Hace mucho no caíamos en un estado tan profundo de cuestionamientos y estupefacción. El “cementazo” se convirtió en una trama de odio, intriga, oportunismo político, alta carga mediática e incalculable daño para la administración por presuntas transgresiones legales y morales. Hasta el PAC considera a Víctor Hugo más “Zapata” que “Morales”.
Para quienes no somos ingenieros, la interrogación es si hay algo malo en el cemento chino. Según las influyentes cementeras nacionales, tras 45 días pierde algo de efectividad. No lo sé. Como economista, sí sé que es usual vender bienes de menor calidad y bajo precio para satisfacer distintas necesidades de los consumidores. Por eso, no me pareció mal que el MEIC tratara de romper el duopolio y defendiera apasionadamente la libre competencia. Pero no era una pasión sincera. Nunca liberó el arroz, azúcar ni otros bienes; rechazó la Cuenca del Pacífico y dio la espalda a Uber. ¡Gran decepción!
El trámite para liberar el cemento fue expedito, pero nebuloso, ligado a siglas entrelazadas: MEIC, DIS, CNE, bancos y Sinocem. Destrabar prohibiciones ha sido un reto descomunal, pero esta vez se pulsó con demasiada celeridad. Dejó sombras en su proceder. Lograr un módico préstamo siempre es difícil, pero no si al banco le crecen patas. Vi una razonable aclaración contable sobre Coopelesca de cómo el valor en libros puede diferir del costo de reposición o de mercado, pero no un recuento satisfactorio del crédito a Sinocem. ¿Se podrá recuperar? ¿Podremos seguir importando cemento de China u otros lares para acariciar la competencia? Guardar silencio evoca el aforismo jurídico de Ulpiano, célebre jurista romano: el que calla, otorga.
Sinocem prosperó en el 2015, pero su emporio se forjó hace siete años, en tiempos del PLN. Nunca saltó (ni se buscó) la liebre. ¿Hubo el mismo celo periodístico? El gobierno actual debe saber que ahora están tras sus pasos. Los medios no serán complacientes. Algunos tienen su propia agenda y ejercerán todo su poder para desacreditarlo. Tendrá que andar con pies de plomo. Si anduvo en malos pasos, habrá de desandarlos y encarar las consecuencias. Pero me opongo firmemente a una condena mediática con fines políticos espurios. Lo correcto es analizar los hechos, valorar minuciosamente la prueba, dejar que entes competentes –Sugef, Contraloría, Fiscalía, OIJ– escarben, como dentistas, hasta la raíz, pero que sean los tribunales de justicia los que dicten la última palabra.