Ramesh Thakur. 29 enero, 2019

CAMBERRA – El 19 de noviembre, Carlos Ghosn, presidente del consejo y exdirector general de Nissan, fue arrestado en el aeropuerto Haneda de Tokio por sospechas de no informar todos sus ingresos y desviar fondos corporativos para fines personales; sigue en custodia. Menos de dos semanas más tarde, Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, fue detenida mientras estaba en tránsito en el aeropuerto de Vancouver, acusada por Estados Unidos de que Huawei había violado las sanciones estadounidenses contra Irán; liberada con fianza, espera ahora la audiencia de extradición.

Son dos casos que no tienen relación técnica entre sí. Pero ambos subrayan una verdad importante: en un mundo globalizado, los procesos legales nacionales pueden tener importantes repercusiones internacionales.

El arresto de Ghosn puso a juicio el sistema judicial japonés en el tribunal de la opinión pública mundial. De hecho, Japón carece de muchos de los elementos del debido proceso presentes en la jurisprudencia angloamericana, como el derecho a que haya presente un abogado durante los interrogatorios. Makoto Endo, un destacado abogado defensor penal japonés, lo expresó acertadamente: el sistema judicial penal de Japón funciona con el supuesto de que “el acusado es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Los gobiernos canadiense y japonés no han podido manejar con eficacia las ramificaciones reputacionales, económicas y geopolíticas de los casos Meng y Ghosn

Pero puede ser incluso peor que eso: su tasa de condenas de un 99 % (entre los imputados) implica que los fiscales y las cortes japonesas podrían estar coludidos, más que colaborando para hacer justicia. Por ejemplo, rara vez se rechazan las peticiones de los fiscales para ampliar la custodia (hasta de 23 días), y no se suelen otorgar fianzas. Muchos sospechosos liberados bajo fianza se vuelven a arrestar una y otra vez con nuevas acusaciones hasta que se logra una confesión.

Los problemas del sistema judicial japonés han estado en la vitrina mundial desde el arresto de Ghosn. El 8 de enero, utilizando una cláusula constitucional raramente invocada, hizo su primera aparición ante el tribunal, en la que rechazó todas las acusaciones como “sin mérito ni fundamento”. Ante eso, su impugnación de diez minutos pareció más plausible que el caso de la fiscalía contra él. Sin embargo, sigue encarcelado.

El modo como apareció en el juicio (esposado, con una cuerda alrededor de la cintura y con sandalias de plástico) agravó lo que ya se estaba tornando un desastre de relaciones públicas para Japón. Y, sin embargo, el 10 de enero los fiscales presentaron dos cargos adicionales contra él. Podría estar en la cárcel seis meses hasta que comience el juicio. El lado positivo es que el caso de Ghosn podría generar una muy necesaria reforma al sistema legal japonés para equilibrar mejor los intereses de los acusadores y los de los acusados. Pero eso solo puede ocurrir si resulta absuelto.

En lo referido al arresto de Meng, las implicaciones internacionales son más palpables: Canadá se ha vuelto un campo de batalla en la guerra comercial-tecnológica entre Estados Unidos y China. De hecho, el mismo presidente estadounidense Donald Trump politizó el caso al declarar que podría intervenir si eso ayudara a reparar las relaciones de su país con China. En otras palabras, hizo de Meng una pieza de negociación en el creciente conflicto bilateral.

Como observa Jeffrey D. Sachs, el arresto de altos directivos por irregularidades corporativas (a diferencia de delitos de tipo personal, como la malversación) no es muy común en Estados Unidos. Huawei es la mayor compañía tecnológica internacional de China, y ha surgido como líder mundial en tecnología de 5G. Tras darse cuenta de que está perdiendo su ventaja competitiva, Estados Unidos se está apresurando a recuperarla, usando su poder y prestigio financiero mundial.

Así, mientras el caso de Ghosn puso al descubierto lo que Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, ha llamado el “largamente ignorado sistema judicial de rehenes” de Japón, el arresto de Meng ha sido condenado por algunos como equivalente a un “secuestro” y una “toma de rehenes políticos”. No es de sorprender. Imaginen que China impusiera sanciones unilaterales a empresas que hicieran negocios con Taiwán y, a continuación, llamara al arresto de sus directivos en terceros países como Japón y Corea del Sur.

El caso de Meng plantea tres preguntas clave: ¿Deberían los pasillos de tránsito internacional en los aeropuertos funcionar como trampas legales para los viajeros? ¿Por qué Canadá ha dado una preeminencia legal a Estados Unidos por sobre las leyes canadienses, chinas e internacionales? ¿Por qué tendría China que tolerar el arresto unilateral en Canadá de uno de sus ciudadanos más importantes que no había violado ninguna ley canadiense, china o internacional?

Ciertamente, China no se ha tomado a la ligera el arresto de Meng. Al igual que Estados Unidos, no tiene ninguna aversión a hacer uso de su influencia diplomática, su poderío militar y su músculo financiero para proteger sus intereses. Las autoridades chinas ya han arrestado a dos canadienses como represalia y este mes se resentenció al canadiense Robert Lloyd Schellenberg a muerte por un delito de tráfico de drogas, después de haber recibido inicialmente una condena de 15 años de prisión.

Haciéndose eco de la postura del primer ministro Justin Trudeau sobre el arresto de Meng, la vocera del ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying (que había criticado el caso de Meng como “un abuso de los procedimientos judiciales”) rechazó el llamado de Canadá a tener clemencia con Schellenberg. Hua dijo que, por respeto al estado de derecho, el gobierno de China no interferiría en las diligencias judiciales.

La represalia de China contra los canadienses es tan injustificada como predecible. Después de todo, le es menos costoso y menos riesgoso apuntar a Canadá que a Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que China no esté dispuesta a desafiar a EE. UU., especialmente si esta potencia continúa impulsando su naciente estrategia de contención.

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China no está sola. Los países no occidentales no han apoyado a Canadá sobre el asunto Meng, lo que subraya un choque de culturas políticas más general. De hecho, un creciente número de países no democráticos, China entre ellos, han estado probando últimamente los estándares de comportamiento estatal creados, impuestos y arbitrados por Occidente.

Los gobiernos canadiense y japonés no han podido manejar con eficacia las ramificaciones reputacionales, económicas y geopolíticas de los casos Meng y Ghosn. Es improbable que sean los últimos de su tipo, dada la interconectividad del mundo actual. Para asegurar que no crezcan hasta convertirse en incidentes internacionales potencialmente desestabilizantes, será vital desarrollar una diplomacia creativa que se centre en encontrar un equilibrio adecuado entre valores legales e intereses geopolíticos.

Ramesh Thakur es profesor emérito de la Escuela Crawford de Políticas Públicas en la Universidad Nacional Australiana, y ex secretario general asistente de las Naciones Unidas. © Project Syndicate 1995–2019