Federico Campos C.. 9 mayo

Dos hechos recientes encendieron las alarmas y la preocupación en quienes velamos por una sana democracia en la que la separación de poderes mediante una dialéctica de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes estatales, y en lo interno de estos, es esencial para la legitimación del Estado de derecho.

La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales para el desempeño legítimo del papel que desempeña el poder judicial en un sistema democrático. Hay muchas formas de atentar y transgredir la independencia judicial, pues sobran quienes añoran una administración de justicia débil y vulnerable a las influencias externas e internas.

Un sistema judicial conformado por jueces valientes, de altos principios éticos, bien preparados académicamente y dignamente remunerados son un bastión infranqueable en toda sociedad y una garantía de respeto al principio de legalidad, cuyo vértice más elevado sea la Constitución Política.

Nadie está por encima de la ley y es deber de los jueces defenderla, y solo quienes tienen claro que están revestidos de esa independencia van a resistir los azotes de los grupos de presión que pululan en procura de sus intereses y, en tiempos de pandemia, no ha sido la excepción.

Los jueces independientes, desde el más alto rango hasta el más bajo, no tienen bandera política, aunque hayan sido designados por diputados de determinadas agrupaciones partidarias ya que, una vez en el ejercicio del cargo, eso debe quedar de lado.

En Costa Rica. El Consejo Superior del Poder Judicial dispuso comunicar a los jueces una serie de «recomendaciones» para atender diferentes gestiones del Poder Ejecutivo relacionadas con la pandemia (Circular N.° 93-2021). El gremio de los jueces Sindijud reaccionó refutando ese estilo impositivo mediante una circular y cuya intención real fue, a mi juicio, darles una orden velada.

El Consejo Superior incurrió en una indebida injerencia en la independencia de los jueces, quienes —se parte de la premisa— conocen el derecho y no necesitan de este tipo de instrucciones para saber cómo deben proceder ante un eventual delito de «violación de medidas sanitarias» o acto similar.

No es descabellado pensar que la única razón de la circular era realmente influenciar e imponer como unívoca la interpretación legal que allí se indica con el fin de que los jueces la acataran, para cumplirse así con los presuntos acuerdos de colaboración entre autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo para el respeto de las disposiciones sanitarias por parte de los ciudadanos.

No hay duda del carácter imperativo de la circular que, mediante instrucciones genéricas, soslaya que cada caso es diferente y no se pueden aplicar reglas generales a casos que necesariamente deben analizarse individualmente y con criterios de valoración distintos. Los jueces no son máquinas, son seres humanos pensantes que interpretan la ley de acuerdo con las particularidades del caso concreto.

Aclaro que nadie está en contra de que se alinee a los ciudadanos que incumplan las órdenes sanitarias, pero hay un trecho muy extenso entre cumplir ese propósito y llegar al objetivo pasando por encima de los procedimientos que están establecidos como garantías en resguardo de derechos constitucionales de los ciudadanos; y, mucho menos, irrespetando la independencia judicial.

En El Salvador. Aunque algunos opinen que no es nuestro problema lo que sucede en otros países, sí puede serlo y, más aún, que en nuestro país se percibe claramente una tendencia de adeptos a Nayib Bukele y afines al populismo de derecha que este ha impuesto, sin que dichas personas distingan los daños que este estilo de gobierno inflige a la democracia en el hermano país centroamericano.

No sería nada raro que los seguidores de Bukele pretendan aquí una réplica del mismo paradigma de mandatario irreverente y dictatorial, razón de sobra para poner mucha atención a lo que ha acaecido últimamente en El Salvador.

En torno a la pandemia, entre otras, Bukele ha ordenado arbitrariamente detenciones por tiempo indefinido, decretos ejecutivos sin que cumplan los procedimientos de ley, prohibición de ingreso de ciudadanos al país y promueve compras directas que han enriquecido a sus partidarios, etcétera.

Precisamente la Sala Constitucional salvadoreña, en ejercicio de la independencia judicial, puso freno y contrapeso a la labor de Bukele cada vez que este tomó decisiones que lesionaron la carta magna; sin embargo, cuando se le invalidó algún acto administrativo reaccionó como un niño soberbio con evidente complejo mesiánico, haciendo gala de sus berrinches contra las decisiones de dicha cámara constitucional.

Como buen manipulador narcisista empezó a fraguar su venganza para destituir a los magistrados que se tomaron muy en serio la independencia judicial y cuya única falta fue defender la Constitución Política. Después de lograr su cometido, Bukele, inmediatamente, nombró a los sustitutos y, como era de prever, erigió el servilismo a favor de sus caprichos, eligió a un grupo de marionetas (algunos súbditos del mismo gobierno) que indudablemente serán manejados por él y quienes tenderán alfombra roja por sus ocurrencias. Su único horizonte es ejercer el autoritarismo a sus anchas, sin control de legalidad.

La pandemia evidenció diferentes tensiones entre el eficientismo y el garantismo, y pone a prueba el temple de los jueces frente al poder estatal y los poderes internos del mismo poder judicial, sea en Costa Rica, en El Salvador o, como también sucede, en otros países del orbe, sin que en ninguno se haya destituido a los altos jueces como lo impulsó dictatorialmente Bukele.

El populismo de derecha, al igual que el de izquierda, hace mucho daño a la sociedad y el control de constitucionalidad ejercido por jueces independientes es una garantía a favor de la democracia y de todos los ciudadanos centroamericanos.

El autor es abogado y profesor universitario.