Columnistas

Juez y parte

La mejor protección para el trabajador es que el patrono esté en la formalidad, pague cargas sociales y cumpla las leyes

Un proyecto de ley pretende «fortalecer» al Ministerio de Trabajo al permitir a los inspectores imponer sanciones de hasta ¢10,6 millones sin más instancia que el mismo Ministerio, convirtiéndolo en juez y parte.

Si bien creo en la inspección laboral, especialmente porque estudios señalan cómo el cumplimiento de salarios mínimos podría disminuir significativamente la pobreza, no puede ser solo en sede administrativa y hacer a un lado el debido proceso y el derecho de recurrir a los tribunales de justicia.

El Poder Judicial opera como contrapeso a las actuaciones de otros poderes de la República, en este caso, del Ministerio de Trabajo, y lo hace como instancia independiente e imparcial que valora esas actuaciones en varias instancias, para garantizar justicia a todas las partes interesadas.

El proyecto abre una peligrosa instancia de poder, que, como acertadamente señaló la abogada laboralista Paola Gutiérrez, es materia muy compleja y delicada, dadas la multiplicidad de categorías y clasificaciones del sistema, lo cual puede inducir a error a la inspección y exponer al patrono al pago de millonarias sanciones que luego resulten improcedentes.

Aparte del fondo, la coyuntura actual torna inconveniente la iniciativa, pues vivimos momentos de altísimo desempleo y miles de personas en la informalidad. La mejor protección para el trabajador es que el patrono esté en la formalidad, pague cargas sociales y cumpla la legislación. Por ello, la creación de mayores trabas por el Estado, dando poderes imperiales a los inspectores, levantará un obstáculo y empujará a muchas micro, pequeñas y medianas empresas a continuar en la informalidad, lo que poco ayudará luego de la pandemia.

Si producir ya es difícil, lo será más a causa del aumento en la energía, materias primas y transporte, entre otros. Para mejorar el bienestar, el país requiere una fuerte reactivación económica, única fuente de generación de empleos de buena calidad, por lo que la disminución de trabas y trámites debería ser el norte, no proyectos como el citado, cuyos efectos podrían originar todo lo contrario. Defendamos a los trabajadores, pero de manera estratégica, no mediante un Estado policial.

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga.

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