Budapest, la capital de Hungría, es una hermosa y vivaz ciudad. Su arquitectura está llena de historia y sus diversas avenidas sugieren música y cultura además de una economía que intenta superar los moldes añejos. No obstante, resulta imposible desconocer su historia bajo el nazismo ni su triste acontecer bajo las botas del Kremlin.
Tras la partida de las últimas tropas rusas, Hungría ingresó a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en el 2004. Elecciones generales en el 2010 marcaron la victoria del Partido Fidesz, de centroderecha, que prevalece hasta ahora como agrupación mayoritaria. También desde esos años el problema general de los refugiados tomó creciente jerarquía en materia electoral.
El líder de Fidesz y primer ministro húngaro, Víktor Orban, quien suele preciarse de su excelente olfato político, olió sangre en lo de las migraciones y en este capítulo ha dirigido los más groseros vituperios contra sus adversarios. No contento con eso, su gobierno revivió reglas tajantes que establecen como ley penal para abogados y activistas que asistan a los migrantes a obtener asilo. Esta conducta conformaría la ofensa criminal de facilitar la inmigración ilegal.
El Parlamento conoció informes de presiones indebidas de Orban y su régimen contra tribunales y funcionarios del sistema electoral, así como de una extensa corrupción en el Gobierno. Por ello, también tras el voto, el Parlamento Europeo expresó sus preocupaciones en torno “al sistema constitucional, la protección de la privacidad de datos, la libertad de expresión y fe religiosa, la libertad académica, la libertad de asociación, la igualdad de derechos particularmente para refugiados y minorías como los roma y los judíos”.
Orban, por su parte, habló ante el Parlamento en defensa de su gobierno, expresó que “las amenazas de censura constituyen una forma de extorsión y un insulto para Hungría.”
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Con posterioridad al evento, la jurista responsable del informe sobre el gobierno húngaro declaró que “ el gobierno de Orban ha liderado la acusación contra los valores europeos silenciando a la prensa independiente, reemplazando a jueces críticos del gobierno y manteniendo amordazado al campo académico. Por su parte, individuos cercanos al gobierno se han enriquecido así como sus parientes gracias a la hacienda pública”. Nada de esto es nuevo, pero sirve de recordatorio de que la obligación fiscalizadora del público es un deber universal.
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