La ley de alfabetización digital no aporta nada

El proyecto introduce problemas por falta de coordinación, choque de competencias, redundancia de proyectos y costos triplicados

El proyecto de ley 22206, que trata sobre la alfabetización digital, actualmente en la corriente legislativa, propone una serie de reformas a la Ley General de Telecomunicaciones del 2008 (8642) para crear el Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), el cual será financiado con fondos de Fonatel.

El propósito es laudable, cerrar la brecha digital, ya que la iniciativa facilitaría la inversión de recursos de Fonatel en infraestructura de telecomunicaciones (conectividad), servicio de conectividad (suscripción), equipamiento (hardware) y desarrollo de contenido didáctico (a cargo del MEP).

Los proyectos serían definidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La ley propuesta modifica varios artículos de la Ley 8642 para introducir explícitamente el término alfabetización digital como parte de las obligaciones de servicio universal que esta normativa puso en manos de la Sutel.

Propone tres objetivos principales: poner en operación un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos ejecutados; vigilar que los responsables de ejecutarlos usen las últimas tecnologías disponibles; y velar por el cumplimiento de los planes dentro del plazo establecido. Sin embargo, no precisa el cómo en nada de esto.

Cadena. En el fondo, el proyecto de ley 22206 pretende darle fuerza de ley al actual Programa Nacional de Alfabetización Digital del MEP, que es financiado con presupuesto propio de esa cartera y en el que también colabora la Fundación Omar Dengo a través del Programa Nacional de Informática Educativa.

El MEP tiene a cargo, además, el Proyecto de Tecnologías Digitales al Servicio de la Comunidad Educativa como instrumento de alfabetización digital.

Por otro lado, el Micitt tiene el Programa de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), que ha contribuido desde el 2006 al cierre de la brecha digital y que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).

El proyecto 22206 incorpora los CECI del Micitt al PNAD, lo cual está bien, pero no aporta nada nuevo en este sentido.

Como toda nueva iniciativa, el problema está en el financiamiento.

El artículo 33 del expediente 22206 obliga a Fonatel a financiar los proyectos que el MEP y el Micitt definan.

Para esto, determina un procedimiento para ejecutar los planes del PNAD, según el cual el MEP y el Micitt los definen, el MEP solicita entonces a la Sutel el traslado de los fondos de Fonatel para financiarlos, Fonatel debe entonces trasladar el dinero al MEP en un máximo de dos semanas y el MEP ejecuta los proyectos con esos recursos.

Esto hace que los fondos de Fonatel (provenientes de la contribución parafiscal que pagan los operadores de telecomunicaciones) sean cobrados por el Ministerio de Hacienda, trasladados a la Sutel (al fideicomiso de Fonatel), luego trasladados por la Sutel al MEP bajo solicitud y finalmente ejecutados por el MEP.

Redundancia. Esta danza de millones de dólares se repite para cada proyecto propuesto en el PNAD. Sería mejor trasladar completamente la administración de Fonatel al Micitt y evitar este trasiego de dinero a través de tres instituciones públicas.

La experiencia a lo largo de la última década nos demuestra que Fonatel debería estar en manos del Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, el proyecto de ley 22206 obliga al MEP y al Micitt a definir los mecanismos de ejecución de los recursos de los proyectos a su cargo. Fonatel se quedaría con el resto de los programas.

Lo anterior, sin embargo, no tiene sentido, pues introduce problemas por falta de coordinación, choque de competencias, redundancia de proyectos y costos triplicados.

Es más lógico trasladar completamente la administración de Fonatel al Micitt en vez de poner a tres instituciones distintas a hacer lo mismo.

Por esta razón, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) se ha pronunciado en contra del proyecto 22206, pues lo considera innecesario y hasta redundante con respecto a las obligaciones actualmente contenidas en la Ley 8642.

Es cierto que esta ley no define explícitamente la alfabetización digital, pero sí aborda el problema de la brecha digital.

La alfabetización digital es una forma de disminuir la brecha digital. Más allá de forzar a Fonatel a financiar los proyectos que el MEP y el Micitt propongan, este proyecto de ley, aunque loable, aporta poco a lo estipulado en la ley vigente y los programas ya existentes.

marcelo.jenkins.coronas@gmail.com

El autor es profesor en la Universidad de Costa Rica.