Alberto Salom. 14 febrero

Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación el ataque que, principalmente desde mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de educación superior.

Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados como los representantes de los medios de prensa la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo, al editorial de La Nación del 14 de enero pasado.

1. El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las universidades con cargo al presupuesto nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas y serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.

El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que —según él— se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último presupuesto nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 constitucional.

Tampoco es cierto que los subsidios del FEES “beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media”

En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que “cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”. Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.

2. Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base, como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que, según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido “si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10 %, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:

a. Durante buena parte de la década de los 90, el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso, hubo un año, incluso, en el cual el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.

b. En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6 % al 8 %. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8 %) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente”. Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8 % del PIB para la educación en su conjunto.

c. Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1,5 % respecto al PIB, como parte del 8 % del presupuesto total del Gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8 %; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1,5 % respecto al PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8 %, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.

3. El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:

a. El freno del crecimiento del FEES en un 1,5 % del PIB impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y, por lo tanto, no se comerá “año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.

b. El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “es poco —o más bien, nada— lo que han hecho para evitarlos o moderarlos”. La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5,5 % al 3,75 %. El rector Marcelo Prieto, de la UTN, disminuyó de un 55 % a un 30 % del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejó el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores. Ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a ese beneficio.

c. Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto con la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA.

Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio causado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que tiene hoy entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60 % de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78 % de nuestros jóvenes en las zonas rurales.

En cambio, no es posible por la Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo de la universidad para, como lo pretende el editorial, “otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados”. Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga internamente. Sin embargo, los recursos de esa venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.

Tampoco es cierto que los subsidios del FEES “beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media”. La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyan la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.

Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.

El autor es rector de la Universidad Nacional.