Aparte de lo que es esencial, la cultura de sus ciudadanos, ¿qué es lo que de forma directa produce la riqueza de una nación? Es un conjunto de elementos que, como una mesa, se sostiene sobre cuatro pilares. Esos fundamentos son: las inversiones en infraestructura, en tecnología, en buena educación y, finalmente, la planificación y ejecución nacional de políticas productivas. Es hacia esos cuatro elementos donde, esencialmente, debe destinarse el grueso de los recursos tributarios.
Así, la raíz del problema tributario costarricense radica en el hecho de que la enorme mayoría de los recursos recaudados no se destinan con prioridad a esos cuatro aspectos que producen riqueza. Esto provoca la paradoja de que el Estado esté quebrado pese al hecho de soportar los costarricenses una de las cargas públicas más altas del mundo. Según el último informe realizado por el Banco Mundial para el año 2017, denominado Paying Taxes, los ciudadanos costarricenses tienen una carga impositiva superior al promedio de Europa, de Norteamérica y, en general, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Nuestra carga del 58 % solo la superan los franceses con el 62 %.
Nuestro sector público es un barril sin fondo y en crudo lo demuestran las estadísticas: sin contar el incremento previsto para el 2019, para pagar los intereses de la deuda se consume uno de cada tres colones que le entran al gobierno. Al extremo que, según hace poco confesaron nuestras autoridades de Hacienda, ya ese único rubro supera lo que se destina a aspectos como educación u obra pública. Y si bien es mejor destinar presupuesto en salarios que en intereses, la realidad es que las remuneraciones son otro aspecto que devora de manera desproporciona el presupuesto público.
Solo un dato emanado del último informe de la Contraloría de la República sobre presupuestos públicos, para demostrar el desequilibrio del gasto desproporcionado en este rubro: del monto que en el sector público se paga por conceptos salariales, un 41 % (¢5,8 millones de millones) corresponde solo a incentivos. Estos, de forma paradójica representan una magnitud incluso mayor que la de los mismos salarios ordinarios, los cuales equivalen al 37,1% de la totalidad de las partidas previstas para el rubro anual de remuneraciones.
Educación. Pero resulta que nuestra crisis no solo radica en lo anterior, o sea en el mal gasto, sino además en el hecho de que muchos de los recursos que se invierten en rubros que sí deberían generar riqueza, –como lo es el de la educación–, no están generando los réditos esperados, a pesar de la fuerte inyección de capital que hacemos en esto. Lo anterior lo afirmo sustentado en el último informe de la OCDE, quienes determinaron una situación decepcionante: pese al hecho de que Costa Rica invierte un mayor porcentaje de su presupuesto en el ítem educativo, en relación al que invierten los demás países desarrollados de la OCDE, tal inversión no se traduce en buena educación, pues nuestros estudiantes presentan muy bajos niveles en función de los estándares de competitividad internacional.
La organización diagnosticó lo anterior sustentándose en nuestro rendimiento país según lo evaluado por el sistema PISA, un programa mundial que mide el rendimiento escolar. Según la más reciente valoración internacional, nuestros estudiantes no solo mantuvieron su bajo nivel en la escala, sino que, en relación con las evaluaciones trasanteriores, retrocedimos en el rendimiento de materias esenciales para el desarrollo socioeconómico como la comprensión de lectura, las ciencias o la matemática.
Lo alarmante del asunto es que incluso las puntuaciones de nuestros estudiantes resultaron inferiores a las de países que, pese a invertir mucho menos en el rubro formativo, nos superaron. El informe cierra con una sentencia lapidaria: “la productividad apenas ha aumentado, las carencias de habilidades son aparentes y la desigualdad está aumentando (aquí la desigualdad es en relación con estudiantes de otros países); la inversión en educación requiere un enfoque definido en resultados más que en insumos y procesos”. Por demás está anotar que nuestro estado de crisis en materia educativa también fue reconocido por el Informe del Estado de la Nación del 2017. No solo se trata de un asunto de dinero.
Gaudí. Y en materia de infraestructura, el Estado costarricense ha resultado igual de estéril al utilizar los recursos tributarios. Hoy resulta evidente para la ciudadanía que es incapaz de ejecutar los grandes proyectos de obra pública. Los poquísimos proyectos de alto calado realizados en los últimos años, por ejemplo el nuevo puerto en el Caribe, la finalización de la ruta a Caldera, o la remodelación del Aeropuerto Internacional de Alajuela, son resultado de la concesión de obra pública. Allí se financia la obra mediante pagos diferenciados, directos y ajenos a los tributos ordinarios.
Así las cosas, el gran reto consiste en enderezar el rumbo del barco nacional, en función de los cuatro aspectos ya citados al inicio, o sea, aquellos en los que invertir los tributos produce reactivación económica. De esos elementos, sin duda, el más importante es la planificación y ejecución de políticas productivas.
La razón de ser de los tributos se enfoca en la obra y la política pública concreta. Para comprender de qué se trata esto último y para ilustrar el punto, me valgo de un principio espiritual: cuando en 1882 Gaudí iniciaba en Barcelona la Sagrada Familia, el caudal de recursos que ha permitido construirla llegó después y de manera gradual.
Antes que el dinero, primero fue un sueño inspirador. En cambio, el simple administrador político no se atreve a ejecutar si antes no tiene debidamente asegurados los recursos. Usualmente carece de ensoñaciones y, si las tiene, el dinero para él es más importante que el ideal. Por el contrario, el verdadero estadista entiende que los sueños y el ideal concebido preceden a los recursos. Para él, lo económico está subordinado al ideal, y emprendida la quimera, el capital llegará. Así Antoni Gaudí inició su monumental basílica de la Sagrada Familia, cuya obra, –más de cien años después–, aún se construye.
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Reputados testigos refieren que en su primera administración, don Pepe Figueres le preguntó a su ministro de Hacienda si había contemplado en el presupuesto la construcción de 50 escuelas. Cuando su ministro le contestó que por la crisis presupuestaria no era posible, se dice que don Pepe ordenó: pues si a esto se lo va a llevar carajo, ¡que sea por algo!, ¡haremos cien!
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