EscucharNUEVA YORK – La plutocracia estadounidense ha declarado la guerra al desarrollo sostenible. Multimillonarios como Charles y David Koch (petróleo y gas), Robert Mercer (finanzas) y Sheldon Adelson (casinos) juegan a la política para su beneficio económico personal. Financian a políticos republicanos que se comprometen a rebajar sus impuestos, desregular sus industrias e ignorar las advertencias de las ciencias medioambientales, en especial de las ciencias climáticas.
Si se mide el avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, Estados Unidos se situó en el puesto 42 de 157 países, muy por debajo de casi todos los demás países de altos ingresos, en una reciente clasificación del Índice de ODS en cuya dirección participo, dejando perplejo al autor danés Bjorn Lomborg. ¿Cómo puede un país tan rico obtener un puntaje tan bajo? “Es popular y fácil atacar a Estados Unidos”, conjeturó.
Pero esto no se trata de criticar a Estados Unidos. El Índice de ODS se basa en datos comparables internacionalmente pertinentes a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 157 países. El verdadero punto es este: el desarrollo sostenible abarca la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, no solo la riqueza. Estados Unidos se ubica muy por detrás de otros países de altos ingresos porque su plutocracia le ha dado la espalda a la justicia social y la sostenibilidad ambiental durante muchos años.
Estados Unidos es ciertamente un país rico, pero el famoso aforismo de Lord Acton se aplica tanto a las naciones como a los individuos: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La plutocracia estadounidense ha ejercido tanto poder durante tanto tiempo, que actúa con impunidad frente a los débiles y el entorno natural.
Cuatro poderosos grupos de presión han imperado durante mucho tiempo: las grandes petroleras, la asistencia médica privada, el complejo militar-industrial y Wall Street. Actualmente estos intereses particulares se sienten especialmente fuertes con la administración de Donald Trump, colmada de miembros de grupos de presión corporativos además de los varios multimillonarios de derecha en el gobierno.
Si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible piden mitigar el cambio climático a través de la descarbonización (ODS 7, ODS 13), las compañías estadounidenses de combustibles fósiles se resisten enérgicamente. Trump anunció, por influencia de los grandes intereses petroleros y del carbón, su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París.
Las emisiones anuales per cápita de CO2 de Estados Unidos relacionadas con energía, de 16,4 toneladas, son las más altas del mundo para una economía grande. Por ejemplo, en Alemania son 9,2 toneladas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ahora en manos de miembros de grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, desmantela regulaciones medioambientales cada semana (aunque muchas de estas medidas están siendo impugnadas en los tribunales).
Los ODS también demandan una reducción de la desigualdad de ingresos (ODS 10). Esta ha aumentado mucho en Estados Unidos en los últimos 30 años: el coeficiente de Gini se sitúa en 41,1, el segundo más alto entre las economías de altos ingresos, justo detrás de Israel (en 42,8). Las iniciativas republicanas de recortes de impuestos incrementarían la desigualdad aún más. La tasa de pobreza relativa de Estados Unidos (hogares con menos de la mitad del ingreso medio) es del 17,5 %, también la segunda más alta en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuevamente detrás de Israel.
De la misma forma, aunque los ODS apuntan a empleos dignos para todos (ODS 8), los trabajadores estadounidenses son casi los únicos en la OCDE que no tienen garantizada la licencia por enfermedad retribuida, el permiso familiar ni los días de vacaciones. En consecuencia, más y más estadounidenses trabajan en condiciones miserables sin protección laboral. Alrededor de nueve millones de trabajadores estadounidenses están atrapados por debajo de la línea de pobreza.
Estados Unidos también sufre de una epidemia de malnutrición en manos de la poderosa industria estadounidense de comida rápida, que básicamente ha envenenado a la población con dietas llenas de grasas saturadas, azúcar, procesamiento insalubre y aditivos químicos. El resultado es una tasa de obesidad del 33,7 %, la más alta en la OCDE, con enormes consecuencias negativas en cuanto a enfermedades no contagiosas. La “esperanza de vida saludable” (años sin morbilidad) del país es de solo 69,1 años, frente a los 74,9 años de Japón y los 73,1 de Suiza.
Si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfatizan la paz (ODS 16), el complejo militar-industrial de Estados Unidos busca guerras abiertas (Afganistán, Irak, Siria, Yemen y Libia, por nombrar algunas de las actuales intervenciones del país) y ventas de armas a gran escala. En su reciente visita a Arabia Saudita, Trump firmó un acuerdo para vender más de 100.000 millones de dólares en armas a este país, alardeando de que significaría “empleos, empleos, empleos” en el sector estadounidense de defensa.
La plutocracia de Estados Unidos también contribuye a la violencia local. La tasa de homicidios del país asciende a 3,9 por 100.000, la mayor de la OCDE y varias veces superior a la europea (en Alemania es de 0,9 por 100.000). Cada mes hay tiroteos masivos como la masacre de Las Vegas. Pero el poder político del grupo de presión a favor de las armas, que se opone incluso a limitar las armas de asalto, ha bloqueado la adopción de medidas que mejorarían la seguridad pública.
Otro tipo de violencia es la encarcelación masiva. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: 716 reclusos por cada 100.000 personas, cerca de diez veces la de Noruega (71 por 100.000). Cabe destacar que el país ha privatizado parcialmente sus prisiones, creando una industria cuyo interés prioritario es maximizar el número de presos. El expresidente Barack Obama promulgó una directiva para eliminar gradualmente las cárceles federales privadas, pero la administración Trump la revocó.
Lomborg también se pregunta por qué Estados Unidos obtiene un bajo puntaje en “colaboración para el logro de los objetivos”, pese a que en el 2016 otorgó alrededor de 33.600 millones de dólares en ayuda oficial al desarrollo (AOD). La respuesta es fácil: con un ingreso nacional bruto de casi 19 billones de dólares, el gasto en AOD del país ascendió a solo un 0,18% de este, alrededor de una cuarta parte del objetivo mundial del 0,7% del PIB.
La baja clasificación que obtiene Estados Unidos en el Índice de ODS no es una crítica al país. Es más bien un triste y preocupante reflejo de la riqueza y el poder que ostentan los grupos de presión sobre los ciudadanos comunes en la política nacional. Recientemente contribuí a iniciar un intento de reenfocar la política estadounidense a escala estatal en torno al desarrollo sostenible, a través de un conjunto de Objetivos de Estados Unidos que los candidatos a legislaturas estatales están comenzando a adoptar. Confío en que un Estados Unidos posterior a Trump se vuelva a comprometer con los valores del bien común, tanto dentro del país como en calidad de socio global para el desarrollo sostenible.
Jeffrey D. Sachs,@ profesor de Desarrollo Sostenible y profesor de Políticas y Gestión de la Salud en la Universidad de Columbia, es director del Centro para el Desarrollo Sostenible de Columbia y de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. © Project Syndicate 1995–2017
