Estudios del Programa Estado de la Nación e información oficial producida por autoridades competentes reportan, desde hace algunos años, las diferencias existentes en desarrollo social, ambiental y económico entre la región central del país y las comunidades localizadas fuera de ella, especialmente con las costas.
Como resultado de lo anterior, se afirma que es posible identificar dos Costa Ricas: una próspera e innovadora, capaz de demostrar al mundo que somos artífices de grandes logros, y otra anclada en el pasado y con menos oportunidades para que sus habitantes alcancen un desarrollo humano sostenible.
Esta comparación se enfoca en los niveles de desarrollo socioeconómico del país (en términos geográficos), pero si se efectúa un análisis similar con respecto a los avances y un estado de situación del ambiente (en temáticas específicas), es posible arribar a resultados parecidos: contamos con dos realidades ambientales sumamente disímiles y hasta contradictorias.
Así, quienes hemos facilitado las visitas de funcionarios de gobiernos o de la sociedad civil de otras naciones, frecuentemente presentamos los logros y las metas que ostentamos en algunos sectores ambientales, en los cuales, sin duda, estamos en posición de brindar lecciones y casos de estudio exitosos para ser compartidos.
Entre ellos se pueden citar, por ejemplo: la creación de un sistema de áreas protegidas y su administración por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que, pese a las dificultades más abajo señaladas, ha permitido que estas se conviertan en factores de desarrollo de las comunidades vecinas, y van mucho más allá de ser simples “ áreas de papel” presentes solo en la letra de leyes o decretos.
También hay iniciativas para promover el ecoturismo y el turismo rural comunitario asociados a un buen manejo de nuestra extraordinaria diversidad (un 4 %, aproximadamente, de la existente en el mundo, lo cual nos convierte en el más diverso por metro cuadrado); la operación de un esquema nacional de pago por servicios ambientales con fuentes de financiamiento estables y una experiencia de más de 20 años de administración, hecho clave para incrementar la cobertura forestal del país e incentivar el desarrollo rural.
Por otro lado, está la investigación en recursos genéticos y bioquímicos (bioprospección) y el marco legal que la regula (ganador de un premio otorgado por el Consejo del Futuro Mundial a la mejor política para poner en operación el Convenio sobre Biodiversidad en el año 2010); una matriz eléctrica limpia (hidroeléctrica, geotérmica y eólica) y las altas metas impuestas para avanzar hacia la descarbonización y carbono neutralidad del país; el acceso al agua potable por un porcentaje muy importante de la población; la formación de órganos especializados para atender y resolver denuncias por infracciones a la normativa, entre otros que pueden mencionarse. Muchos nos consideran, tomando prestada la frase de un amigo, un “laboratorio vivo” en estos y otros asuntos.
Contraste. No obstante, el desempeño nacional en otras áreas, no menos relevantes aunque no tan mediáticas, dista mucho de ser ejemplar y nos ubica entre la media, o poco más abajo, y difícilmente podremos pretender constituirnos en modelo para otros.
Esa otra Costa Rica se relaciona con el manejo de los residuos sólidos, incluidos el plástico y aquellos de carácter especial y peligroso; vertidos de aguas residuales a ríos, lagos y mares, por lo que contamos con algunos de los ríos más contaminados de la región; y carencias en el ordenamiento ambiental del territorio y en la adopción de planes reguladores, materia en la cual, paradójicamente, no pocas veces los obstáculos provienen del propio diseño y evolución del marco normativo e institucional que hemos generado.
También debe incluirse en esta lista el uso excesivo de químicos sintéticos (plaguicidas y fertilizantes), que nos ubica en los primeros lugares del mundo en empleo por hectárea para cultivos agrícolas; la errática política y las cambiantes decisiones en materia de conservación de recursos marinos, incluyendo los pesqueros; las crecientes afectaciones de humedales resultado de actividades productivas; el limitado financiamiento de las áreas protegidas y los débiles controles y protección ambiental ejercidos sobre acciones que afectan la biodiversidad fuera y dentro de estas áreas, como ha sido evidenciado por diversos votos de la Sala Constitucional, entre otros más.
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En estas temáticas, las altas metas y ambiciones que se predican para otros sectores (como la carbono neutralidad, sin duda mucho más atractiva para la agenda y promoción internacional del país) resultan más limitadas y tímidas, a pesar de que son igualmente relevantes para avanzar por la senda del desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas.
El nuevo gobierno tiene una excelente oportunidad para acortar estas diferencias y acercar la realidad ambiental de las dos Costa Ricas: la que podemos enseñar al mundo como ejemplo de innovación y toma de decisiones políticas acertadas y la atrasada, vinculada con modelos y patrones productivos insostenibles, de la cual poco o nada tenemos que mostrar y probablemente bastante que maquillar.
El autor es abogado.