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Algunos de los opositores detenidos: de izq. a dcha. arriba, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Sebastián Chamorro. Abajo: Dora María Téllez, Violeta Granera, José Pallais, José Adán Aguerri y Mario Arana. Crédito: fotocomposición Jeannette Marroquín.
La semana pasada una mayoría superior al 90 % de los eurodiputados —629 de 688— que representa a todas las corrientes políticas en el Parlamento Europeo, incluida la izquierda socialdemócrata, aprobó una resolución de condena contra la dictadura Ortega Murillo, que fue debatida este lunes por los cancilleres de los 27 Gobiernos de la Unión Europea.
La resolución solicita a los países europeos rastrear el dinero de la corrupción de la familia presidencial y de los operadores del régimen, y demanda la liberación de todos los presos políticos para despejar el camino hacia una reforma electoral.
De lo contrario, si en Nicaragua no hay elecciones libres el 7 de noviembre, si Ortega persiste en reelegirse sin competencia política y sin democracia, su Gobierno tampoco obtendrá un reconocimiento político y diplomático de los países europeos en el 2022.
Esta es la misma advertencia que ya han hecho la mayoría de los Gobiernos del continente americano que, en la Organización de los Estados Americanos, votaron en contra de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen, y demandan elecciones libres, transparentes y competitivas en Nicaragua.
Sin embargo, las elecciones del 7 de noviembre ya han sido liquidadas por el miedo de Ortega y Murillo a someterse a la voluntad popular, y su negativa a permitir una reforma que restituya la confianza de los votantes en el sistema electoral.
Las eleccciones nacieron muertas, desde el momento en que el régimen endureció el Estado policial que impide la libertad de reunión y movilización, aprobó cuatro leyes inhibitorias contra sus contendientes y secuestró a seis precandidatos presidenciales y a catorce líderes opositores para eliminar la competencia política.
De manera que el 7 de noviembre, en Nicaragua, habrá votaciones, con los candidatos y partidos permitidos por Ortega, pero no una elección en la que estaría en juego el poder para que la voluntad del soberano decida el rumbo del país.
Cinco años más de autoritarismo. Después del fracaso de los diálogos nacionales en mayo del 2018 y junio del 2019, en los que nunca aceptó negociar una reforma electoral, Ortega se anticipó a enterrar las elecciones de noviembre. Su objetivo es imponer al país cinco años más de dictadura por la fuerza, aunque para ello está lanzando a su propio Gobierno al abismo de la ilegitimidad nacional e internacional.
A estas alturas de la crisis política nacional, después de la masacre de abril del 2018 y tres años consecutivos de recesión económica, no existe ninguna duda de que la pareja presidencial está dispuesta a atornillarse en el poder a cualquier costo, incluida la destrucción económica y social del país. Pero la cúpula del Gobierno —los ministros y diputados, los generales del Ejército y la Policía, los magistrados de los poderes del Estado, los alcaldes y embajadores y los mismos empresarios sandinistas— deberían estar advertidos de que ellos también gobernarán sin legitimidad.
Los integrantes de la élite gubernamental deberían preguntarse ahora, no después del 7 de noviembre, cuáles son los Gobiernos del mundo que van a reconocer a la dictadura Ortega-Murillo en el 2022. Además de la Rusia de Putin y sus Gobiernos títeres en Osetia del Sur, Abjasia y Crimea; aparte de Irán, Corea del Norte y Taiwán, y los aliados ideológicos de Ortega en América Latina: Venezuela, Cuba, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, ¿cuáles son los Gobiernos que le otorgarán alguna legitimidad a la reelección del dictador?
La deriva totalitaria de Ortega y Murillo y la violación de convenios internacionales suscritos por el Estado conducen a la autoexclusión del régimen de los principales organismos internacionales, incluidos los organismos multilaterales y regionales de crédito, con efectos devastadores para la estabilidad de su propio Gobierno.
Acto de complicidad. Eso es lo que deben sopesar, no Ortega y Murillo, sino sus ministros y magistrados, sus generales y empresarios, que están incurriendo en acto deliberado de complicidad al someterse a la ambición de una dictadura familiar que puede prolongar la agonía del régimen por un tiempo, pero no resolver su crisis terminal.
El futuro de Nicaragua a partir del 2022 está marcado por la inviabilidad de un Gobierno paria, sin legitimidad internacional. Un régimen político que solo puede ser más represivo, sin libertades ni democracia, y que más temprano que tarde terminará descarrilando la economía, provocando más migración y agravando la crisis regional.
Descabezada la oposición política y la sociedad civil, cuyos líderes se encuentran encarcelados, es imperativo que se escuchen las voces del liderazgo del sector privado —los grandes empresarios y los gremios empresariales— y de los obispos de la Iglesia católica. Sin elecciones libres el 7 de noviembre, con cinco años más de dictadura, ¿cuál es su diagnóstico sobre el futuro de Nicaragua en el 2022?
¿Aceptarían la oferta de Ortega de un diálogo nacional después de su reelección, sin competencia política, para reconstruir el esquema de Gobierno anterior al 2018, ahora bajo una dictadura señalada por crímenes de lesa humanidad en la impunidad?
Si la propuesta de Ortega está descartada, el país entero, y sobre todo la cúpula gobernante, necesita escuchar alto y claro que no hay otra salida que una transición democrática.
Es hora de unidad nacional con el concurso de los servidores públicos —civiles y militares— y con el respaldo de la comunidad internacional para acortar el camino de sufrimiento del pueblo nicaragüense, y empezar con nuevas elecciones democráticas, sin Ortega y Murillo, la reconstrucción nacional.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
