Columnistas

La oxigenación legislativa que falta

Cuesta entender qué pasa en una Costa Rica donde los operadores políticos están obligados a gobernar con excelencia unos y a exigir cuentas integrales, otros

Ofrecí, en un anterior artículo sobre la arquitectura constitucional diseñada para ser un país del primer mundo, cómo pasar a una praxis ingenieril y funcional prístina y eficaz.

No puedo, sin embargo, omitir las declaraciones del presidente, en La Nación del 5 de junio: “Los mandos medios a cada rato se atraviesan. Si ocupan puestos de confianza, hay que removerlos”, dijo.

Esta remoción es uno de los vicios que más nos alejan de los países europeos de la OCDE, donde los mandos sí son de carrera y sirven con esmero y experiencia a los gobernantes de turno, incluso para frenarlos cuando toman decisiones ilegítimas.

Aquí, las arbitrariedades abundan, aunque la Constitución y la Ley General de la Administración Pública (LGAP) establecen “el deber de obediencia”, y la ley contra la corrupción aporta reglas idóneas a favor de la probidad que, para variar, los jerarcas no exigen ni cumplen rigurosamente.

Además, el Estatuto de Servicio Civil de 1953 creó en los artículos 37, inciso j, y 4 (léalos para que no haya dudas) portillos a una altísima improbidad funcionaria.

Un presidente estadista debería empeñarse en eliminarlos, en vez de amenazar con utilizarlos, pues ello hará que esos mandos medios y miles de puestos técnicos y profesionales de carrera ya contaminados sigan siendo un festín de los partidos.

Téngase claro que la Constitución consagró la estructura hegemónica llamada Poder Ejecutivo, más otra instrumental de entes autónomos con el explícito propósito de llevar a feliz término, bajo la indiscutible dirección superior y unitaria del primero, los derechos del habitante.

Son estos los que han justificado la creación de todo ministerio y ente autónomo convergentes en el mismo ramo. Ergo, no haber logrado que funcionen como un reloj a lo largo y ancho del país es una flagrante omisión, pues incumplir las leyes a discreción, insisto, nunca ha sido una opción, sino un delito (art. 332 del Código Penal y los visionarios y sacrosantos 149 y 11 de la Constitución, ambos, también, festinados).

La Ley de Planificación Nacional (5525) de 1974 —si se entiende y el presidente y su ministro de Planificación la emplean correctamente— regula el eficaz desempeño de ministerios y entes autónomos con orden, unidad de miras, especialidad interinstitucional por sectores y regiones.

Habrá, por tanto, una alta racionalidad organizativa, probidad, motivación y mucha participación civil, o sea, una operación idónea.

¿Qué falta para bajar a tierra esta concepción constitucional y legal? Que los legisladores reconozcan que ellos son los llamados a hacerla cumplir, si ejercitan el tipo de control político y exigen cuentas integrales al gobierno como lo juraron el 1.° de mayo.

Entiéndase que un ministro tiene dos grandes potestades: una, como jerarca superior de su ministerio; y, con el presidente por la vía de decretos ejecutivos, como regulador de imperio según su cartera.

La otra es como director político de entes autónomos mediante directrices. Lo que cada poder ejecutivo no pueda regular por decreto puede hacerlo a través de una directriz.

Esta le permite ordenar la actividad de los entes fijando metas y tipos de medios, y destituir juntas directivas que incumplan injustificadamente, algo que, sin embargo, demanda transparencia y motivación legal para no propiciar embarazosos “incumplimientos justificados”.

El escenario político y jurídico que ni partidos políticos ni legisladores han logrado asimilar es que, por ejemplo, el CNP, el Inder, el Senara, el INTA y otras entidades del sector agropecuario, además del mismo MAG, no han resuelto los viejos pero vigentes problemas de reconversión productiva, seguridad alimentaria, distribución agraria, comercialización vigorosa de pequeños y medianos productores y, más recientemente, tantas falencias del PIMA del CNP.

Lo anterior constituye la mayor evidencia de que el sector como tal incumple lo que mandan la Ley Fodea (7064) de 1987, sus leyes constitutivas, la LGAP y la 5525.

La mayoría de los ministros de Agricultura no han dirigido ni planificado el sector con pleno apoyo de su oficina sectorial de planificación (Sepsa), ni de otros órganos contemplados en la Ley Fodea, en particular, y en decretos del Mideplán encaminados hacia una concertación continua en tiempo real con los presidentes ejecutivos y grupos de interés (productores, industriales, organizaciones sociales).

Y, menos, han emitido las directrices pertinentes para orientar tantas actividades de tantos entes con misiones convergentes ni han evaluado y aplicado los correctivos para enmendar en tiempo real los resultados obligados del conjunto.

Los legisladores (¿actuando como ministros sombra?) tampoco se han tomado la pequeña molestia de exigir cuentas sectoriales a ningún ministro.

No, al menos, con la misma pasión demostrada en el caso del aguacate, materia del MAG.

Por ello, los ministros y presidentes salen campantes a pesar de incumplimientos tan imperdonables, y sin que nunca se les exija ejercitar la resolución de conflictos de competencias entre ministerios y entes, o entre estos, según la LGAP.

Por otro lado, los legisladores jamás han ejercido el control político sobre la tómbola de presidentes ejecutivos nombrados ministros sin cartera, sabiendo que, como subordinados de sus juntas, nunca serán capaces de actuar como poder ejecutivo en ellas.

Además, la propia Ley 5507 les prohíbe ocupar “otros cargos públicos”, así como la Constitución a los ministros (art. 143).

El colmo del indebido control político es la ministra de Vivienda, rectora del sector, nombrada al mismo tiempo presidenta ejecutiva del INVU. Tampoco nadie objeta el doble atropello de los presidentes que pasan por decreto la potestad del jerarca de Trabajo, en lo tocante al combate de la pobreza, según la Ley 1860, a un presidente del IMAS con rango de ministro sin cartera.

Ningún ministro ha sido llamado como rector sectorial, aprovechando el inciso 24, del artículo 121 de la Constitución, y menos censurado una o dos veces por errores en perjuicio evidente de los intereses públicos. Tendría que renunciar o ser despedido por el presidente.

Aplicar la teoría constitucional de un país de primer mundo es fácil. Cuesta entender qué nos pasa en Costa Rica cuando los operadores políticos clave están obligados a gobernar con excelencia unos y a exigir cuentas integrales, otros.

Pero no lo hacen, y salen impunes. ¿Será que en el fondo los costarricenses creen que el régimen de derecho que todos juran cumplir es en realidad una sarta de leguleyadas dispensables?

jmeonos@ice.co.cr

Catedrático jubilado de la UCR.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.