EscucharDesde octubre del 2016, la economía costarricense viene desacelerándose. El 2017 terminará con un crecimiento entre el 3,3% y el 3,6% una vez se publiquen los datos. En el 2017, mantuvimos tarifas no competitivas de corriente eléctrica y carencia de recursos humanos bien calificados, lo cual afectó la inversión. La deuda pública del Gobierno Central creció más del 7 %, y se ubicó en el 50,1 % del PIB. Este incremento se produjo por la falta de medidas correctivas en el gasto público y conseguir mayores ingresos fiscales el año pasado.
Dicho escenario obligó al gobierno a buscar $1.500 millones y miles de millones de colones en el mercado interno. La presión del gobierno por nuevos ingresos generó más intereses, al igual que menores recursos para el sector privado. Realidad financiera que se agravó por el aumento de intereses de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
En cuanto a la inversión en infraestructura, no se concretaron los proyectos diseñados por falta de planificación y trámites burocráticos crecientes y asfixiantes, a pesar de contar con recursos externos.
Como en años anteriores, seguimos atrapados en interminables presas que cada día significarán mayores horas hombre perdidas, altos costos en salud y logística.
No avanzamos en el ordenamiento del transporte público y planificación urbana. Tampoco logramos acuerdos políticos para una agenda del país por falta de liderazgo del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa dejó proyectos fundamentales pendientes de discutir y aprobar. Los problemas de corrupción afectaron la confianza de los costarricenses y de nuestro marco institucional.
Con un tipo de cambio sobrevaluado por el Banco Central (BCCR), se perdieron $650 millones en divisas, lo cual obligó a un endeudamiento a corto plazo por $1.000 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas.
2018. El presupuesto nacional para el 2018 superará el 26 % del PIB y se financiará en un 44 % con mayor deuda. El endeudamiento del Gobierno superará el 53 % del PIB y el apremio fiscal aumentará, por lo que el próximo presidente y su equipo se verán obligados a invocar el “estado de necesidad” para atender los destinos específicos que consumen el 84 % de los ingresos corrientes.
Por el lado de los ingresos se prevé una desaceleración en los principales rubros tributarios como son los impuestos de venta, renta, importación de carros, combustibles, derechos arancelarios, combustibles y selectivos de consumo. La carga tributaria se mantendrá en un 13,3 % y el nuevo gobierno deberá esforzarse por concentrarse en buscar nuevos recursos y reducir los gastos.
Las transferencias del Gobierno se presupuestaron para este año en ¢3,3 billones, pero deberán ser renegociadas ante la nueva realidad fiscal. Es irracional seguir transfiriendo recursos crecientes sin exigir resultados, prioridades y austeridad a las universidades públicas, al Ministerio de Educación (MEP), a la Corte Suprema de Justicia y a otras instituciones. También es irracional mantener pensiones de privilegio.
Nadie está forzado a lo imposible en una situación de caja tan complicada como la que tenemos en la Hacienda pública.
En cuanto a remuneraciones, el presupuesto del 2018 es de ¢2,6 billones con un incremento superior al 7 %. Este aumento debe limitarse a la inflación, lo mismo para los empleados de las empresas privadas, que son el 80 % de los trabajadores del país. Tampoco podemos seguir generando las grandes diferencias existentes entre los empleados públicos y los privados.
Contrario a un buen modelo de desarrollo, por muchos años hemos reducido la inversión generadora de mayor competitividad y empleo para continuar con la actual fiesta de gastos y privilegios. Es preocupante que, a pesar de invertir más de ¢4,6 billones en gastos sociales, la pobreza no disminuya sostenidamente. La calidad y pertinencia de la educación tampoco mejoran. No hay transparencia ni análisis sobre los costos de cada graduado en las universidades públicas, la educación primaria y la secundaria.
