Está claro que el plan de recorte de gastos propuesto por el gobierno, si bien va en la dirección correcta, es insuficiente para resolver el problema fiscal. La solución depende, además, de mejorar la recaudación de los impuestos existentes y de la promoción de un mayor crecimiento de la producción nacional. Pero también está sujeta a hacer ajustes más profundos por el lado del gasto.
Pongo dos temas que han surgido en los últimos días y sirven de ejemplo de reformas para ser planteadas. Uno, el de los bancos estatales.
En principio, suena extraño que el gobierno quiera regular los salarios de entes que no le afectan su déficit fiscal directamente. Pero, como acaba de suceder con Bancrédito, si un banco estatal afronta problemas financieros, las finanzas públicas se ven afectadas.
Por otro lado, se dice que el Banco Popular es público, no estatal, propiedad “de los trabajadores”. Tampoco es parte de las finanzas del Gobierno Central. Pero su patrimonio proviene de un impuesto al salario de los trabajadores.
¿Es necesario tener tres bancos públicos, financiados, directa o indirectamente, con impuestos de los costarricenses? ¿Podría venderse uno de ellos para reducir el nivel de deuda pública? ¿Es necesario seguir capitalizando al Banco Popular con impuestos al salario? ¿Podría eliminarse dicho gravamen y con ello aliviar parte de la alta carga impositiva que recae sobre los trabajadores formales?
El otro asunto es el de las pensiones. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, consciente del problema de tener que financiar pensiones de lujo con cargo al presupuesto, propone unificar todos los sistemas. La idea sería llegar a tener un solo régimen de pensiones obligatorio. Los beneficios serían parejos para todos los pensionados. El aporte del Gobierno debería ser igual para todos también. No como ahora, que el Gobierno aporta más, como patrono, por sus empleados cobijados bajo los regímenes del Poder Judicial y del Magisterio, que a los amparados por el régimen de la Caja.
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Si alguien quisiera tener una pensión más alta que la básica, podría aportar más, de forma voluntaria, para su propia pensión.
Se tendría, así, un sistema de pensiones más justo y menos oneroso para las finanzas públicas. En caso de no hacer la reforma pronto, y dado el envejecimiento de la población, el peso de las pensiones será, eventualmente, tan grande, que no habrá reforma tributaria que alcance.
lmesalles@ecoanalisis.org
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