Por: Armando Mayorga 27 noviembre, 2014

La muerte de Tamir Rice, en Cleveland, Ohio, ha creado conmoción por la gran confusión que sufrió un policía al dispararle a este niño que lo enfrentó con la réplica de una pistola semiautomática que lanzaba balas plásticas. Esto es una tragedia para la familia de Tamir, pero también para la del policía que, de seguro, hoy sufre la muerte de un inocente.

No es la primera vez que un arma de juguete es la causante de la muerte de un niño, pero ni los padres dejan de comprarlas, ni los gobernantes toman acciones. El 22 de octubre del año pasado, en Sonoma, California, otro niño de 13 años, Andy López, murió en plena calle cuando el policía Erick Gelhaus le pidió poner en el suelo el “arma” con la cual caminaba por la calle.

Gelhaus declaró que siempre creyó que era un fusil automático real y que, cuando el niño se negó a atender su orden, temió por su seguridad y le disparó. La AK 47 era un juguete.

Costa Rica no escapa a la polémica por las réplicas de armas. Aquí también son un problema. Por ejemplo, el 30% de los asaltos “a mano armada” se cometen con estos juguetes, como lo dio a conocer en enero del 2013 una resolución del Juzgado Penal de San José.

El juez, incluso, fue enfático sobre la amenaza que significan estas “armas”: “El uso de juguetes, réplicas de armas de fuego, es un riesgo que fomenta la agresión, el bullying y hasta la delincuencia juvenil. Las consecuencias del uso de estos juguetes son graves”.

Esto llevó al gobierno de Laura Chinchilla a promover una reforma a la Ley de Armas y Explosivos para prohibir estos juguetes y castigar con cárcel (de seis meses a tres años) a quienes los usen en sitios públicos o los distribuyan.

Quizás la propuesta es extrema, pero, con casos como los de Tamir y Andy, en EE. UU., y el mismo hecho de que los delincuentes también atacan con ellas, se hace necesario que los diputados tomen acciones para proteger a ciudadanos más vulnerables.

No es una locura. Brasil, un gigante en armas reales, prohibió este año la venta de las de juguete en el Distrito Federal. El objetivo: promover un cambio cultural en la infancia y sacar de circulación réplicas usadas para cometer delitos.

Costa Rica podría seguir este ejemplo, pero, antes, los primeros que deben aplicarlo en casa son los mismos padres.

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