Rubén Hernández Valle. 19 octubre

Los sindicatos no pueden cantar victoria, como lo hicieron luego de la votación de la Corte Plena, el martes pasado, pues la reforma fiscal todavía puede ser salvada.

La Sala Constitucional tiene la histórica misión de remediar el error cometido por sus compañeros y evitar que el país se vaya al despeñadero.

Jurídicamente, la Sala tiene dos caminos para resolver el problema: la primera opción, la más deseable y jurídicamente más sólida, consistiría en declarar que el proyecto 20.580 no tiene relación con “la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial” ni atenta contra la independencia judicial, y dictaminar que la consulta era innecesaria, por lo cual el acuerdo de la Corte Plena se constituye en una opinión más que no vincula a la Asamblea Legislativa. Esa sería la solución correcta. Sin embargo, me temo que, por respeto a sus compañeros, no se atreverá a tomarla.

La segunda, más viable desde el punto de vista político, pero, al mismo tiempo, también jurídicamente correcta, consistiría en que la Sala Constitucional dicte una sentencia interpretativa, indicando que el proyecto no requiere el voto afirmativo de al menos 38 votos, siempre que se eliminen de él las normas que “rozan la independencia judicial”.

La Sala Constitucional tiene la histórica misión de remediar el error cometido por sus compañeros y evitar que el país se vaya al despeñadero

De esa forma, el plenario, en aplicación del artículo 154 de su reglamento interno, puede enviar el proyecto por una sola vez a comisión para que se eliminen las normas que molestan a la Corte y el nuevo texto se someta a votación en primero y segundo debate.

En ambos casos, solo se requeriría la mayoría simple porque el concepto de la independencia del Poder Judicial que sustenta la Corte Plena quedaría incólume.

Otros magistrados. Dado que la independencia judicial está de moda, y con el fin de garantizar uno de sus contenidos esenciales y el más visible de todos, como es la imparcialidad de los jueces, sería conveniente que ninguno de los magistrados titulares de la Sala Constitucional ni de los suplentes que trabajan para el Poder Judicial resuelva la consulta.

Como solo hay tres magistrados suplentes que no son empleados del Poder Judicial, se podría aplicar la regla contenida en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual cuando los suplentes también tengan causales de inhibición, la Asamblea Legislativa, a petición del respectivo tribunal, nombra altos jueces ad hoc para resolver el caso concreto. Es decir, la Asamblea nombraría cuatro para resolver la consulta junto con los tres que no trabajan para el Poder Judicial.

De esa forma se daría un ejemplo al país de que los asuntos que interesan al Poder Judicial son resueltos por jueces totalmente imparciales. Asimismo, la ciudadanía podría recobrar, en parte, la confianza perdida en el otrora poder más respetado del Gobierno.

También sería bueno cerciorarse de que los magistrados de la Sala Constitucional que voten la consulta tengan en su poder una versión de la Constitución a la que no se le haya suprimido el último párrafo del artículo 156 y tengan también acceso al acta 147 de la Asamblea Constituyente.

Al fin y al cabo, no podemos dejar de ser nostálgicos y recordar los tiempos de Fernando Baudrit, Ulises Odio y Fernando Coto.

El autor es abogado constitucionalista.