Tatiana Benavides Santos. 12 enero

Las políticas anticorrupción en los sistemas democráticos presentan una paradoja: la aplicación está, de alguna manera, vinculada al compromiso de las élites a favorecer o respetar el curso de esas iniciativas.

El problema es que el apoyo —o resistencia— de las élites depende de qué tanto esas medidas son percibidas como una amenaza a sus intereses. Esa es la conclusión a la que han llegado Wale Adebanwi y Ebenezer Obadare al analizar las guerras anticorrupción en Nigeria. De acuerdo con los investigadores, en contextos democráticos, las amenazas más graves contra las campañas anticorrupción emanan, con frecuencia, de una combinación del rencor de las élites y la intriga política.

Es de esperar que en algún momento esas élites tiendan a resistir, cuestionar o bloquear los procesos mencionados con el fin de garantizar su sobrevivencia política. Es aquí donde la independencia y la solidez de las instituciones del Estado, así como la supervisión y el monitoreo de la ciudadanía, son factores fundamentales para promover el avance en la lucha contra la impunidad.

El debilitamiento del Estado de derecho podría generar un contexto altamente volátil e incierto de cara a las elecciones presidenciales del mes de junio

A la luz de esta reacción de las élites por su sobrevivencia política es que analizaremos el caso de Guatemala, donde se ha puesto en evidencia la amenaza representada por las acciones del gobierno de Jimmy Morales y sus aliados contra el progreso de las políticas anticorrupción y, en particular, para la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).

Guatemala se encuentra sumida en una crisis institucional que erosiona su Estado de derecho y sus esfuerzos anticorrupción de más de una década, a raíz de los intentos del presidente por desconocer el mandato de la Cicig y desacatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad respecto al funcionamiento de la Comisión y el desempeño de sus integrantes.

De no encontrarse una solución, la crisis tendrá serias implicaciones no solo domésticas, sino también internacionales, debido al ejemplo que constituye la Cicig para otros esfuerzos contra la impunidad en América Latina y el mundo.

El experimento de la Cicig. La Cicig representa el primer esquema híbrido nacional-internacional surgido a raíz de un proceso de paz que aborda desafíos relacionados con la gobernanza, la impunidad y las redes criminales. Hace más de una década, mediante un tratado internacional, el gobierno de Guatemala acordó junto con las Naciones Unidas conformarla para poner fin a las redes legales e ilegales que imposibilitaban el funcionamiento de la justicia en el país.

El modelo híbrido de la Cicig, el cual complementa la labor de selección e investigación de los casos por parte de los funcionarios internacionales con el trabajo de los fiscales y Cortes nacionales, ofrece la ventaja de fortalecer, pero no sustituir, la legitimidad de las instituciones nacionales.

En 11 años, la Comisión ha sido capaz de exponer múltiples hechos de corrupción cometidos por aproximadamente 680 personas, incluidos policías, jueces, empresarios, expresidentes y otros funcionarios.

La Comisión señaló en noviembre que, gracias a su labor, hasta el momento se han ganado 310 casos y descubierto 60 redes criminales. Uno de los resultados más visibles de la Cicig fue la investigación y el arresto de cerca de 200 personas, entre ellas el presidente Otto Pérez y su vicepresidenta, vinculados a un fraude de miles de millones de dólares.

La furia de las élites. La labor de la Cicig se complicó cuando sus acciones se orientaron a investigar directamente al mismo presidente Morales, por irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral en la elección del 2015, y a varios miembros de su familia.

Tras la solicitud efectuada por el Ministerio Publico y la Cicig, el mes de octubre pasado, para despojar al mandatario de su inmunidad, Morales inició una serie de prácticas que han atentado contra el trabajo de la Comisión, como impedir la entrada al país de sus funcionarios internacionales a pesar de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, retener ilegalmente a uno de sus miembros en el aeropuerto por más de 30 horas y dictar el Acuerdo n.° 2 del 2019 con el cual ha pretendido dar por concluido, unilateralmente, el mandato de la Cicig, utilizando el razonamiento de que esta viola la soberanía guatemalteca, así como los derechos humanos y el debido proceso de los individuos investigados.

Según varios juristas guatemaltecos, el acuerdo presidencial violenta los artículos 1, 44, 46, 140, 149, 175, 182 de la Constitución, así como el artículo 56 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.

En el marco de esta crisis, debe destacarse la labor de contrapeso de la Corte de Constitucionalidad, así como de grupos de la sociedad civil que, comprometidos en la lucha contra la impunidad en Guatemala, han salido a defender los esfuerzos de la Cicig y han mostrado con ello que el país posee una reserva moral dispuesta a defender su Estado de derecho.

En particular, las resoluciones de la Corte de Constitucional para proteger a los funcionarios de la Comisión y de suspender la decisión del gobierno de terminar unilateralmente el mandato de la Comisión, han sido una muestra de esperanza en esta crisis. Sin embargo, es difícil saber si ese contrapeso institucional y moral será suficiente para enfrentar las acciones disruptivas del Ejecutivo.

Las implicaciones. El enojo de la élite gobernante y sus aliados ha generado un enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad. El desacato del Ejecutivo a las resoluciones de la Corte con respecto a la continuidad del funcionamiento de la Cicig ha comprometido la supremacía constitucional y constituido una ruptura del orden institucional.

La crisis se agrava ahora con los intentos por remover a algunos de los magistrados constitucionales, a través de la solicitud de antejuicio elaborada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en contra de tres de ellos, la cual deberá ser analizada en el Congreso, donde el oficialismo y sus aliados pretenden detener las investigaciones y proteger sus intereses.

El debilitamiento del Estado de derecho podría generar un contexto altamente volátil e incierto de cara a las elecciones presidenciales del mes de junio, agudizado también por la amplia polarización política y social generada.

La situación económica del país se vería afectada, también. De hecho, la calificadora de riesgo Moody’s ha visto ya de forma negativa las acciones contra la Cicig y podría generar preocupación en los inversores internacionales. Pero los efectos de la crisis, asimismo, tendrían eco en otros países de la región (o fuera de ella) que están a la expectativa de la labor y el impacto del experimento internacional-local de la Cicig.

Cabe preguntarse si los esfuerzos por debilitar la Cicig legitimarán o normalizarán las acciones contra el trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, o incluso las investigaciones relacionadas con Odebrecht en otros países de América Latina, sobre todo, al observar la falta de censura de países como Estados Unidos (mayor contribuyente a la lucha anticorrupción en Guatemala) a las acciones del gobierno de Morales.

La autora es politóloga.