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La eficiencia de la administración pública debe ser garantizada

La evaluación del funcionariado es un mandato de la Constitución

En la pugna un tanto maniquea sobre el empleo público, cobró notoriedad la evaluación del desempeño del funcionariado. La conclusión no desmentida parece ser que, en rigor, la evaluación que se practica no es tal, sino mero episodio ritual, vacío de sustancia.

Supongo que los especialistas en administración pública son los entendidos en esta materia y a ellos, o a otros como ellos, corresponde suministrarnos ilustración técnica para que las personas del común pensemos y hablemos con propiedad. Sucede con esto como con tantas otras cosas: a menudo, carecemos de información comprensible y veraz y de medios suficientes y adecuados de acceso a la que existe sobre problemas y políticas públicas, lo que nos expone a opinar al buen tuntún, de manera visceral más que racional, cosa que empobrece el debate democrático y, en época de elecciones, permite a candidatos y candidatas salirse por la tangente o hablar de generalidades.

La evaluación del funcionariado es un mandato de la Constitución, basado en el principio democrático según el cual los funcionarios son simples depositarios de la autoridad, es decir, aquellos a quienes se confía lo que no les pertenece, pero les concierne porque atañe a la colectividad. En consecuencia, están sometidos al cumplimiento de los deberes que su condición y el ordenamiento les imponen, sin que les sea lícito extralimitarse.

De allí se sigue que el aparato del Estado ha de sujetarse a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de cada funcionario. El diseño de este instrumento está reservado a la ley, y por lo visto el que tenemos es marcadamente burocrático y jerárquico, sin que el juicio de los administrados tenga ductos habilitados para participar en el control, que, sin embargo, nos afecta directamente. En este sentido, la administración pública obra como un reducto que se protege a sí mismo.

La eficiencia de la administración ha de ser garantizada, y esto señala el norte al empleo público. En este contexto, el funcionario es un servidor de todos y cada uno de quienes con él se relacionan en virtud de la función que desempeña, y no le está permitido que por su culpa o negligencia se ocasione retardo u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados. Desviarse de esta pauta es fuente de corrupción.

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.