El nuevo gobierno. Está muy claro que el actual gobierno no tiene ni el músculo, ni el tiempo, ni la voluntad para hacer los cambios fiscales y estructurales urgentes. Está reprogramando los pagos y a nadie parece preocuparle el futuro inmediato.
El Ministerio de Hacienda busca, desesperadamente, cómo captar nuevos recursos en el mercado bursátil y por medio de ventanilla. Todos los partidos políticos están claros en que el país enfrenta una situación fiscal difícil, pero no hay propuestas valientes para atacar el problema desde sus raíces.
El déficit primario proyectado para este año es un 3,2 % del PIB y un déficit financiero superior al 6,9 % del PIB. El problema es demasiado complejo para posponerlo. Debemos buscar una solución política antes de que sea demasiado tarde.
Esperemos que el próximo gobierno tenga el liderazgo y la claridad para actuar ante esta grave situación. Mejorar la situación fiscal solo con mejor recaudación y un crecimiento de la economía no es viable en vista de la urgencia de correcciones del gasto y de nuevos ingresos.
El costo del ajuste bancario. En los últimos cinco meses, las noticias sobre los cuerpos directivos y gerenciales de los bancos estatales son objeto de serios cuestionamientos sobre la gobernanza, capacidad, independencia, transparencia y vulnerabilidad.
El cierre del Banco Crédito (Bancrédito) es el final de una muerte anunciada hace seis meses, que obligó a una intervención tardía del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), después de que el gobierno presentó un proyecto de transformación inviable.
Desde que el Ejecutivo decidió sacar al banco de la intervención financiera, la morosidad se aceleró, se perdió el 38 % del patrimonio y, por tanto, aumentaron aceleradamente los riesgos de liquidez. El cierre de Bancrédito le costara al Gobierno más de ¢100.000 millones, gasto que aumentará el déficit fiscal de este año.
El Banco de Costa Rica (BCR) resultó seriamente afectado en su patrimonio y su credibilidad. El Ministerio Público mantiene en prisión preventiva a seis representantes de la gerencia del BCR, se les imputa el delito de peculado por el caso del cemento chino. Los nuevos directores del BCR tienen la importante labor de buscar cómo garantizar el patrimonio y devolverles la confianza a sus clientes.
La banca pública pertenece a todos los costarricenses y, por tanto, los beneficios y las pérdidas también. Si un banco pierde dinero y necesita capitalizarse, por el aval estatal, los recursos deben venir del presupuesto nacional.
El BCR debió efectuar una reserva de ¢10.000 millones por el crédito otorgado a Sinocem, cuya capacidad de pago fue cuestionada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En los casos del Banco Anglo, BCR y Bancrédito, el mal manejo del gobierno corporativo nos obliga a una nueva norma o ley para exigir a la Sugef y al Conassif la aprobación de la elección y la fiscalización del desempeño de directores o gerentes bancarios. Esta será una de las tareas primordiales del próximo gobierno y la Asamblea Legislativa. La confianza en la solidez de un banco es la clave para lograr un sistema financiero estable.
Año crítico. Este 2018 será un año crítico para la economía y el mejoramiento social de Costa Rica. Los problemas de corrupción recientes, la desconfianza en los políticos, la impunidad y los grandes privilegios en el sector público causan gran malestar nacional.
Estamos en una grave coyuntura política, donde unos candidatos se presentan como los salvadores únicos con respuestas sencillas a los problemas de seguridad, fiscalidad, infraestructura y gobernabilidad. Pero lo cierto es que no hay un compromiso claro del cómo y el cuándo, dentro de la realidad política actual y el orden institucional.
Si seguimos haciendo más de lo mismo en el 2018, no creceremos y seguiremos atrapados por una maraña de leyes, reglamentos y una estructura de Estado que no cumple las exigencias de un mundo más competitivo y solidario.
El reto es buscar acuerdos nacionales y un gran equipo para ponerlos en práctica. Valoremos muy bien por quién vamos a votar. Ya no hay mucho espacio para “patear la bola”.
El autor es ingeniero.
