforma fiscal, no por justicia tributaria, sino para mantener sus privilegios.