Miguel Sobrado. 15 febrero

América Latina avanza en el tiempo del siglo XXI, estancada, sin embargo, en un sistema político patrimonialista que no augura un futuro de estabilidad y bienestar ni por la derecha ni por la izquierda. La esperanza de un desarrollo democrático y pacífico, con inversión en capital humano y sostenibilidad se estrella contra el manejo y manipulación patrimonialista de los grupos gobernantes.

En Brasil se encarceló, sin pruebas, acelerando los ritmos procedimentales, bajo presión de los sables militares, al expresidente Lula da Silva para que no fuera candidato a la presidencia y no derrotara ampliamente al racista de Jair Bolsonaro.

Mientras tanto se nos hace creer que la corrupción es un problema de personas y de la cultura local, y que la solución sale de un santo profeta que pone orden con una vara de guayabo

En Venezuela y Nicaragua se retorció burdamente la institucionalidad para mantener, a contrapelo de la voluntad de sus pueblos y de los principios republicanos, a los mismos grupos gobernantes en el usufructo del poder. Situación que ha debilitado a esas naciones hasta llevarlas a las crisis más profundas.

En Honduras y Paraguay se llevaron a cabo golpes de Estado por los militares para desalojar a las autoridades elegidas democráticamente, sin que tal acción fuera de interés de los organismos regionales o internacionales.

Más recientemente, en Honduras se celebraron elecciones oscuras que la misma OEA consideró necesario repetir, pero Donald Trump reconoció al gobierno y las protestas populares y la represión violenta en las calles fueron ignoradas por la “comunidad internacional”.

La población, desesperada por la violencia y la falta de oportunidades, emigra masivamente. En Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) de las Naciones Unidas, instalada de acuerdo con el gobierno, fue expulsada antes de finalizar su tarea, cuando sus acciones afectaron a los jerarcas del país.

En México, durante los últimos gobiernos de “guerra contra las drogas” han muerto cerca de 250.000 personas en acciones violentas y, continuamente, se encuentran cementerios clandestinos que incrementan el número de víctimas. En Colombia, la esperanza de una paz duradera después de medio siglo se ha venido diluyendo por los asesinatos cada vez más frecuentes de dirigentes que se desarmaron.

La raíz del mal. Detrás de todo este tétrico panorama se encuentra, en mayor o menor medida, la mano del narcotráfico, emergente con gran fuerza en la región. Se trata de una actividad económica ilegal, pero de gran fortaleza, iniciativa y creatividad, que se posiciona y reorganiza las relaciones con el poder político. A diferencia de las relaciones del poder económico tradicional, que surgían bajo el paraguas y al calor del poder político, el narco surge de un enfrentamiento con el poder político que le permite aprovechar las redes de corrupción para penetrar y posicionarse en las estructuras de poder locales, regionales y nacionales.

La debilidad e incapacidad del sistema patrimonalista, basado en clientelas políticas, para enfrentar el reto de la transformación necesaria es descrito de manera magistral, en el caso de México, por Denise Dresser en su más reciente libro Manifiesto mexicano: cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo, que con ajustes menores o mayores de acuerdo con cada país podría aplicarse a toda la región latinoamericana.

Se trata de un libro que evidencia las limitaciones del patrimonialismo para hacer las transformaciones necesarias en los Estados latinoamericanos de cara al futuro. De cómo se presentan programas de modernización esperanzadores, como el Pacto por México, anunciado por Enrique Peña Nieto, que logran consensos políticos formales, pero se hacen de tal manera para que las “reformas” se adapten al viejo orden y que en esencia nada cambie porque mantiene los privilegios y la impunidad en la jaula de dinosaurios.

Intereses fuertes. “La bestia del capitalismo de cómplices sobrevive gracias a la ausencia de agencias reguladoras –fuertes, independientes autónomas, que puedan contener a quienes han podido establecer ‘posiciones dominantes’ en un sector tras otro”. El privilegio sobrevive gracias a que los “intereses creados diseñan la política en vez de ser sometidos a sus directrices”.

El sistema patrimonialista tiene sus días contados en tanto que no parece percibir la importancia de la inversión en capital humano y social de cara al futuro, y la reforma educativa, la necesidad de seguridad y empleo, entre otros, no entra en sus prioridades por prejuicios de clase y etnia. Al mismo tiempo, los narcos se arraigan en las comunidades ofreciendo una paz corrupta, con seguridad e ingresos.

Mientras tanto se nos hace creer que la corrupción es un problema de personas y de la cultura local, y que la solución sale de un santo profeta que pone orden con una vara de guayabo. Pero como bien lo dice la autora: “La raíz de la corrupción no es cultural, sino institucional. No es de hábitos, sino de incentivos, no se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona (…). Un Estado depredador crea una sociedad depredadora. Un Estado que viola las leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés”.

En otras palabras: se requiere una serie de reformas estructurales que la autora menciona en su libro y que sería objeto de otro artículo, a lo que yo añadiría un control y rendición de cuentas descentralizados basados en una ciudadanía activa en la ejecución de las políticas públicas. Un Estado basado cada vez menos en la burocracia central y cada vez más en las innovaciones y experiencias de las comunidades organizadas. Un liderazgo continental, arraigado con visión y autonomía.

El autor es sociólogo.